Cronología del ‘tasazo’ judicial

Pagar 168 euros por divorciarse si no hay acuerdo. 500 por recurrir a un despido. Y si se quiere llegar hasta el Supremo, 1.200. Estas son algunas de las etiquetas de precio fijo que tiene que costearse un español desde la aprobación de la nueva ley de tasas, una medida que ha soliviantado a la justicia en todos sus estamentos y que supuso otro hachazo a la gratuidad de los derechos fundamentales del ciudadano y la sociedad del bienestar. El 20 de noviembre de 2013 el tasazo judicial cumplió su primer año y estos han sido los focos principales de la controversia que ha generado.

» 26 de octubre de 2012 — El PP impone un trámite de urgencia para aprobar la ley de tasas judiciales en el Congreso de los Diputados con la oposición del resto de fuerzas políticas. Todos los sectores judiciales —incluyendo el Consejo General del Poder Judicial, órgano que ejerce el gobierno de jueces y fiscales— rechazan la medida. La ley obliga a pagar a personas físicas y personas jurídicas una tasa fija dependiendo del litigio y otra variable del 0,5% sobre el valor de lo reclamado hasta un máximo de 10.000 euros. Un ejemplo práctico: por una multa de tráfico de 100 euros, el ciudadano que quiera recurrir tiene que pagar el doble en tasas, 200.

»  31 de octubre de 2012 — El PP aprueba la ley de tasas ante un Parlamento desierto. Los diputados de todas las fuerzas políticas, excepto el PP, abandonan el Congreso cuando el presidente de la Comisión de Justicia, el popular Alfredo Prada, llama a la votación de la ley.

» 9 de noviembre de 2012 — La justicia gallega es la primera en manifestarse contra el tasazo. Más de 2.000 profesionales salen a la calle en diversas ciudades de la autonomía para protestar contra la ley.

» 23 de noviembre de 2012 —  El Poder Judicial critica duramente el tasazo. En su informe, apunta que la reforma legislativa solo obedece a "motivos de oportunidad política y económica”.

» 1 de diciembre de 2012 — Metroscopia publica una encuesta a la ciudadanía sobre la ley de tasas. El 62% cree que la nueva normativa crea una brecha social de ricos y pobres en la justicia. Y ocho de cada 10 ven necesario recurrirla al Constitucional.

» 5 de diciembre de 2012 — Nace la Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos, compuesta por el Consejo General de la Abogacía, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos UGT, CC OO, USO y CSIF. Su comunicado destaca que la plataforma "se opone a la implantación de las tasas, ya que imponen graves obstáculos para que los ciudadanos puedan recurrir en una instancia superior pronunciamientos judiciales desfavorables en una primera instancia".

» 13 de diciembre de 2012 — Un juez de Benidorm (Alicante), Carlos Antonio Vegas, se niega a aplicar las tasas por entender que la medida es "contraria al derecho de la Unión Europea".

» 30 de diciembre de 2012 — El Colegio de Abogados de Ourense es el primero en recurrir la ley de tasas ante la Audiencia Nacional. Demandan la suspensión de la medida con carácter urgente.

» 20 de febrero de 2013 —  Más de 2.000 jueces y fiscales secundan la huelga en toda España contra las tasas judiciales. Solo dos asociaciones de funcionarios de la justicia no apoyaron la huelga:  Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales, las mayoritarias y conservadoras. 

» 22 de febrero de 2013 — El Consejo de Ministros aprueba una reforma al tasazo, mediante un decreto-ley, que reduce las tasas variables en un 80% y las elimina para divorcios y desahuciados. Las empresas, independientemente de su situación económica, no se benefician de la modificación.

» 12 de marzo de 2013 — El Tribunal Constitucional (TC) acepta a trámite los recursos contra las tasas presentados por el PSOE, la Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía.

» 9 de mayo de 2013 — Un informe del Colegio de Abogados de Barcelona revela que el 70% de sus clientes ha renunciado a la justicia por las tasas.

» 6 de septiembre de 2013— La Audiencia Nacional presenta una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC contra la ley de tasas por entender que puede vulnerar el derecho de tutela, es decir, el de recurrir a la Administración de Justicia para defender sus intereses.

» 24 de septiembre de 2013— El TC acepta también los recursos de los Gobiernos de Canarias y Aragón, este último gobernado por el PP con la presidencia de Luisa Fernanda Rudi.