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TRIBUNA
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Bien hecho, Airbnb

Las multinacionales deberían poner fin a toda relación con los asentamientos y dejar de beneficiarse de la ocupación

Una señal indica el acceso a un alojamiento turístico de Airbnb en Cisjordania.
Una señal indica el acceso a un alojamiento turístico de Airbnb en Cisjordania.MENAHEM KAHANA (AFP)

La decisión de Airbnb de eliminar de su oferta los alojamientos ofrecidos por colonos en los territorios ocupados es una decisión positiva y apropiada. De hecho, lo único que hay que preguntarse es por qué no se tomó antes y por qué otras empresas multinacionales siguen beneficiándose de los asentamientos.

Es importante destacar que Airbnb no está haciendo el boicoteo a Israel. Todo lo contrario: su nueva política establece una distinción entre Israel y los territorios palestinos ocupados por Israel. Al mismo tiempo que la empresa elimina las viviendas situadas en asentamientos ilegales, promueve Tel Aviv como una de las 23 ciudades más recomendables para visitar de todo el mundo. Además, al hacer la distinción entre los miles de viviendas en alquiler dentro de Israel propiamente dicho y los menos de 200 alojamientos que ofrecen los colonos en los territorios ocupados, Airbnb facilita a los turistas bienintencionados la visita al país sin que tenga que preocuparles si están durmiendo en una tierra robada a los palestinos.

La distinción entre Israel y los territorios ocupados es la única forma de conseguir que se haga realidad la solución de dos Estados

Al principio, desde luego, Airbnb no tuvo en cuenta la diferencia entre el Estado soberano de Israel y los territorios palestinos ocupados según las fronteras de 1967, una distinción que constituye la base de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada hace casi dos años con el respaldo de 14 de sus 15 Estados miembros. Ni siquiera Estados Unidos vetó la resolución, todavía con Barack Obama en la presidencia. El texto aprobado por el Consejo reiteró el tradicional consenso de la comunidad internacional sobre los asentamientos, declaró que son ilegales y condenó todas las medidas destinadas a cambiar la composición, el carácter y la situación de los territorios palestinos que Israel ocupó en 1967.

Es más, esta diferenciación básica forma parte de la propia política de Israel, incluso con el Gobierno más de extrema derecha que hemos tenido jamás. Hace solo un año, el Gobierno israelí aprobó un acuerdo económico con la Unión Europea, el Instrumento Europeo de Vecindad y Cooperación Transfronteriza en el Mediterráneo (ENI CBC Med, en sus siglas en inglés). Este proyecto subvenciona con decenas de millones de euros programas transfronterizos, pero excluye los asentamientos y prohíbe que su presupuesto se utilice en proyectos para zonas que no correspondan a las fronteras de 1967.

Además, en 2013, el Gobierno de Benjamín Netanyahu se adhirió al programa Horizonte 2020, un acuerdo que asocia a Israel con el fondo de investigación e innovación para la cooperación científica más importante de la Unión Europea. Las entidades y los proyectos de los asentamientos no pueden recibir dinero de este programa, que establece la misma distinción entre el Estado de Israel y los territorios ocupados que ahora ha aplicado Airbnb.

Todo esto no ha impedido que el Gobierno de Netanyahu protestara contra la empresa de alquiler de alojamientos, ni que tomara varias medidas desafortunadas para castigarla. El ministro de Turismo, Yariv Levin, se apresuró a anunciar que había dado órdenes para que se restringieran de inmediato las actividades de Airbnb en Israel, e incluso declaró que el Ministerio iba a poner en marcha un programa especial para fomentar las pernoctaciones en los asentamientos. El ministro de Asuntos Estratégicos, Gilad Erdan, llegó a calificar la decisión de Airbnb de “racista”, y animó a emprender acciones legales contra la empresa. Esta reacción tan hostil ante la decisión de Airbnb no es más que otra muestra del cinismo de Erdan, que pretende desviar la atención del hecho de que la ocupación israelí sí es racista y discriminatoria.

Soy israelí, amo mi país y me inquieta su deterioro democrático y moral; por eso me niego a alinearme con unas políticas que favorecen al Estado de Israel en detrimento de una población a la que se priva de sus derechos fundamentales. Si queremos que tanto los israelíes como los palestinos puedan tener un futuro justo y seguro, las compañías multinacionales deberían poner fin a toda relación económica con los asentamientos y dejar de beneficiarse de la ocupación. En particular, Booking.com, competidor de Airbnb, debería seguir los pasos de esta última, como pidió Human Rights Watch en un informe reciente, y no ceder ante las amenazas y el chantaje del Gobierno israelí.

La distinción entre Israel y los asentamientos es la única forma de conseguir que se haga realidad la solución de dos Estados y que sea posible el establecimiento de un Estado palestino independiente y viable junto al Estado de Israel.

Mossi Raz es miembro de la Knesset (Parlamento) israelí por el partido Meretz.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

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