La Guardia Civil acusa al ex ‘número dos’ de Montoro por facturas falsas que suman 2,6 millones

La Guardia Civil acusa al ex secretario de Estado de Hacienda y exalcalde de Jaén José Enrique Fernández de Moya de presunto blanqueo, malversación, falsedad documental y prevaricación al haber supuestamente autorizado 116 facturas falsas que provocaron un fraude de 2,6 millones entre 2012 y 2014, durante su etapa como regidor de la ciudad andaluza. El Instituto armado sitúa al número dos del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en la cúspide de una operativa para permitir que seis empresas de construcción facturaran supuestamente con precios inflados obras de reparación de calles al Ayuntamiento jiennense.

Los investigadores plasmaron sus conclusiones en un atestado entregado el pasado 29 de junio al Juzgado de Instrucción 2 de Jaén, en una pieza separada del caso Matinsreg, por el que Fernández de Moya será juzgado en la Audiencia de Jaén junto a dos concejales y dos técnicos municipales. El interventor de este Ayuntamiento andaluz presentó 47 reparos sobre estas facturas sospechosas por contratos fraccionados, pero Fernández de Moya utilizó su potestad como alcalde para sortearlos “de manera sistemática”, según ha avanzado la Cadena Ser. “En los reparos impuestos sobre facturas falsas que carecen de los requisitos mínimos para conformarse como una adjudicación legal, el alcalde los levanta alegando un informe previo del técnico municipal Agustín Sánchez (…) El alcalde incluye como justificación en sus levantamientos informes emitidos por un técnico municipal que no tiene competencias en la adjudicación de ningún tipo de contratos”, destacan los investigadores.

Tras autorizar las facturas sospechosas, el alcalde se personó ante notario junto a varios empresarios y actuó en nombre del Ayuntamiento para firmar una cláusula adicional a las pólizas de endoso de facturas, según destacan en su atestado los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Jaén.

Para los investigadores, “los sistemas de fiscalización del Ayuntamiento de Jaén —a excepción de la intervención y la tesorería― no funcionaron correctamente en cuanto a la adjudicación, supervisión de los trabajos y la facturación” de trabajos. En los peores años de la crisis tras los recortes ―entre 2012 y 2014―, los precios inflados supusieron un sobrecoste de 2,6 millones para el Ayuntamiento de Jaén, cuya deuda se elevó hasta los 460 millones, en el pelotón de cabeza de los municipios más endeudados de España.

“Las facturas no se ajustaban a los precios de mercado”, subraya la investigación, que concluye que las obras de reparación las llevaron a cabo dos operarios, y no cuatro como se facturó siempre al Ayuntamiento, según las declaraciones de tres testigos interrogados. “Muchos de los conceptos facturados son falsos, bien por no haber sido utilizados, o por estar incluidos en otro concepto y por tanto facturados por duplicado”, remachan los agentes. Y concluyen: “La facturación de los trabajos realizados de ninguna manera fue realizada ni por el personal ―en cuanto al número― que facturan las diferentes empresas investigadas, cantidad y precio de materiales, maquinaria utilizada, ni al tiempo de ejecución de los trabajos, con la clara finalidad de aumentar el precio de las facturas en porcentajes que superan con creces cualquier beneficio industrial admisible, con la determinación de enriquecer a costa del Ayuntamiento de Jaén a las empresas implicadas”.

El informe de la Guardia Civil remitido al Juzgado forma parte de una pieza separada del denominado caso Matinsreg, que investiga pagos inflados a la empresa responsable del mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad. El juzgado acordó hace un año la apertura de juicio oral contra Fernández de Moya y contra ocho personas, entre ellas los concejales Miguel Ángel García y Manuel del Moral, y ahora la Audiencia de Jaén está a la espera de señalar la fecha del juicio.