“Esto es una invasión”: el racismo que se dice democrático

“¡No a la inmigración ilegal!”, grita por la megafonía un hombre con sombrero vaquero. “Esto es una verdadera invasión”, asegura Soledad Caballero, ama de casa que se ha envuelto en una bandera española para asistir a la manifestación convocada por la Plataforma Vecinal de Arguineguín. “A 50 metros de donde vivo han metido a 296 inmigrantes. No digo que sean ellos, pero últimamente ha habido robos”.

Arguineguín, en el municipio turístico de Mogán, en el suroeste de Gran Canaria, tiene 2.500 habitantes. Desde finales de agosto se ha convertido en el epicentro involuntario de la migración: en su puerto se han llegado a hacinar más de 1.300 personas. La situación enfrenta a las Administraciones canarias con el Gobierno central y enfada a la población.

Es sábado y unas 1.100 personas, según el Ayuntamiento, se manifiestan contra esta situación. Las consignas piden la dimisión del Gobierno de Pedro Sánchez. Hay voces que piden ayudar a los inmigrantes, pero se escuchan más palabras enfurecidas como “ilegales”, “invasores” o “parásitos” y algunos ya clásicos “yo no soy racista, pero...”.

“No tengo nada en contra de los inmigrantes, pero si no hay para nosotros, cómo va a haber para ellos”, afirma Verónica, dependienta en paro. La alcaldesa, Onalia Bueno, reprueba los comentarios xenófobos e incluso los afea a algunos participantes en la manifestación. “Todo lo que no sea la lucha por los derechos humanos no tiene cabida en este Consistorio”, advierte más tarde a través de la megafonía.

Este mismo malestar vecinal se reproduce en El Lasso, barrio de Las Palmas de Gran Canaria. Ahí, el Gobierno quiere acondicionar un colegio clausurado para sumarlo a la red de acogida. “¿Lo cerraron porque no reunía los requisitos y ahora van a meter a los morenos?”, sostiene Jerónimo, de 59 años, chatarrero. “Si no estaba para unos no debería estar para otros”.

Las cifras de la llegada

Este año han llegado a Canarias unos 12.000 migrantes africanos, la mayor cifra desde la llamada crisis de los cayucos en 2006, lo que ha alimentado la desconfianza y el miedo. ¿Y la xenofobia? “Indudablemente”, reconoce el presidente autonómico Ángel Víctor Torres, que responsabiliza de la crispación contra los extranjeros a los discursos contra la inmigración que se escuchan en el Congreso.

La incertidumbre y la amenaza sanitaria y económica provocada por el coronavirus se han mezclado con la mala gestión de las llegadas. “Existen elementos preocupantes”, sostiene Daniel Buraschi, miembro de la Red de Acción e Investigación Social (RAIS) y coautor del libro Racismo y antirracismo comprender para transformar. Uno de ellos es el llamado racismo democrático. “Excluye a las personas migrantes apelando a valores democráticos, de manera que la violación de sus derechos sea justificable”, explica. “Por ejemplo, se habla de amenaza sanitaria y se justifican medidas radicales basándose un pseudoprincipio de justicia, con argumentos como los inmigrantes reciben demasiado o el Gobierno nos ha abandonado, pero a ellos los pone en un hotel”: se moviliza el resentimiento a partir de principios legítimos como el derecho a la salud o la preocupación por la economía.

La dificultad aquí es el problema de llamar racista a quien sostiene esta posición. “Lo único que lograríamos es aumentar su resentimiento porque no se ve como tal y siente que no reconocemos su indignación. Y este resentimiento puede convertirse un agente movilizador”.

La consecuencia más palpable de este racismo democrático es la deshumanización del migrante, en la que profundizan las instituciones con prácticas como la de separar a los niños de sus madres al llegar, advierte Buraschi. Permite, además, excluir a ciertas personas del grupo de los que consideramos dignos de tener derechos. “Se construye una frontera moral y la persona se transforma en cuerpo violable”, explica. “Es por eso por lo que hay que trabajar para reconvertirlos en sujetos políticos”.

Banderas y política

Las banderas españolas llenan la manifestación en Arguineguín. La lleva en su mascarilla David, de 40 años, que mira desconfiadamente y duda si responder a las preguntas. “Antes quiero saber si eres de izquierdas”, admite este votante declarado de Vox.

Esta formación trata de capitalizar este descontento respecto a la migración. Su diputado por Las Palmas, Alberto Rodríguez Almeida, es, de hecho, uno de los pocos políticos presentes en la manifestación. Este día, su discurso se centra en la falta de control y la poca adecuación del muelle. “La inacción de este Gobierno ha hecho de que este fenómeno se haya desbordado”.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, teme que “la ultraderecha” se aproveche de la situación y admite que “ha faltado pedagogía” para evitarlo. Está de acuerdo Nasara Cabrera Abu, doctora en Sociología y directora general de Asuntos Económicos con África. “Existe un discurso de ultraderecha que ha abierto un nuevo escenario que legitima este tipo de actuaciones y de discurso, menos políticamente correctos”, sostiene. “Tiene que haber estrategias para trabajar estos valores de integración: soy partidaria de introducir la gestión de la diversidad como parte de la política pública”.

Ya es de noche en una calle peatonal cercana al Parque Santa Catalina, zona de Las Palmas de Gran Canaria en la que hace décadas proliferaron las tiendas hindúes de electrónica al abrigo de los puertos francos. El Bazar Karani sostiene el negocio en parte gracias al envío de remesas de africanos. Detrás del mostrador está su dueño, un hindú de mediana edad que lleva muchos años en la isla y que prefiere no revelar su nombre. Cuando termina de atender a dos veinteañeros de origen gambiano, no duda: “Hay que controlar este fenómeno”.

Con información de María Martín.