El coste de los menores extranjeros, otra vez en la diana

El arranque de la campaña electoral en Madrid ha vuelto a empujar a los menores extranjeros al centro de la diana. El anuncio de Vox en el que sugiere falsamente que una señora mayor recibe 426 euros de pensión mientras que un menor extranjero se embolsa 4.700 euros al mes ha provocado una marejada política y mediática que ha llegado a la Fiscalía y a la Junta Electoral.

El coste de la atención a los menores extranjeros es un tema recurrente en los discursos de la extrema derecha, que aboga además por cerrar los centros que los acogen, como si con ello los menores desapareciesen por arte de magia. El debate nunca se centra en cómo gestionar los recursos para que los adolescentes lleguen a la mayoría de edad con una mínima formación y con sus papeles en regla, como marca la ley, para evitar que cuando cumplen 18 años estén condenados a la exclusión. No se conocen las propuestas de Vox para mejorar un modelo de atención que arrastra deficiencias hace años o para que algunas comunidades autónomas, como Andalucía o Canarias, no soporten en solitario la acogida de un número desproporcionado de menores en comparación con otras.

La solución de Vox para todos los desafíos que supone la acogida de los menores extranjeros pasa siempre por la expulsión. La legislación española no recoge la expulsión de menores extranjeros, aunque sí su posible retorno al país de origen para una reagrupación familiar. En Francia y también en España, la fórmula ha fracasado estrepitosamente. Los retornos de menores ―y de adultos― extranjeros no dependen del país receptor, sino de la voluntad del país de origen, que suele ser, en general, escasa. Las leyes nacionales e internacionales, además, protegen los intereses y el bienestar de los niños y la repatriación acaba siendo el último recurso; en España, es totalmente anecdótica desde hace años.

Según los únicos datos oficiales del Ministerio del Interior, en España el pasado mes de diciembre había 9.030 menores extranjeros no acompañados. Andalucía, Cataluña y Canarias acogen el 61% de ellos. Madrid era en aquel momento, con 356 menores ―ahora acoge 296―, la octava región con más menores extranjeros en sus centros. El rigor de este registro, sin embargo, ya ha sido cuestionado por el Defensor del Pueblo y diversas organizaciones que han señalado duplicidades, por lo que el número total podría ser menor.

Aunque en su mayoría estos niños y adolescentes se han subido solos a una patera para buscar el sustento económico de su familia, hay un perfil muy variado que incluye menores que huyen de países en conflicto, violencia familiar, exclusión social o abusos. Los últimos datos del Observatorio de la Infancia, con cifras de abril de 2020, revelan que el 66% de los menores extranjeros proceden de Marruecos, mientras que el resto viene, sobre todo, de Guinea (7,3%), Malí (3,9%) y Argelia (3,8%). La media de edad se acerca a los 17 años, pero, como se ha visto recientemente en Canarias, a las costas españolas llegan también niños muy pequeños sin acompañante.

Los datos económicos que suelen manejarse para atacar a este colectivo son siempre inexactos: las comunidades autónomas que los tutelan, excepto en alguna partida excepcional, no diferencian el coste que les supone un menor extranjero o español. Los dos perfiles están acogidos en el mismo sistema de protección a la infancia y las partidas presupuestarias van destinadas a la red en su conjunto. En 2019, de los 23.209 niños acogidos en centros u otros recursos residenciales, el 59,5% eran extranjeros (migrantes no acompañados o procedentes de familias desestructuradas residentes en España), según el último informe del Ministerio de Derechos Sociales. Hasta 2018, coincidiendo con una importante llegada de menores migrantes a las costas andaluzas, los españoles siempre fueron mayoría.

Las comunidades autónomas, en general, se muestran reticentes a ofrecer datos sobre el coste de los menores que tutelan. Las cifras, insisten, varían mucho en función de los centros o lugares donde residan y las necesidades de cada uno de ellos. Son los mismos para españoles y extranjeros. En Cataluña, por ejemplo, la horquilla se sitúa entre 41,53 y 139 euros por plaza y día, un gasto que incluye el alquiler del inmueble, la manutención, el servicio de comedor, el transporte y los educadores y profesionales que trabajan en el centro. En Madrid, el coste medio se sitúa en los 140 euros por menor y día, pero también depende mucho del tipo de centro. No es lo mismo un piso tutelado, donde los adolescentes son casi autónomos, que un centro para niños con necesidades especiales. En Canarias, que asume ahora en solitario la acogida de más de 2.600 menores extranjeros, se gasta una media de entre 90 y 120 euros al día, mientras que los últimos datos de Melilla, en 2019, situaban la inversión entre 13 y 60 euros.

Los menores tutelados, extranjeros o no, no reciben pagas. Dependiendo de la organización responsable del centro en el que vivan, sí reciben un “dinero de bolsillo”, que en algunas comunidades además está condicionado al buen comportamiento y a la edad del chico. En Cataluña, ese importe va de los 6 a los 12 euros semanales. En Canarias, entre 5 y 10 euros.