Ceuta mantiene parada la devolución de menores ante la deriva judicial

El Gobierno autónomo de Ceuta ha decidido mantener paralizadas todas las devoluciones de menores marroquíes hasta que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad se pronuncie sobre la legalidad del proceso de repatriación, que tanto la Fiscalía como diferentes ONG y el Defensor del Pueblo consideran que se estaba llevando a cabo sin las debidas garantías jurídicas. El retorno de los menores, coordinado entre el Ejecutivo autonómico y el Ministerio del Interior, quedó suspendido el pasado lunes durante 72 horas después de que el juzgado paralizara, a petición de una ONG, la devolución de ocho chicos. Este grupo forma parte de los 700 menores sobre los que pesa la orden de retorno y que entraron en la ciudad autónoma el 17 y 18 de mayo cuando Marruecos se desentendió de la frontera y propició una avalancha migratoria para presionar a España para que reconozca la soberanía del reino magrebí sobre el Sáhara Occidental.

Una vez transcurrido ese plazo de tres días, con una polémica política que no amaina pese al mes de agosto y con los tribunales examinando con lupa el procedimiento, el Ejecutivo ceutí ha tomado la “cautela” de no retomar las repatriaciones, según fuentes del gobierno local. La Fiscalía, la Abogacía española, el Defensor del Pueblo y multitud de organizaciones y expertos jurídicos han señalado que el procedimiento de devolución, que se inició el viernes 13 de agosto con los primeros 15 retornos —luego vendrían otras dos entregas de 15 muchachos el sábado y el domingo— vulnera la ley. En concreto, supuestamente se ha incumplido el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que obliga a que la Fiscalía emita un informe previo en los procesos de repatriación de menores; y el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño de la ONU, que prescribe que el menor tiene que ser “escuchado” en cualquier actuación judicial o administrativa que le afecte”.

La decisión del Gobierno de la ciudad, presidido por Juan José Vivas, del PP, supone la suspensión de facto de todas las devoluciones de menores que entraron en Ceuta entre el 17 y el 19 de mayo durante la crisis fronteriza desatada por Marruecos. El Ejecutivo autónomo tiene ahora la posibilidad de revisar todo el procedimiento y evitar así encadenar recursos como el que motivó, el pasado lunes, la paralización de la devolución de ocho chavales (de los nueve a los que afectaba el auto, uno ya había sido llevado a Marruecos). Solo 47 niños permanecen en el polideportivo Santa Amelia, el dispositivo de acogida del que salieron los 55 chavales repatriados desde el viernes pasado. De ellos, la administración local no tiene ningún expediente individualizado.

Fuentes del Ejecutivo ceutí han confirmado que no se retomarán las polémicas repatriaciones “por cautela”, mientras que la Fiscalía de Menores de la ciudad ha solicitado ya que no se levante la suspensión porque “no han desaparecido los motivos por los que se adoptaron (las medidas cautelares)”. Esos motivos son, según ha confirmado el fiscal del Área, José Luis Puerta, la inexistencia de expedientes de los menores que iban a ser devueltos a Marruecos.

“Esos procedimientos como tales, no existen”, ha aclarado Puerta. El fiscal se ha referido también al auto de la Audiencia Nacional del pasado miércoles que redundaba en la necesidad de seguir el procedimiento marcado por la legislación española para llevar a cabo repatriaciones de menores y que exige elaborar un informe individualizado de cada niño en el que se determinen las medidas a tomar en su interés superior. Esos informes, según fuentes de la ciudad autónoma, sí estaban siendo elaborados por el equipo técnico del Área del Menor de la administración ceutí, y supuestamente se han elaborado unos 80 expedientes. Sin embargo, ninguno de esos documentos individualizados correspondía a los menores que ya han sido devueltos a Marruecos.

Al margen del procedimiento abierto en el Juzgado de Ceuta, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dado al Ministerio de Interior un plazo de cinco días, hasta el martes, para que aporte “el expediente acompañado de los informes y datos que estime procedentes” que motivó la orden de iniciar las repatriaciones, emitida el martes 10 de agosto, tres días antes del inicio del proceso. En un escrito de alegaciones, el departamento de Fernando Grande-Marlaska señaló el miércoles al Gobierno de Ceuta como responsable de las irregularidades en las devoluciones de menores.

Un día antes, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, aclaró que había decidido paralizar las devoluciones de menores marroquíes bajo tutela de su administración. “Lo prudente es esperar hasta que se produzca ese pronunciamiento judicial y no incurrir en una actuación errónea”, esgrimió Vivas en una comparecencia junto a su vicepresidenta y consejera con competencias en materia de menores, Mabel Deu. Desde la Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces ya han advertido que seguirán presentando recursos para detener las devoluciones si el Gobierno de Ceuta decidiese reanudarlas.

Procedimiento alternativo

El proceso de devoluciones se inició por orden de la Secretaría de Estado de Seguridad, órgano dependiente de Interior, que el 10 de agosto envió a la Delegación del Gobierno en Ceuta un “ruego” de activar el procedimiento recogido en el acuerdo bilateral firmado con Rabat en 2007 sobre devolución de menores extranjeros no acompañados. En ese escrito se especificaba que los niños serán trasladados a un centro de acogida en Martil, cerca de Tetuán, “hasta que sean entregados a sus padres lo antes posible”. En el caso de no existir progenitores, de los chicos se encargará la Entraide Nationale, un organismo público marroquí de asistencia social. Todo ello, “protegiendo siempre los intereses de los menores implicados”, se cierra el escrito.

Tras desatarse el escándalo con las primeras devoluciones, Interior sostuvo que el acuerdo bilateral de 2007 establecía una suerte de procedimiento administrativo alternativo al que recoge la Ley de Extranjería y su reglamento. En realidad, ese texto, un pacto entre dos países que no tiene valor de ley y que no fue publicado en el BOE hasta 2013, recoge que todas las acciones en materia de retorno se efectuarán “con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño”.