Vox consigue que el PP le dé el marchamo de “respetabilidad”

Quienes esperan que Vox entre en el Gobierno de Castilla y León como elefante en cacharrería se equivocan. El estreno de la ultraderecha en responsabilidades de gobierno en democracia —hasta ahora no gobierna ninguna capital de provincia, ciudad importante, ni comunidad autónoma, aunque sus disidentes están en el Ejecutivo murciano— será suave y silencioso. Vox ha renunciado a los puntos más espinosos de su programa. Para lograr el acuerdo con el PP ha prescindido de su promesa de derogar la ley regional de violencia de género de 2010 (aunque se aprobará una ley de violencia intrafamiliar) y el decreto autonómico de Memoria Histórica de 2018. En cambio, no ha cedido un ápice en su exigencia de ocupar la vicepresidencia de la Junta, tres consejerías y la presidencia de las Cortes castellano-leonesas. E incluso ha amenazado con forzar una repetición de las elecciones autonómicas si no lograba sus objetivos.

Sería injusto deducir que Abascal ha renunciado a su programa a cambio de los sillones. El presidente de Vox no tenía ningún interés personal en colocar al futuro vicepresidente castellano-leonés, Juan García-Gallardo, a quien conoció hace solo cuatro meses. Lo eligió a través de un casting de candidatos, al margen de los procedimientos previstos en los estatutos del partido, pero podría haberse decantado por cualquier otro. Entrar en el Gobierno de Castilla y León ni siquiera formaba parte de los objetivos de Vox.

El objetivo casi único de Abascal es llegar a La Moncloa. De presidente, si es posible. De vicepresidente, de entrada y como mal menor. El paso que ha dado Vox en Castilla y León se subordina a este propósito. Si Abascal creyera que quedarse en la oposición en Castilla y León es más conveniente para preparar su futuro asalto al Gobierno de la nación no habría dudado en hacerlo.

Pero lo más conveniente ahora es ganar respetabilidad. Demostrar que no pasa nada porque la ultraderecha esté en el Gobierno. Que los funcionarios seguirán cobrando puntualmente su sueldo y los jubilados su pensión. Algunas asociaciones de ayuda a las mujeres maltratadas perderán probablemente las ayudas y, en cambio, recibirán subvenciones colectivos antiabortistas. Si Vox se hace con las consejerías de Salud y Educación, la sanidad y la educación pública sufrirán, pero el proceso será en general indoloro. Hasta las próximas elecciones.

El empeño de Abascal por entrar en el Gobierno de Castilla y León solo se entiende porque su objetivo es romper el cordón sanitario, normalizar la presencia de Vox al frente de las instituciones. Conjurar los temores que todavía despierta en buena parte de la sociedad española. Convencer al electorado, y en particular al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que no pasa nada por ir de su mano, meter a la ultraderecha en el Gobierno, hacerlo vicepresidente de España tras las próximas generales. Ya tendrá tiempo entonces de aplicar su programa.