La guerra une a la España autonómica

Este lunes se cumplen dos años de la proclamación de un estado de alarma en España cuyas consecuencias están aún en fase de reparación. El aniversario coincide con otro acontecimiento global, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que mete de nuevo al mundo en una espiral trágica de muerte, catástrofe humanitaria y destrozos económicos con un impacto directo en la vida de los ciudadanos y en el desarrollo de los países. Con este nuevo drama, se concatena un trienio de desgracias para los españoles.

El Estado autonómico —tanto el Gobierno central como las comunidades— responderá unido a esta imponente crisis. Esta voluntad de entendimiento rezumaba este domingo por las cuatro esquinas de la Conferencia de Presidentes reunida en La Palma, símbolo de unidad ante los destrozos causados por la erupción volcánica en esta isla canaria.

Los presidentes autonómicos —con los colores del PP, del PSOE, del nacionalismo vasco y catalán, y del regionalismo cántabro— han vivido en carne propia los desajustes del Estado en la lucha contra la pandemia. Pero, salvo alguna excepción, ninguno proclama categóricamente que el Gobierno central les ha maltratado o ha discriminado por razones partidistas. Sin embargo, sí se han visto las deficiencias del estado autonómico, la falta de músculo financiero del país, y las lagunas legales que dejaban la responsabilidad en tierra de nadie o en el terreno de los tribunales. No quieren que ahora pase eso.

Todos están de acuerdo en que la guerra de Putin es una agresión intolerable y sus consecuencias las deben afrontar juntos. La emergencia energética amenaza con colapsar la economía española, la macro y la micro, según han reconocido ministros y presidentes autonómicos durante las horas de convivencia en la isla, en la que compartieron conversaciones con los Reyes.

Gobierno central y ejecutivos autonómicos se necesitan. La guerra de Putin ha coincidido con la salida de Pablo Casado de la dirección del PP y su sustitución dentro de dos semanas por el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, observado y escudriñado este domingo en La Palma por el resto de presidentes autonómicos: los propios y los de otros partidos. Todos ellos dan por supuesto que la crisis de ahora cambiará los contenidos que abordará la oposición del PP al Gobierno que preside Pedro Sánchez.

Los compromisos a los que llegaron este domingo, a falta de su concreción, al igual que durante la pandemia, suponen medidas absolutamente extraordinarias, por la movilización de recursos económicos, por la relevante bajada de impuestos, y por la imperiosa necesidad de coordinación ante la llegada de refugiados ucranianos.

Los anuncios de Sánchez y las peticiones se recogen en el texto de La Declaración de La Palma, aunque durante las horas de reunión se habló con mucha más extensión de las eventuales intenciones del presidente ruso —hasta dónde quiere llegar— y la respuesta de Europa.

La bajada de los precios de la energía es la preocupación máxima, en la que ya trabaja Pedro Sánchez de cara al Consejo Europeo de los días 24 y 25 de este mes de marzo. Su regulación es la única solución. Todos de acuerdo. Aunque hubiera habido voluntad de riña, la preocupación por la alarma en la que vive el Gobierno central y los presidentes autonómicos lo hizo imposible. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, pidió unidad y complicidad. Ese fue el clima. El presidente valenciano, Ximo Puig, citó a Mario Draghi en su etapa de presidente del Banco Central Europeo. Europa haría todo lo que hubiera que hacer para defender el euro. Ahora, Europa tiene que hacer lo que haga falta para afrontar la emergencia energética. Unidos en la desgracia. Y Europa, la solución