Hacienda choca con la Policía en sus conclusiones sobre el cohecho en los Gobiernos de Aznar

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, rebaja las expectativas de futuro de la última derivada del caso Gürtel que sigue en instrucción y que mantiene bajo sospecha 23 adjudicaciones por casi 600 millones de euros de los Gobiernos de José María Aznar (PP). Los peritos de este órgano han enviado su informe final sobre la causa a Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, donde no se aprecian irregularidades relevantes en los proyectos. Este documento contrasta de forma drástica con las conclusiones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que certificó sobrecostes millonarios y “vulneraciones” de los “principios generales de la contratación”.

Aunque los técnicos admiten en su informe, de 94 páginas, que les falta alguna documentación, afirman en líneas generales que las adjudicaciones se movieron dentro de lo legal. Por ejemplo, allí donde detectan sobrecostes, insisten en que estos se situaron dentro del margen permitido por la normativa. Sin embargo, sus cifras chocan radicalmente con las valoraciones y estimaciones de la UDEF, que subrayó el pasado año que había hallado sobreprecios por encima del 20% en 14 obras, disparándose en algún caso hasta el 64%, el 74% e incluso el 94%.

La Policía también centró su atención en la enorme diferencia entre la propuesta económica inicial que hacía la adjudicataria de las obras bajo sospecha —Constructora Hispánica, de Alfonso García Pozuelo, ya condenado en el caso Gürtel tras reconocer que pagó mordidas al PP a cambio de contratos— y el coste final abonado tras los cambios aplicados por las “circunstancias acaecidas durante la ejecución del contrato”. Una práctica de ofertas a la baja que también se observa en el análisis final de la IGAE, pero a la que los técnicos no otorgan especial relevancia.

Este informe de Hacienda lo rubrican dos peritos recientemente asignados a la causa, después de que la Intervención avisara al juez Pedraz de que la “situación profesional” de los técnicos encargados hasta entonces había “cambiado sustancialmente” y, por tanto, no podían ocuparse de la elaboración del documento. En otros análisis anteriores, la IGAE sí había señalado algunos detalles “extraños” o “dudosos”, a la vez que había incidido en que en algunas obras se apuró el coste de las modificaciones para que estas no superaran el 20% del importe inicial, lo que hubiera exigido un dictamen por parte del Consejo de Estado. Por su parte, el análisis de la UDEF lo firmó el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel.

Ahora, ya con todos los informes sobre la mesa, la Fiscalía Anticorrupción y el resto de partes tienen la oportunidad de informar al juez sobre sus conclusiones sobre la causa, que se centra en las supuestas donaciones de empresarios a la caja b del PP a cambio de adjudicaciones públicas. Después, Pedraz decidirá si archiva la instrucción o envía al banquillo a alguien.

Esta investigación se integra dentro del caso de los papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS en enero de 2013, que ya se juzgó en parte el pasado año —cuando la Audiencia Nacional consideró probado que el partido pagó con dinero negro la reforma de la sede de la calle Génova—. El extesorero popular Luis Bárcenas declaró en estas pesquisas que la formación recibió mordidas de empresarios, aunque no concretó cuáles, y señaló a los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los Gobiernos de José María Aznar como conocedores de la trama.

Pedraz, que sustituyó al frente del juzgado al magistrado José De la Mata, ya resaltó en varios autos que la instrucción permite afirmar indiciariamente que se creó en el PP “un sistema para obtener fondos ilícitamente para el partido” a cambio de “movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores”. Los empresarios entregaban presuntamente dinero a la caja b a cambio de que Bárcenas, entre otros, les facilitaran “contactos directos con el responsable político del poder adjudicador”. “En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario, tras la negociación”, recalcó el magistrado.