El fiscal Anticorrupción se dirige a los políticos en plena reforma de la malversación: “No den pasos atrás en la lucha contra la corrupción”

Con el Gobierno inmerso en plena polémica por el acuerdo del PSOE y ERC para reformar el delito de malversación, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha querido dejar un claro mensaje sobre la mesa: “Apelamos a los poderes públicos y a los representantes políticos para que no den pasos atrás en la lucha contra la corrupción, para que no diluyan o degraden la respuesta penal a la corrupción”, ha dicho este miércoles en un acto, aunque sin mencionar explícitamente los cambios pactados por las dos formaciones. Estas palabras llegan mientras se multiplican las voces críticas sobre las modificaciones del Código Penal y mientras crece el malestar en el ministerio público, que teme que implique un “goteo” de rebajas de penas a corruptos.

La propuesta exprés de socialistas y republicanos, que aspiran a aprobar en las Cortes antes de que finalice 2022, conlleva la disminución del castigo previsto por malversación para algunos supuestos. El texto vigente contempla hasta 12 años de cárcel para las autoridades o funcionarios que administren de forma desleal o se apropien de patrimonio público, o favorezcan que terceras personas lo hagan. Pero, como la reforma del Gobierno cambia el propio concepto del delito para hacerlo girar sobre la idea del “ánimo de lucro” del implicado, reduce las condenas en ciertos casos: por ejemplo, se fija de seis meses a tres años de cárcel para quienes, “sin ánimo de apropiárselo”, destinen a uso privado el patrimonio público; y de un año a cuatro de prisión para quienes den a esos fondos una finalidad diferente a la que se hubiese previsto, provocando un “daño o entorpecimiento grave”.

En opinión de varios fiscales consultados por EL PAÍS, esta reforma afectará a “muchas” causas de corrupción —más allá de los dirigentes independentistas condenados y encausados por el procés y el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017—, e implicará revisiones y rebajas de penas. Una posibilidad que niegan el PSOE y Esquerra. El vicepresidente primero del Congreso y secretario de Política Municipal de los socialistas, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, así lo prometió la pasada semana: “Garantizaremos que nadie condenado por el delito de malversación se vea beneficiado de ninguna reforma”. Pero dentro de las filas del propio partido no las tienen todas consigo. Tampoco se fía demasiado Unidas Podemos, que se negó a firmar la iniciativa sellada con ERC, aunque no trató de bloquearla.

Revisiones de condenas

Fuentes de Anticorrupción detallan los múltiples problemas que temen que acarree la reforma de malversación. En su opinión, al modificar el delito se producirán muchas revisiones de condenas, “muchas más” de los que prevé el legislador, y se generará así un fenómeno similar al vivido con la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, que ya ha permitido que más de medio centenar de agresores sexuales se hayan beneficiado de rebajas en sus castigos, pese a que el Ministerio de Igualdad defendió que estas no iban a producirse. En esa tesis coinciden dos de las tres asociaciones de fiscales, la Asociación de Fiscales y la APIF (Asociación Profesional Independiente de Fiscales), que han augurado ese efecto: “Al menos, que no se diga que en esta ocasión no estaban avisados”, reprochó la primera, de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera, en un comunicado.

En el ministerio público critican la propia redacción de la propuesta de ERC y PSOE. La consideran ambigua, lo que deja abierta la puerta a múltiples interpretaciones de los tribunales. Aunque, también, se muestran prudentes a la espera de ver cómo sale finalmente el texto de las Cortes. A su vez, fuentes de Anticorrupción temen que, como los plazos de prescripción de los delitos se encuentran vinculados a la duración de las penas, la rebaja de los castigos pueda suponer que se reduzca el tiempo para considerarse que un delito ya no pueda perseguirse. Es más, estas fuentes dan por hecho que, en aquellos casos donde las investigaciones se iniciaron en el límite, habrá que revisarlos para estudiar si estos no habrían ya caducado.

Otras fuentes de la Fiscalía también inciden en que, en muchas pesquisas, los tribunales sí consideran demostrada que se ha producido la malversación, pero no consiguen dilucidar qué ha ocurrido con el dinero —puede haberse desvanecido en paraísos fiscales, ponen como ejemplo—, por lo que no se podría dar por probado que existiese un ánimo de lucro del implicado al no saberse qué ha ocurrido con esos importes. Así que, según estas fuentes, como el nuevo texto considera el ánimo de lucro como un requisito indispensable para imponer las penas más altas, habría que rebajarlas en aquellos casos donde se perdió la pista del dinero. “Y son bastantes”, recalca un fiscal.

Dudas en el ‘caso Kitchen’

Fuentes de Anticorrupción también temen que, entre otros casos, la reforma de la malversación afecte a la investigación sobre Kitchen, el espionaje irregular al extesorero popular Luis Bárcenas por parte del Ministerio del Interior para arrebatarle documentos comprometedores de altos cargos del PP. Este es uno de los delitos que se atribuye a los implicados, que usaron recursos públicos (como fondos reservados y agentes de policía) para la operación. Pero en el sumario no hay indicios de que la mayoría de procesados se lucrara económicamente, como el exministro Jorge Fernández Díaz; Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; o el comisario Eugenio Pino, jefe de la Policía con el Gobierno de Mariano Rajoy.

De hecho, actualmente, el ministerio público ya tiene elaborado su escrito de acusación contra los procesados en el caso Kitchen, pero aún no lo ha enviado a la Audiencia Nacional, a la espera de que se incorpore al proceso alguna documentación que falta. Por lo que, aunque fuentes de Anticorrupción aseguran que la presentación del documento no se encuentra vinculada a la aprobación de la reforma, admiten que si esta se produce antes de que lo remitan al juzgado, tendrán que revisar las peticiones de condena contempladas hasta ahora para adaptarlas a las nuevas que prevea la normativa. En este sentido, abogados de otras partes personadas en la causa también tienen dudas de que los cambios en la malversación no tenga consecuencias sobre los castigos que puedan pedirse al tribunal.

“Queda mucho por hacer”

Alejandro Luzón ha lanzado su mensaje a los políticos este miércoles durante el acto conmemorativo que se ha organizado por el 25º aniversario de la creación de la Fiscalía Anticorrupción. Ante el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Luzón ha insistido en “que queda mucho por hacer” en materia de lucha contra la corrupción; apostando por una mayor prevención, por el refuerzo de los mecanismos de control de la contratación pública; y por la regulación de los grupos de presión (lobbies) y las puertas giratorias. “Hace falta voluntad política para caminar ese sendero”, ha dicho Luzón, que ha remachado: “Pediría a los ciudadanos que continuaran escandalizándose ante los casos de corrupción [...] Una sociedad que tolera la corrupción es una sociedad enferma”.

A las voces críticas se suman también las de los directores de las agencias Antifraude de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Miguel Ángel Gimeno, responsable de la primera, ha afirmado este miércoles que el cambio de la malversación es “una mala noticia”, e implicará rebajas de penas. Joan Llinares, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, se ha manifestado en la misma línea: ha calificado la propuesta como un “retroceso”, que “puede acabar con absoluciones y archivos sin más, por lo difícil que es demostrar el enriquecimiento ilícito”.