El Constitucional resolverá los recursos de mayor calado político antes de las elecciones generales

El Tribunal Constitucional está trabajando en un calendario que le permita dictar sentencia sobre los recursos de mayor calado político a lo largo de 2023. La decisión forma parte del plan de actuación urgente que va a desarrollarse para poner al día la larga lista de asuntos que el tribunal tiene pendientes de resolución. Durante este año ―y por tanto, antes de las próximas elecciones generales, previstas para el final de 2023―, deberán ser aprobadas las sentencias sobre la ley del aborto ―impugnada en 2010―, la de eutanasia, la reforma educativa de la ley Celáa, la normativa de la Generalitat sobre el castellano en las escuelas catalanas, o la reforma laboral, entre otras.

No está fijado todavía un orden exacto, porque el ritmo de salida de las resoluciones depende en buena medida del ponente de cada una de ellas, pero el propósito del nuevo presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, es firme, en el sentido de que no puede acabar el año sin que el Constitucional se haya puesto al día y haya resuelto el tapón que ha venido acumulando en los dos últimos años. En parte, el retraso ha sido una consecuencia más del incumplimiento de las previsiones constitucionales sobre la renovación de las instituciones, en este caso del órgano de garantías.

En el Constitucional ha existido en este último período una clara conciencia de la precariedad que suponía que los relevos de los magistrados no se produjeran en los tiempos legalmente previstos. La reacción del tribunal fue dejar en compás de espera los recursos más candentes y de mayor relevancia política para evitar tensiones internas. La anterior renovación del órgano de garantías, en noviembre de 2021, ya se produjo con más de dos años de retraso, y para la última, hubo que esperar otros seis meses, ya que hubiera tenido que llegar en junio del año pasado.

El resultado de la técnica dilatoria para no tensar la vida interna del tribunal y evitar la reiteración de enfrentamientos entre los sectores conservador y progresista ha sido la esclerotización del tribunal y el crecimiento de un archivo de asuntos pendientes que rebosa por los cuatro costados. A los asuntos que deben ser resueltos de forma prioritaria se añade, por ejemplo, todo el capítulo de impugnaciones parlamentarias de especial trascendencia, empezando por los recursos del PP y Vox contra las fórmulas alternativas de juramento empleadas por 29 diputados de diversos grupos al comienzo de la legislatura, hace ya tres años.

De la validez de aquellas fórmulas puede depender que se entienda que los parlamentarios que las usaron adquirieron plenamente o no la condición de diputados o senadores. En la constitución de las Cortes en la presente legislatura, los 29 parlamentarios de Junts, ERC, PNV, CUP, EH Bildu y cuatro de Podemos usaron distintas fórmulas alternativas. También ocurrió en la anterior legislatura. Oriol Junqueras, por ejemplo, prometió entonces la Constitución “desde el compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal”. Los diputados de Podemos, a su vez, lo hicieron “por la democracia y los derechos sociales”. Y al admitir a trámite los recursos del PP y Vox, el tribunal ya advirtió de que se plantearía la legalidad de estas fórmulas “porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto” y “porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”.

Junto a este asunto siguen sin resolverse los dos recursos presentados por el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez para recuperar su escaño, tras haber sido condenado a 45 días de prisión —pena conmutada luego por una multa― por haber dado una patada a un policía en una manifestación. Rodríguez solicitó una medida cautelar para que se le permitiera seguir ejerciendo su labor como parlamentario mientras no se resolviera su demanda de amparo. Ha pasado casi un año y su recurso aún no ha tenido respuesta. En cambio, el tribunal corrió para resolver la petición del PP de que se acordara una medida cautelarísima ―es decir, sin oír a la parte demandada, en este caso el Congreso― cuando el PP impugnó la tramitación de dos enmiendas presentadas por el PSOE y Podemos a la proposición de reforma del Código Penal para facilitar la renovación del propio Constitucional.

Este episodio volvió a colocar al tribunal en un punto incandescente, equiparable al que vivió con las sentencias que anularon los decretos del estado de alarma para hacer frente a la pandemia, con la tesis de que el Gobierno hubiera tenido que pedir a las Cortes la declaración del estado de excepción. Y demostró la sensibilidad selectiva de un órgano de garantías que acumulaba retrasos en sus renovaciones, con magistrados conscientes del lastre que suponía que siguieran actuando con el mandato caducado.

De ahí que el Constitucional quiera priorizar ahora la resolución de los recursos en tiempo útil. “El tribunal tiene que resolver en derecho, no para la historia del derecho”, se le ha oído decir a Conde-Pumpido en las reuniones del grupo progresista previas a su elección como presidente del órgano de garantías. Pero al propio tiempo ha expuesto la necesidad ―más que la conveniencia― de abrir una reflexión sobre el papel que ha venido jugando el Constitucional en los últimos tiempos. Su tesis es que el tribunal “no puede ser ni una cuarta instancia del poder judicial (tras el juzgado ordinario, el Tribunal Superior de cada comunidad autónoma y el Supremo), ni una tercera cámara” (tras el Congreso y el Senado).

La cuestión no es introducir limitaciones para que particulares y partidos políticos acudan menos al Constitucional. Pero sí crear una conciencia colectiva que contenga la ampliación de supuestos en los que se recurre al tribunal para resolver conflictos que deberían hallar solución en otros escenarios. Con los recursos de amparo ya funcionan filtros para admitir las impugnaciones en las que se aprecia la “relevancia constitucional” del caso. Pero la experiencia de los últimos años ha revelado que el recurso al Constitucional se ha convertido en una práctica extensiva de la actividad de control de la acción del Gobierno. El resultado ha sido que ahora el PP y Vox ―pero en el futuro tal vez el PSOE y Podemos― vienen acudiendo al tribunal para impugnar toda la producción legislativa del Ejecutivo. Así ha ocurrido en esta legislatura, como ponen de manifiesto los mencionados recursos acumulados durante los últimos tres años y que el tribunal pretende resolver antes de que termine 2023.

La pregunta que se hace la nueva mayoría progresista del Constitucional es si resulta inevitable que los partidos se acostumbren a tratar de ganar en el tribunal de garantías todo aquello que han perdido en el Parlamento. La idea no es privar a nadie de posibilidades de recurso, sino instalar el convencimiento de que el órgano de garantías no es un pozo sin fondo llamado a convertirse en un mero resorte de contrapoder frente al Ejecutivo y las Cortes, cuando su papel consiste en garantizar la vigencia de la Constitución y en velar por que en la actuación de los tres poderes del Estado se respete y, sobre todo, se cumpla.

La experiencia de la legislatura en curso no ha ayudado a iniciar esa reflexión sobre el papel del Constitucional como garante de la Ley Fundamental y no como árbitro de la lucha por el poder entre los partidos. El PP y Vox han competido ―a veces también con Ciudadanos corriendo por una tercera pista―, para ver quién llegaba antes al registro de entrada del tribunal. Ya solo Vox ha presentado desde las últimas elecciones, celebradas en noviembre de 2019, un total de 45 recursos. El último, contra la ley de Memoria Democrática, fue formalizado el viernes. El líder de Vox, Santiago Abascal, explicó que la impugnación se presentaba “en defensa de los derechos fundamentales y constitucionales de todos los españoles” y con el compromiso de derogar dicha ley en cuanto logre “expulsar al autócrata de La Moncloa”.

Frente al órgano de garantías ha faltado instalar un plató permanente con el fin de atender a los dirigentes políticos que acudían con un fajo de folios —la copia sellada de su recurso— para explicar ante las cámaras qué supuesto atropello del Ejecutivo se disponían a tratar de impedir con sólidos argumentos jurídicos. Por este procedimiento, complejas iniciativas sobre las más variadas cuestiones han quedado resumidas en unas declaraciones a los periodistas frente al edificio acristalado del tribunal. Y en diversas ocasiones, como en el caso de los recursos contra la reforma educativa de la ley Celáa, las comparecencias se han producido con una diferencia de pocos días, en busca de que el primer recurso presentado fuera el de “cabecera”, es decir, el que primero resuelva el tribunal, de modo que sea el que fije la doctrina que luego se aplica al resto de impugnaciones sobre el mismo asunto.

Esta situación del Constitucional contribuye a explicar por qué su nuevo presidente, Cándido Conde-Pumpido, se apresuró el miércoles a lanzar un contundente mensaje en sus primeras palabras tras ser elegido, al afirmar que la Constitución “no permite la secesión, ni la autodeterminación, ni la independencia”. Aprovechó para ello un pasaje de la intervención para agradecer su nombramiento, en el que se congratuló de la nueva composición del tribunal, mencionando en especial a los magistrados recién incorporados.

Fue así, de pasada, como quiso responder a las tesis de la derecha judicial y política en el sentido de que Conde-Pumpido ha encabezado un supuesto “asalto” al tribunal para facilitar la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que el Gobierno estaría dispuesto a permitir como concesión a sus socios de las fuerzas independentistas para mantener el apoyo de sus aliados parlamentarios. El hecho es, en todo caso, que Conde-Pumpido fue junto al magistrado conservador Antonio Narváez ―uno de los cuatro sustituidos en esta última renovación― el coordinador de la práctica totalidad de las resoluciones del Constitucional que avalaron la sentencia del Supremo en la causa del procés.