Un ‘protocolo fantasma’ y cinco días de caos entre el PP y Vox en Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha rectificado este lunes tanto a su vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), como a su consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (PP). Mañueco ha asegurado que la comunidad mantendrá su protocolo abortivo y que, simplemente, los sanitarios tendrán nuevos recursos para la atención a las embarazadas. El dirigente desdice así a Gallardo, que horas antes insistió en que sería “obligatorio” que los facultativos planteasen esas medidas a las gestantes. Así mismo, rebaja el anuncio de Vázquez, del pasado viernes, que en declaraciones a EL PAÍS indicó, con respecto a las medidas anunciadas, que se aplicarían “bajo criterio médico”, detallando que iban a “recomendar que se haga”.

La polémica comenzó el mediodía del jueves. En una rueda de prensa conjunta con el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo (PP), Gallardo anunció que la coalición había “acordado y consensuado” un nuevo protocolo para las embarazadas. Él, que admitió “no saber mucho de embarazos”, presentó medidas que serían “imperativas” para los médicos: ofrecer una ecografía 4D (de imagen en movimiento), escuchar los latidos del feto y asistencia psicológica específica a las embarazadas, a todas, remarcó Gallardo, para que las mujeres tomen decisiones “mucho más conscientes” ante el “drama social” del aborto. Las mujeres podrían aceptar o no estas propuestas. Carriedo, impasible, escuchaba al alto cargo, entre cuyas escasas atribuciones no hay nada en materia sanitaria o de familia.

Pronto llegaron las reacciones. El PSOE y el Ministerio de Igualdad saltaban ante lo que consideraban un ataque a los derechos de las mujeres. Mañueco y Vázquez callaban y fuentes de la sanidad castellanoleonesa explicaban que no sería forzoso para los médicos ofrecer las medidas anunciadas, según sostenía Vox. En conversación con EL PAÍS a última hora del viernes, Vázquez desgranó que las medidas se aplicarían bajo criterio médico, pero que iban a “insistir en que se haga en todos los embarazos, siempre y cuando la mujer lo demande, o sea, no lo niegue”. Dijo que se iba a “instar” a los médicos a ofrecer las pruebas, pero admitió que algunos de estos nuevos servicios “no tienen mucho sentido” por la fase temprana del embarazo en que se ponían a disposición de la mujer, pero que entrarían en vigor a partir del lunes. Vázquez reiteró que en ningún caso se puede obligar a los médicos, tal y como reclama la extrema derecha, a seguir ninguna instrucción política.

Mañueco intervino por fin el sábado por la mañana en la presentación de candidaturas del PP para las elecciones autonómicas, tras haber recibido críticas de su propia formación. “Libertad absoluta de la mujer para elegir, respeto absoluto a sus derechos, respeto absoluto a los derechos de los sanitarios”, afirmó, negando que las medidas cuestionadas tuvieran cualquier objetivo antiabortista, ciñéndolas a “fomentar la natalidad”. Esa rotundidad se desvaneció cuando el mandatario eludió comentar las palabras de su vicepresidente sobre la obligatoriedad de que los médicos sugiriesen esos recursos: “No voy a entrar en lo que dijo o no dijo, porque no soy yo quien tiene que analizar ni las palabras ni la intencionalidad de nadie. Lo que digo es lo que hay, y esto es lo que va a ocurrir, lo que va a hacer el Gobierno de Castilla y León y la Consejería de Sanidad”.

El Gobierno central actuó el domingo mediante un requerimiento a la Consejería de Sanidad. El Ejecutivo instaba a la Junta a que “se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa” con respecto al aborto por “posible vulneración de principios fundamentales”, según un comunicado. En caso contrario, no descartaría iniciar “actuaciones jurídicas adicionales”. Mañueco contraatacó vía Twitter: “La Junta de Castilla y León no ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de las mujeres ni de los profesionales sanitarios”, afirmó. El presidente autonómico acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de mentir para “tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la ley del solo sí es sí. La Consejería de Sanidad emitió otro comunicado en el que se avisaba al Gobierno de que las acciones anunciadas en el requerimiento “podrían vulnerar el derecho de su autonomía”.

Vox ha vuelto a escena este lunes. Gallardo se reafirmaba en exigir que los médicos presenten estás opciones a las gestantes, que serían libres de tomarlas. Tras esta reafirmación, Mañueco ha convocado una declaración institucional en la que no ha admitido preguntas de los medios. El dirigente autonómico desmintió nuevamente a su socio: “No se obligará a los médicos a nada. No se obligará a las mujeres a nada”. Sobre el protocolo que regula el aborto, Mañueco ha manifestado que no se va a modificar, sino que se van a “mejorar las prestaciones a las embarazadas”, recalcando que serán ellas las que tendrán que solicitarlo. No obstante, destaca que estas medidas buscan “promover la natalidad”. Además, ha acusado al Gobierno central de utilizar a las mujeres “para hacer oposición a la Junta de Castilla y León”.

Este lunes, en el que tendrían que haber entrado en vigor estas medidas, fuentes de los hospitales de Valladolid, Burgos y León, han informado a EL PAÍS de que no han recibido instrucción alguna. Vox ha saldado de momento la cuestión presumiendo por Twitter de que “Castilla y León se convierte gracias a Vox en la región donde las embarazadas tienen más información, libertad y apoyo” y ha lanzado un aviso: “Un primer paso que demuestra que hay alternativas a las oscuras y nefastas leyes de la izquierda”. Como acompañamiento, una imagen de varios bebés izando una bandera de Castilla y León.