Desalojado el asentamiento El Walili, en Níjar: “No sabemos dónde vamos a ir”

Con la capucha cubriendo su cabeza y una bufanda alrededor del cuello, el senegalés Abdul miraba en la mañana de este lunes cómo una excavadora derribaba el poblado chabolista en el que reside desde 2015 a las afueras de Níjar (Almería, 26.126 habitantes). Lo hacía desde el arcén de una carretera tomada por la Guardia Civil y con una bolsa de plástico con ropa a sus pies. “Son mis únicas pertenencias. No sabemos dónde vamos a ir ahora”, decía el treintañero, que trabaja en los invernaderos de la zona en cultivos de tomate, pimiento y calabacín. Es lo que hacen también las decenas de compatriotas que, como él, han sido expulsados esta mañana del asentamiento conocido como El Walili, ubicado junto a la carretera hacia San José y donde residían alrededor de 450 personas migrantes. El desalojo, aprobado por los tribunales, ha sido una iniciativa del Ayuntamiento de Níjar, gobernado por la socialista Esperanza Pérez.

Un amplio dispositivo de la Guardia Civil tomaba el entorno del asentamiento sobre las seis de la mañana. Más de medio centenar de agentes, apoyados por un helicóptero desde el aire, tenían como misión “garantizar la seguridad de las personas”, según fuentes del instituto armado. A la zona también llegaron numerosos efectivos de la Policía Local de Níjar para que el derribo de las primeras infraviviendas pudiera comenzar, como estaba previsto, a las ocho de la mañana. Lo que arrancó, sin embargo, a esa hora, fue un incendio. Estaba amaneciendo y las llamas pronto iluminaron parte del campamento mientras arrasaban varias chabolas. Los bomberos las sofocaron con rapidez, pero el fuego facilitó el desalojo del recinto a las fuerzas de seguridad, que sostenían que había sido iniciado por los propios habitantes del asentamiento. Serigne Mbaye, activista senegalés y diputado de la Asamblea de Madrid por Unidas Podemos desplazado hasta Almería, tenía otra visión: “Qué casualidad que haya empezado ahí a esa hora. Es una clara estrategia para que la gente tenga que salir por el peligro que supone. Esto no es humano. A los inmigrantes nos explotan, nos usan y nos tiran”, añadía visiblemente enfadado.

Cerca de las nueve de la mañana de este lunes, una máquina excavadora comenzaba a destruir las primeras chabolas, construidas a base de palés y plásticos. Lo hacía mientras una veintena de agentes de la Guardia Civil conformaba una cadena con el objetivo de evitar que los habitantes del asentamiento pudieran acceder o interrumpir los trabajos. Por la carretera había mujeres en bata, hombres cargando bombonas de butano y maletas. Medio centenar de personas migrantes miraba, como Abdul, desde el arcén de la carretera, bajo la lluvia y con un intenso frío, cómo desaparecían sus casas bajo la acción de la piqueta. A su alrededor había mantas, un puñado de bolsas de ropa, un patinete y algunas bicicletas. “Nos han echado muy temprano, hemos podido sacar solo unas cuantas cosas. Tengo ropa y nada más. Ahora no sabemos qué va a pasar con nosotros”, decía Lamil, otro senegalés que vivía en El Walili desde 2020. “Vivimos aquí porque trabajamos aquí, en esta zona, y no tenemos coche”, insistía su amigo Mamadou.

La mayoría de residentes del campamento, unas 450 personas migrantes, según los cálculos de las asociaciones que trabajan en la zona y unas 240 según el municipio, han ido abandonando el asentamiento en los últimos días. El Ayuntamiento ya había notificado el desalojo y las entidades sociales les habían avisado de lo que ocurriría este lunes. Muchos de ellos se han ido ubicando por sus propios medios en otros espacios similares, como los cercanos Atochares y Barranquete, también conformados por decenas de infraviviendas. Los que permanecían esta mañana en el campamento a la espera de un lugar alternativo en el que vivir, no se fiaban de las palabras de la trabajadora social que les invitaba a ir a un centro de emergencia habilitado en una nave industrial en la barriada de Los Grillos, a pocos kilómetros. Según un comunicado municipal publicado el pasado viernes, los migrantes serán derivados más tarde al programa de “soluciones habitacionales transitorias”. De momento, 62 viviendas que se están construyendo todavía en Los Grillos gracias a la financiación de la Junta de Andalucía.

“Por ahora solo puedo deciros que tenéis espacio en el centro de emergencia. Hay hueco para todos, también comida, durante un máximo de dos meses. Esta puede ser una forma de empezar y luego ya, caso a caso, iremos viendo qué posibilidades hay para cada uno”, les decía la trabajadora municipal ante la mirada incrédula de los migrantes, la mayoría hombres jóvenes procedentes de Senegal, aunque también había familias llegadas desde Marruecos. Ismail, uno de ellos, prefería otra opción. “En los centros no se puede vivir, hay demasiada gente y malas condiciones”, aseguraba mientras la empleada de los servicios municipales insistía: “Si se llena este centro, se habilitará otro. Podéis venir, pero es vuestra decisión, es voluntario”, les decía. Convenció a medio centenar, que se subieron a un autobús sobre las 10.30 de la mañana, mientras desde las ventanillas veían cómo iban cayendo sus antiguas viviendas por la acción de la excavadora enmarcada por un arco iris.

Las asociaciones que trabajan en la zona han denunciado la falta de diálogo del Ayuntamiento de Níjar para abordar este desalojo y la ausencia de alternativas de vivienda para estos y otros centenares de trabajadores de los invernaderos almerienses que residen en asentamientos como El Walili. “Todas las partes deben reunirse para desarrollar un plan de vivienda como el que se pactó en el año 2000 y no se llegó a hacer. La situación ahora es mucho peor que entonces, porque hay muchas más personas trabajando en los invernaderos, cuya superficie no para de crecer”, decía esta mañana Fernando Plaza, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que cree que el Ayuntamiento está consiguiendo lo que buscaba: “Eliminar el asentamiento que más se ve, el que está junto a la carretera y estropea las vistas de los turistas. El resto siguen ahí”, insistía. “No parece que, a lo largo del proceso, se les haya considerado como sujetos adultos y protagonistas de su historia”, denunciaba hace unos días el Secretariado de Migraciones de la diócesis de Almería en un comunicado.

El auto judicial que aprobaba el desalojo y derribo de El Walili recoge que “las chabolas se encuentran en estado ruinoso, sin licencia municipal de obras” y que “representan un peligro inminente para las personas, por existir riesgo de derrumbe, de incendio y de explosión y electrocución, existen además pozos negros con vertidos de residuos y aguas fecales al subsuelo, que implican riesgos de caída y atrapamiento”. El documento también recogía los incendios sucedidos en el asentamiento en mayo de 2021 y marzo de 2022.