La Audiencia de Málaga anula las escuchas que dieron origen hace 15 años al caso Astapa

La sombra del comisario jubilado José Manuel Villarejo sigue rondando el juicio del llamado caso Astapa, que se centra en la supuesta financiación irregular que rodeó al Ayuntamiento de Estepona (Málaga, 74.493 habitantes) entre los años 2003 y 2008. La Audiencia Provincial de Málaga ha anulado las escuchas que dieron origen a la investigación policial porque cree que no debían haber sido autorizadas por la jueza. instructora. La magistrada cree que la orden no estaba suficientemente justificada y tampoco era “necesaria” ni “idónea”, según el auto al que ha tenido acceso este periódico. La decisión va en la línea de lo que las defensas de los 51 acusados habían solicitado durante las largas jornadas de cuestiones previas, donde siempre han defendido que dichas escuchas fueron impulsadas por Villarejo para su propio beneficio. El tribunal, además, ha rechazado la apertura de un nuevo bloque centrado en las pruebas, propuesta realizada por el fiscal que abría la puerta a citar e investigar a Villarejo.

El juicio arrancó el pasado 9 de enero en la Ciudad de la Justicia de Málaga y es la última gran causa centrada en la corrupción urbanística en la Costa del Sol. El objetivo del tribunal es aclarar la responsabilidad de una supuesta trama que buscaba infravalorar convenios urbanísticos en Estepona para financiar tanto al municipio como a diferentes partidos políticos, además del enriquecimiento de los miembros de la organización. Antonio Barrientos (PSOE), alcalde en aquellos años, es el principal acusado: la Fiscalía Anticorrupción pide para él una pena de diez años y nueve meses de prisión.

El auto dictado por la Audiencia Provincial este jueves 23 de febrero da un duro golpe a la investigación, aunque el juicio se retomará el próximo 7 de marzo y celebrará sesiones cada lunes, martes y miércoles durante varios meses. La resolución ha declarado nulas las escuchas autorizadas en virtud de un auto del 29 de marzo de 2007 y también todos las prórrogas posteriores. En el documento, de 206 páginas, los magistrados subrayan que la denuncia que puso en marcha la maquinaria de investigación —realizada por David Valadez, entonces concejal y más tarde alcalde de Estepona, ante la UDEF en Madrid— no tenía los indicios suficientes para poner en marcha la medida y, por tanto, es una medida injustificada.

“La interceptación de conversaciones telefónicas nos parece, efectivamente, proporcionada a la gravedad de los hechos denunciados”, indica el auto, que añade: “Lo que no podemos compartir es que se tratara de una medida suficientemente justificada”. El documento continúa explicando que no había datos suficientes como para que fuese “necesaria” ni “idónea”.

Los magistrados también dan respuesta a la petición que el fiscal Valentín Bueno realizó durante el primer día de planteamiento de cuestiones previas. Si el volumen del caso —128 tomos principales con 351.114 folios y 646 piezas documentales— había obligado a dividir el juicio en diez bloques temáticos, el representante del Ministerio Fiscal solicitó entonces la apertura de uno más, el undécimo, centrado en el origen de la investigación. La petición ha sido rechazada, aunque el tribunal deja abierta la posibilidad a las partes “de hacer las alegaciones oportunas sobre la valoración de las pruebas en el trámite del informe final”.

Este bloque servía de puerta de acceso para analizar el papel de Villarejo en la trama, como han reivindicado en multitud de ocasiones las defensas de los acusados. María Gutiérrez, abogada del principal acusado, el exalcalde Antonio Barrientos, acusó al comisario jubilado de estar detrás del inicio del caso y que con ello “consiguió aquello que pretendía: tener una clara influencia sobre el urbanismo de Estepona y llevar a cabo una manipulación de la instrucción”.

El tribunal también ha declarado nulas las detenciones de tres acusados —entre ellos el jefe del gabinete de Alcaldía durante los años investigados— y las resoluciones por las que se alargó ese arresto y el del entonces alcalde, Antonio Barrientos, que llegó a pasar seis meses en prisión. El juicio se retomará el próximo 7 de marzo y contará con cerca de 300 testigos y medio centenar de peritos cuyos testimonios servirán al tribunal para dictar sentencia de un caso que estuvo durante años en punto muerto debido a la crónica escasez de recursos.