El juez descarta el genocidio en uno de los sumarios de ETA reabiertos

Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha cerrado de nuevo el sumario sobre el asesinato de dos guardias civiles en Sallent de Gállego (Huesca) en el año 2000, perpetrado por ETA. El magistrado reabrió la causa el pasado 23 de febrero para estudiar la denuncia por genocidio contra 10 antiguos jefes de la banda terrorista, presentada por la Asociación Española contra la Impunidad y para el avance de los Derechos Humanos. Tras analizar la querella y en línea con la Fiscalía, el instructor ha concluido que dicho delito no encaja en este caso, según consta en una resolución firmada este martes.

Para su decisión, el magistrado se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional sobre el genocidio. En esa línea, García-Castellón insiste en que no concurren los requisitos necesarios para encajar ese delito en el crimen de Sallent de Gállego. Según el juez, “no es posible diferenciar un elemento caracterizador del grupo, dado que todos los individuos implicados —tanto víctimas como querellados— pertenecen al mismo grupo nacional”. “Tampoco se aprecian las características étnicas, raciales o religiosas, que sean diferenciales y que caractericen al grupo cuyo exterminio —total o parcial— se pretende”, apostilla en su dictamen.

La Asociación Española contra la Impunidad, encabezada por el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, buscaba abrir una nueva vía para perseguir los crímenes del grupo terrorista en la Audiencia. El colectivo mantiene que ETA desplegó una “política de genocidio en grado de tentativa”, que permitiría declarar imprescriptibles 327 de los 379 crímenes sin resolver de la banda. Esta querella se dirigía contra 10 exjefes de ETA: Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; Mikel Albisu, Mikel Antza; María Soledad Iparraguirre, Anboto; Juan Carlos Iglesias, Gadafi; Asier Oyarzábal, Baltza; Vicente Goicoetxea, Willy; Ainhoa Mugica, Olga; Ramón Sagarzazu, Ramontxo; Javier García Gaztelu, Txapote; y Juan Antonio Olarra, Jokin.

El 20 de agosto del año 2000, el grupo terrorista asesinó en Sallent a los guardias civiles Irene Fernández y José Ángel de Jesús, de 32 y 22 años respectivamente. La banda colocó una bomba lapa en el Nissan Patrol con el que se disponían a iniciar su habitual ronda de vigilancia a primera hora de la mañana.

Este era uno de los nueve sumarios sobre crímenes de ETA que, según el recuento de EL PAÍS, se han retomado en los últimos meses para investigar a los jefes de la banda. En el caso de Sallent de Gállego se intentó abrir la vía del genocidio, mientras que en el resto de investigaciones se apunta principalmente contra los dirigente del grupo terrorista como “autores mediatos por dominio” de los atentados cometidos por sus subordinados, ya que ejercían como una especie de inductores intelectuales de los crímenes al tener el control absoluto de ETA.