El exconsejero andaluz de Empleo, José Antonio Viera, accede al tercer grado penitenciario por su estado de salud

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, se ha convertido en el primer antiguo alto cargo de la administración regional condenado por el caso de los ERE fraudulentos en obtener al tercer grado penintenciario. Viera, de 77 años, ingresó en la prisión provincial de Huelva el pasado 2 de enero para cumplir la pena de siete años y un día de privación de libertad por malversación y accedió el 9 de junio a este régimen de semilibertad debido al cáncer que padece, según ha adelantado El Español y ha confirmado a este diario su abogado, José Manuel Herrera.

El letrado no puede precisar cuándo ha recibido su representado la resolución, pero sí señala que Viera ya se encuentra en el Centro de Inserción Social de Huelva a la espera de que se concreten las condiciones de ese tercer grado. “De momento sigue allí interno y ahora toca determinar si irá solo a pernoctar”, indica Herrera. El abogado precisa que ha sido la Junta de Tratamiento Penitenciario la que ha ido avanzando en los trámites para la obtención del tercer grado de acuerdo a la regulación penitenciaria y que ellos no han llevado en ningún momento la iniciativa. “La preocupación fundamental era su tratamiento sanitario”, sostiene.

La nueva situación penitenciaria de Viera coincide con la última providencia de la Audiencia Provincial de Sevilla a cuenta de la compatibilidad del tratamiento contra el cáncer que padece el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, con su ingreso en prisión para cumplir con la pena de seis años de cárcel por malversación en la causa política de los ERE. Las magistradas de la Sección Primera instan a la médico forense a que emita su informe médico para poder resolver sobre la suspensión del cumplimiento de la pena por enfermedad grave y le advierten de que no van a autorizar que se revisen nuevos partes médicos sobre las revisiones oncológicas del antiguo dirigente socialista porque “dada la enfermedad que padece y las continuas revisiones a las que será sometido, ello impediría a la sala resolver sobre la suspensión de la pena, que ya fue aplazada hasta que concluyera las sesiones de radioterapia”.

Griñán, también de 77 años, es el único de los ocho ex altos cargos de la Junta condenados a penas de cárcel en la pieza política de los ERE —exceptuando al ex director de Trabajo Juan Márquez, cuyo ingreso en prisión suspendió la Audiencia de Sevilla al haber visto rebajada su pena por el Tribunal Supremo a tres años de privación de libertad― que no ha entrado en prisión. Su defensa solicitó el pasado 22 de diciembre la suspensión del cumplimiento de la pena informando que le había sobrevenido un cáncer de próstata cuyo tratamiento era incompatible con su estancia en prisión.

En enero,la Audiencia de Sevilla acordó aplazar la entrada en prisión de Griñán hasta que terminara su tratamiento oncológico, con los informes favorables de la Fiscalía y de la acusación particular, ejercida por el PP. El último informe de la forense, emitido el pasado mayo, no era tan concluyente sobre la imposibilidad de compaginar el tratamiento del expresidente andaluz con su estancia en prisión y así lo constataba el informe de Anticorrupción, que le pedía mayor concreción y que pudiera precisar si la enfermedad del antiguo dirigente socialista era “muy grave” para poderlo subsumir dentro de los supuestos del artículo 80.4 del Código Penal, que dispone que los jueces y tribunales pueden otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.

A ese artículo se acogió también el exviceconsejero andaluz de Empleo Agustín Barberá para solicitar la suspensión de su condena a siete años de cárcel por malversación, por padecer cáncer. La Audiencia de Sevilla desestimó su petición y Barberá se convirtió el pasado 11 de abril en el último de los antiguos altos cargos condenados a penas privativas de libertad en la pieza política de los ERE en ingresar en un centro penitenciario. En diciembre de 2022 se produjo el primer ingreso de un exdirigente en prisión, el de la exconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.