La alcaldesa de Mogán anuncia que no pagará “ni un enterramiento más” de inmigrantes

La alcaldesa de del municipio grancanario de Mogán (suroeste de la isla), Onalia Bueno (Juntos por Mogán-Coalición Canaria), ha anunciado que su Ayuntamiento no sufragará “ni un enterramiento más” de los inmigrantes que llegan fallecidos al puerto de Arguineguín o al resto de la costa del municipio. En su opinión, esta factura debe abonarla el Gobierno de España. “Yo sí cedo mis nichos para que haya un enterramiento, no me voy a negar nunca. Pero no puede ser que estemos desamparados”, explica a EL PAÍS. El Ministerio de Migraciones ha declinado hacer comentarios al respecto.

Según los datos de la alcaldesa, la factura de cada uno de los sepelios asciende a 800 euros. El Ayuntamiento afirma haber asumido 16. A esta cifra hay que sumarle otros 26, de los que se encargaron varios municipios tras reclamar ayuda a la Federación Canaria de Municipios (Fecam). “Esto no puede ser”, se queja: “La Delegación del Gobierno ni está ni se le espera: muestran un pasotismo increíble, tanto en esto como en otros asuntos, como la retirada de los cayucos, que es de su competencia y no lo hacen”

Mogán es el municipio en el que se encuentra el puerto de Arguineguín, en el que entre 2020 y 2021 se llegaron a hacinar más de 2.000 personas, un hecho que incluso fue denunciado por el Defensor del Pueblo. El reglamento de política sanitaria mortuoria, que data de 1974 (aunque modificado en 2020), establece en su artículo 9 que los llamados entierros de beneficencia corren a cargo de los municipios. Estos entierros se producen tanto cuando nadie reclama los cuerpos de las personas que fallecen o cuando las personas cuyas familias no pueden hacerse cargo de los costes. Esta situación ha motivado quejas de algunos ayuntamientos en el pasado. En Tenerife, por ejemplo, la práctica totalidad de las personas que entran a bordo de pateras o cayucos lo hace por Los Cristianos, pueblo portuario y centro turístico del municipio de Arona. En primavera de 2021, el consistorio se tuvo que hacer cargo de una treintena de cadáveres y trató de esquivar la obligación alegando que su camposanto estaba saturado.

En el caso de Gran Canaria, la mayor parte de entradas se producen a través del puerto de Arguineguín. Por eso, Bueno alega que cuenta con informes jurídicos que avalan que estas personas migrantes que reposan en su cementerio no murieron en su término municipal, sino en alta mar, aunque su muerte se certificase al desembarcarlos en Arguineguín. Por eso, entiende, corresponde al Estado asumir el coste del enterramiento. Al respecto, su alcaldesa aduce que “son gastos” que tiene que “detraer de los impuestos de los vecinos” del municipio.

Desde que comenzó la crisis migratoria tras el verano de 2020, Onalia Bueno se ha mostrado muy activa en lo que respecta a la inmigración. En noviembre de 2020, durante la crisis humana en el muelle de Arguineguín, alentó manifestaciones por el pueblo en protesta contra la llegada de personas al municipio. El mes anterior había presentado una denuncia por la situación de los extranjeros en el puerto. La jueza que estudió la denuncia la archivó al considerar que en la gestión de esta crisis migratoria no se ha producido delito alguno.

En repetidas ocasiones, Bueno ha reclamado que la base de Salvamento Marítimo se traslade a otro puerto, porque opina que sus rescates condicionan la normalidad en la actividad pesquera y turística del muelle de Arguineguín. Los ciudadanos han premiado esta beligerancia: en las últimas elecciones municipales, la alcaldesa arrasó en el municipio tras lograr 17 de los 21 concejales de la Corporación y el 71,7% de los votos.

Las declaraciones de Bueno se producen en un contexto de reactivación de llegadas desde el mes de julio. Hasta el 14 de septiembre llegaron a las islas 14.359 personas por vía marítima, el 24,6% más que hace un año. Solo en la primera mitad de septiembre llegaron a Canarias 2.920 personas, más del triple que en el mismo período del año pasado y casi la misma cantidad que los registrados durante todo agosto. En los años 2020 y 2021, el grueso de las llegadas se concentró en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, con salidas desde el sur de Marruecos o el Sáhara Occidental y el uso de pateras y neumáticas. La proliferación de cayucos está desplazando el foco a otras islas como El Hierro, la más occidental.

Esta situación ha provocado que el Gobierno de Canarias haya multiplicado su presión al Ejecutivo central para que cree un mando único para la cuestión migratoria y aporte más medios y financiación para atender tanto a los mayores de edad como a los menores no acompañados. La última de estas llamadas de atención la protagonizó este miércoles el propio presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, tras reunirse con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. “Le he trasladado [a Felipe VI] la necesidad de que Europa y el Gobierno de España tomen esta cuestión con la misma seriedad y gravedad con lo que se toman otros asuntos de la Unión Europea”, aseguró en declaraciones posteriores a los medios, a los que vaticinó “un incremento notable de afluencia en esta ruta que, por otro lado, es la más peligrosa”.