Claves del acuerdo de investidura entre Sumar y el PSOE: del salario mínimo al permiso por nacimiento de un hijo

El PSOE y Sumar han hecho público este martes un acuerdo de formación de Gobierno si el candidato socialista logra reunir suficientes apoyos en su investidura, para la que todavía no hay fecha. El pacto incluye la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, además de un amplio paquete de medidas sociales. También se han comprometido a revisar los impuestos a la banca y a las empresas energéticas, a aumentar el parque público de vivienda para alquiler o a ampliar permisos retribuidos por nacimiento. A continuación puede leer un extracto de los compromisos que incluye el documento firmado, de 48 páginas, por ámbitos:

Empleo

Máximo de horas de trabajo a la semana. Se reducirá la jornada laboral máxima legal sin merma salarial para establecerla en 37 horas y media semanales. Su aplicación se producirá de forma progresiva: se reducirá hasta las 38,5 horas en 2024 y se culminará en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los agentes sociales que evalúe los resultados de la reducción.

Según las estimaciones del Ministerio de Trabajo, si el Gobierno consigue el apoyo de los grupos parlamentarios para reducir la jornada a 37,5 horas semanales, esta medida beneficiará a 12 millones de personas asalariadas del sector privado. Es decir, al 83,3% de ellos. Para saber si la medida le afecta, el factor no es cuántas horas trabaja a la semana, sino cuántas especifica su convenio colectivo. Algunos ya recogen jornadas de 37,5 horas o menos, así que no se verían afectados por esta medida. Estos convenios con jornadas más cortas son comunes en el sector financiero, con un 89% de los empleados por debajo de las 37,5 horas, o en el educativo, con un 61%. Estos porcentajes contrastan con los de hostelería o agricultura, con solo un 1% por debajo de esa jornada pactada.

Pacto de rentas. Firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y que estos tiendan a converger con los países del entorno.

Subida del SMI. Aumentará la cuantía del salario mínimo interprofesional a lo largo de la legislatura “garantizándose” en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará para que represente el 60% del salario medio.

Usos del tiempo. Aprobación de una ley de usos del tiempo que, en consenso con todos los agentes de la sociedad, permita avanzar hacia una organización del tiempo más equilibrada entre mujeres y hombres.

Desempleo juvenil. Creación de un plan de choque contra el desempleo juvenil que incluya los mecanismos de formación en alternancia con el empleo a través de contratos laborales.

Despido. El documento aboga por establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento así a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral.

Estatuto del becario y otras medidas. Además, se recoge la aprobación de un estatuto del becario, un plan de choque frente al paro de larga duración que atienda en especial a los mayores de 45 años, una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo y culminar un “Estatuto del Trabajo del siglo XXI”, como una red básica de derechos para todos aquellos que prestan actividades profesionales.

Fiscalidad

Reforma fiscal. El PSOE y Sumar reviven en su acuerdo la gran reforma fiscal que se quedó en el tintero durante la pasada legislatura. El documento promete impulsar “una reforma global del sistema fiscal” que mejore la progresividad y recorte la brecha en presión fiscal con respecto a la media europea (el 42% del PIB frente al 46%) al final de la legislatura. En este sentido, las dos formaciones proponen mejorar la progresividad en el IRPF y los incentivos por hijo, dependencia y cuidados, además de ayudar fiscalmente a autónomos y pymes. El objetivo es que contribuyan más las grandes empresas, altos patrimonios y rentas del capital —”quienes se esfuerzan menos”, menciona el texto—, y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias.

Tipo mínimo en sociedades e impuestos verdes. La reforma asegurará que las grandes empresas paguen un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades sobre su resultado contable, en lugar que sobre la base imponible como actualmente ocurre. “Es decir, sobre los beneficios reales que reciben y no sobre los que dicen recibir”, ha concretado Díaz, con una recaudación estimada de 10.000 millones. El acuerdo también prevé ahondar en la fiscalidad verde, en la que España está rezagada —según el comité de expertos para la reforma fiscal, se podrían ingresar hasta 15.000 millones más—, adoptando medidas compensatorias para las clases trabajadoras. Asimismo, los dos partidos se comprometen a promover un pacto de Estado contra el fraude fiscal.

Impuestos a la banca y las energéticas. Revisión de los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar ha defendido: “Estamos en una situación excepcional y no podemos permitirnos perder estos ingresos”. Además, se evaluarán los resultados del Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, una medida que, al margen de su carácter recaudatorio, pretende armonizar la tributación sobre la riqueza entre comunidades. El documento explica que se realizará en el marco del sistema de financiación, “para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios”.

Agenda verde

Bono social eléctrico y reforma de la luz. Voluntad de duplicar el número de hogares que se pueden acoger al bono social eléctrico y la promesa —abierta— de “continuar profundizando en la reforma mayorista” de la luz, encaminada “a resolver los elementos perjudiciales del actual mecanismo marginalista y los llamados beneficios caídos del cielo”, según el documento.

Pobreza energética. Se establece la revisión y despliegue de la estrategia contra la pobreza energética que refuerce los instrumentos de protección a los consumidores vulnerables.

Ley de Aguas. Actualización de la norma para que blinde el derecho ciudadano de acceso al agua y su gestión en clave de emergencia climática.

Productos básicos, reto demográfico y mundo rural

Monitorización de mercados de productos básicos. Puesta en marcha de un sistema de monitorización de mercados de los principales productos que permita ver fácilmente parámetros como los precios en origen, mayorista y destino, costes de producción, márgenes brutos, volumen de producción, importaciones y exportaciones. Este sistema de monitorización ayudará a asegurar el cumplimiento y desarrollo de la ley de la cadena alimentaria.

Servicios básicos. Aprobación de una cartera de servicios básicos de calidad a menos de 30 minutos del lugar de residencia y de programas de arraigo para el asentamiento de nuevas familias en pequeños municipios.

Bioeconomía. Creación de líneas de ayudas para impulsar proyectos innovadores y sostenibles de bioeconomía en el mundo rural.

Bienestar social

Carestía de los alimentos. Apoyo a los ciudadanos frente al efecto que el encarecimiento de los alimentos y la subida de los tipos de interés tiene sobre la renta disponible de la ciudadanía mediante ayudas directas focalizadas para las familias más vulnerables.

Permisos. Extensión del permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas

Ingreso Mínimo Vital. Refuerzo y mejora del IMV simplificando los requisitos exigidos y mejorando los sistemas de acceso.

Atención primaria. Impulso de un plan de choque para fortalecer la atención primaria en todo el Estado que permitirá a las comunidades autónomas aumentar plantillas, mejorar infraestructuras y modernizar el equipamiento de sus centros sanitarios

Listas de espera. Establecimiento por ley de unos tiempos máximos de espera en el Sistema Nacional de Salud: 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas y 30 días para pruebas complementarias, con independencia del lugar de residencia. En el caso de la salud mental, la garantía de tiempo máximo de espera será de un máximo de 15 días para jóvenes, adolescentes y menores de 21 años.

Educación

Universalización de la educación de 0 a 3 años. Al final de la legislatura el acceso a la educación pública para niñas y niños de 2 años será universal.

Vivienda y transporte

Parque público. Aumento de las viviendas públicas para alquiler asequible a través de inversión pública a medio y largo plazo, para elevar su peso hasta el 20% del parque total, y poniendo a los jóvenes en el centro del acceso.

Alojamientos turísticos. Revisión de la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas.

Vuelos nacionales. Impulso de la reducción de los vuelos nacionales en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales.

Violencia machista, igualdad y derechos sociales

El acuerdo incluye un apartado específico relacionado con la igualdad y la violencia machista en varias de sus formas que han llamado España, un referente feminista; una elección de título que supone un posicionamiento claro en un momento político y social polarizado en torno al feminismo, y en un contexto parlamentario en el que coexisten el feminismo, el negacionismo de la violencia machista con Vox, y la postura, tibia, del Partido Popular.

Todos los puntos, 16, continúan la línea que ha seguido el Gobierno de coalición, ahora en funciones, con un especial hincapié en torno a la violencia, que se refleja en la renovación y el blindaje del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y la “dotación suficiente” para prevenir, reforzar, proteger y reparar a las víctimas.

Incluyen entre los puntos del acuerdo otras herramientas cuya ausencia o implicación deficiente ha quedado patente en los últimos años, como el trabajo que puede hacerse desde los centros de salud o servicios sociales. Y lo amplían a “las formas de violencia no suficientemente reguladas en la actualidad”, como “la trata con fines de explotación sexual, el acoso sexual, el acoso laboral por razón de sexo, los ciberdelitos o la violencia vicaria”.

Ley de cuidados. Entre las cuestiones más novedosas, la Ley de Cuidados; y el “apoyo a las familias monoparentales, compuestas mayoritariamente por mujeres”, con medidas “para reducir la feminización de la pobreza, equiparar en derechos a estas familias, especialmente en el ámbito de los cuidados, con la garantía para las familias monoparentales con dos o más hijos del mismo nivel de protección social del que hoy gozan las familias numerosas”.

No discriminación en la reproducción asistida. Y entre las no tan novedosas pero que aún suponen un fleco, el compromiso de que estén realmente operativas las Unidades de Valoración Forense Integral (cuya creación contempla la ley de 2004 contra la violencia de género); la educación sin sesgos de género; el acceso a técnicas de reproducción asistida financiadas por el sector público para mujeres, “asegurando la no discriminación de mujeres lesbianas o sin pareja”; la puesta en marcha de los centros de crisis para víctimas de violencia sexual; o un protocolo para los hospitales “para la custodia de la prueba y la puesta en conocimiento del juzgado de aquellos casos de mujeres que hayan podido ser víctimas de la denominada sumisión química”.

Ley contra el racismo. También se prevé la aprobación de una ley contra el racismo e impulso de un pacto de Estado a favor de los derechos de las personas LGTBI+ y para la erradicación de los discursos de odio y discriminación.

Modelo territorial

Financiación autonómica. Impulso de un nuevo modelo de financiación autonómica. Mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de las comunidades autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado.

En la comparecencia posterior a la firma del acuerdo, Yolanda Díaz ha asegurado que se abordará este sistema de financiación autonómico, algo que hubiera tenido que llevarse a cabo en 2014 y cuya negociación se ha complicado tras los comicios regionales de mayo: el bloque de derechas ya gobierna en la mayoría de las comunidades. La líder de Sumar ha señalado que la reforma “corregirá la infrafinanciación” que afecta a algunos territorios, lanzando un guiño a la Comunidad Valenciana, ahora gobernada por el PP, y que junto a Murcia es la autonomía peor financiada del país.

Memoria democrática y justicia

Memoria democrática. Desarrollo de la Ley de Memoria Democrática e impulso de las exhumaciones, culminando la resignificación de Cuelgamuros y avanzando en el reconocimiento del exilio republicano y de los lugares de memoria.

Bebés robados. Impulso de una ley de “bebés robados” que garantice verdad, justicia y reparación para todas las víctimas.

Ley mordaza. Reforma y derogación de aquellos aspectos de la normativa vigente que limitan los derechos de reunión y libertad de expresión,tanto en la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, como en el Código Penal.

Economía

Concentración empresarial y competencia. Reforzar los instrumentos para limitar la excesiva concentración empresarial y promover la competencia en los mercados con una regulación y supervisión adecuadas. Para ello impulsarán una revisión de la Ley de Defensa de la Competencia, de 2007, y de la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de 2013.

Clientes de los bancos. Puesta en funcionamiento de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para proteger a la ciudadanía con sus reclamaciones en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera. Eliminación de las comisiones por retirada de efectivo en ventanilla. Además, se acuerda reforzar los derechos de las personas consumidoras. Se aprobará una nueva Ley de Condiciones Generales de la Contratación y una Ley de Servicios de Atención a la Clientela.

Acceso a la banca. Promover un plan, en coordinación con el Banco de España, para evitar la exclusión financiera de algunos colectivos sociales y las consecuencias derivadas del cierre de oficinas y cajeros en los territorios con menor población.

Ciencia

I+D+i. Fortalecimiento de la I+D+i, desarrollando la Ley de la Ciencia aprobada en 2022.

Investigadores. Mejorar las condiciones laborales de los investigadores, con la aprobación del Estatuto del Personal Docente Investigador, que desarrolle, entre otras cuestiones, el sexenio de transferencia de conocimiento.

Igualdad. Fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres dentro del ámbito científico. Entre otras medidas, se convocará el distintivo de igualdad como sello de calidad científica.

Talento. Seguirán desarrollando el Plan de retención y atracción del talento científico e innovador y el Plan de Transferencia y colaboración del conocimiento para acelerar la innovación en España.

Consulte el texto del acuerdo de gobierno suscrito por el PSOE y Sumar. Si no puede verlo, pinche aquí.

Con información de Ignacio Fariza, Laura Delle Femmine, Cristina Galindo, Manuel Planelles, Emilio Sánchez Hidalgo e Isabel Valdés.