Bruselas sopesa la petición de mediar entre Gobierno y oposición para renovar el Poder Judicial

Bruselas está sopesando la petición del Gobierno español y del PP para mediar entre ellos y desencallar de una vez por todas la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de todos los jueces de España, que se tendría que haber realizado hace cinco años según marca la Constitución. “Las autoridades españolas han pedido a la Comisión que facilite las conversaciones para avanzar en la reforma del CGPJ”, ha confirmado un portavoz del Ejecutivo comunitario este sábado. “Estamos reflexionando sobre esta petición”, ha añadido. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ya se ofreció el año pasado a desatascar la situación aprovechando un viaje a España. El PP considera que Reynders, de la familia política liberal europea, es la persona “adecuada” y “procedente” para desempeñar ese papel de mediación. En el Gobierno no ponen objeciones, aunque tampoco verían con malos ojos que fuese la liberal Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de valores y transparencia.

En la misma respuesta escrita a este diario, la Comisión Europea recuerda cuál es su posición en este asunto, en el que ya ha dado muestras más de una vez de una impaciencia creciente por la no renovación del órgano español: “Para la Comisión, la falta de nombramientos de los miembros del CGPJ es importante y es señalado como un asunto prioritario”, afirma. El órgano ejecutivo de la UE insta a que, “inmediatamente después de la renovación, se inicie un proceso para adecuar el sistema de nombramientos a las normas europeas, a fin de garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida”. Es decir, el planteamiento de la Comisión es que primero se renueve la composición del CGPJ con la ley vigente y luego se cambie la ley para futuras renovaciones. Reynders instó a principios de mes a aplicar ese procedimiento —primero renovar, luego cambiar la ley—, aunque apostilló que estaba abierto a otras opciones si eran fruto de un acuerdo entre el PP y el PSOE.

Ya en otoño de 2022, Reynders buscó jugar un papel para que la situación se desbloqueara. Lo hizo aprovechando un viaje a España, pero el Gobierno no lo acabó de ver claro. Que el popular Esteban González Pons, entonces eurodiputado, se reuniera de forma discreta con él antes de su visita y con nadie del PSOE fue visto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez como una maniobra sospechosa. Esta vez parece diferente, pues el viernes fueron el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quienes presentaron esta insólita petición de mediación a la Comisión Europea.

Por ahora, solo se sabe que los planes de socialistas y populares son que los negociadores de ambas partes —el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y González Pons, vicesecretario general del PP responsable de Asuntos Institucionales— se pongan en contacto la próxima semana. Esa es al menos la intención del Gobierno, que quiere agilizar las negociaciones.

“No hay precedentes”

Alberto Alemanno, profesor Jean Monnet de Derecho de la UE en la escuela de negocios HEC París, apunta que “el intento de meter a la Comisión en una reforma doméstica de la justicia no tiene precedentes”. “Lo considero una pendiente resbaladiza en la medida en que la UE no es la guardiana del orden constitucional español. Ese es el trabajo de las instituciones españolas”, añade.

Tampoco ve precedentes de ese tipo de mediación Daniel Sarmiento, profesor de Derecho de la UE en la Universidad Complutense de Madrid. Él defiende que el Ejecutivo comunitario tenga “un papel más activo y mediador”. Como apunta en un artículo reciente, cree que es bueno que el Ejecutivo comunitario tenga un papel más “creativo” y no se quede en “un enfoque sancionador” limitado a la aplicación de los mecanismos tradicionales y verificar el cumplimiento de las normas. Plantea esta salida para una situación como la que se da en el caso español, porque “cuando la oposición secuestra la maquinaria institucional del poder judicial de un Estado miembro”, un fenómeno que tiene pocos precedentes, actuar con los medios tradicionales de los que dispone la Unión resulta ineficaz.

Fuentes diplomáticas, no obstante, recuerdan que, si bien no lo llama mediación, “la Comisión interviene con frecuencia en cuestiones institucionales nacionales como órganos reguladores, estatutos de bancos nacionales y organismos jurisdiccionales de diversa índole”. “Por supuesto, hablar de mediación es incorrecto en sentido jurídico y político. Pero en los informes por país en el semestre europeo y en otras ocasiones, la Comisión entra, cada vez más, en cuestiones institucionales”, analizan.

Impaciencia creciente

El Consejo General del Poder Judicial está formado por 20 vocales: 12 jueces y 8 juristas de reconocido prestigio que son designados por el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos (por eso se necesita el acuerdo entre el PSOE y el PP). El matiz es que los 12 vocales jueces son elegidos por las Cortes pero a partir de una lista de candidatos elaborada previamente por los propios jueces de carrera. El PP quiere cambiar ese modelo de elección de forma que los jueces elijan directamente, sin participación del Parlamento, a los vocales jueces; y subraya que esa es también la directriz que marca la Comisión Europea: cambiar el método de elección en ese sentido.

Si finalmente Reynders acepta ejercer de mediador, podrá decirles a ambas partes en privado lo que dice desde hace años una vez tras otra en público: que renovar el CGPJ es urgente y que, una vez hecho, España tiene que reformar el mecanismo de nombramiento en ese órgano. El belga, por ejemplo, lo hizo de forma solemne en el Parlamento Europeo en el debate promovido por el Partido Popular en la Eurocámara a cuenta de la amnistía el 22 de noviembre. Hasta tal punto es así que dedicó más tiempo a la no renovación del CGPJ que a la propia ley de amnistía. También se lo hizo saber en persona a Bolaños en la visita que le hizo en Bruselas al comisario ocho días después.

La impaciencia que muestran los responsables europeos ante la situación de bloqueo del CGPJ puede verse con claridad en los informes anuales sobre el Estado de derecho de la UE. En su última edición, en verano de este año, exigía la renovación urgente porque su falta “está afectando al trabajo del Tribunal Supremo y al sistema judicial en su conjunto”.

Se refería el informe al hecho de que, al llevar cinco años en funciones, el CGPJ tiene limitadas sus competencias y no puede hacer nombramientos, algo que se debe a una modificación legal que hizo el Gobierno de coalición en la legislatura pasada para obligar al PP a sentarse a negociar.