Pedraz renuncia a investigar al hijo de Obiang por secuestro y torturas y cede el caso a Guinea Ecuatorial

El juez Santiago Pedraz ha acordado ceder la jurisdicción a Guinea Ecuatorial para que investigue a uno de los hijos del presidente Teodoro Obiang Nguema, al ministro del Interior y al director general de Seguridad de ese país imputados en España por el secuestro, torturas y desaparición con finalidad terrorista de cuatro opositores guineanos residentes en España, uno de ellos fallecido hace un año en circunstancias no aclaradas.

El magistrado de la Audiencia Nacional da por verosímil la supuesta investigación abierta por las autoridades de ese país contra Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia, y acuerda en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS, que se remitan todas las diligencias previas del caso a la Corte Suprema de Justicia de la antigua colonia española, incluyendo los testimonios de los testigos protegidos que han declarado en España. La decisión es recurrible ante la Sala.

Juez y parte

Teodoro Obiang, padre del principal investigado, es, en tanto Jefe del Estado, el presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y máxima autoridad. La Constitución ecuatoguineana le atribuye, además, la potestad de nombrar y separar del cargo al fiscal general de la república. Para salvar de las garras de la justicia francesa a su hijo Teodorín, actual vicepresidente, el autócrata protagonizó en 2017 una maniobra idéntica en el denominado caso de los bienes mal adquiridos. Los jueces de ese país no admitieron el engaño y fue juzgado y condenado en ausencia a tres años de cárcel por blanqueo de capitales. Se le confiscaron todos sus bienes en Francia.

Los cuatro opositores, Feliciano Efa Mangue, Julio Obama Mefuman, Martín Obiang Ondo y Bienvenido Ndong Ondo fueron secuestrados mediante engaño, en noviembre de 2019, en Yuba, capital de Sudán del Sur, trasladados en el avión del presidente Obiang a la ciudad guineana de Mongomo, ingresados en las celdas de la prisión Oveng Azem y torturados. Se los sometió a juicio por un supuesto golpe de Estado y fueron condenados a penas de entre 60 y 90 años. Obama, de 61 años y doble nacionalidad, española y ecuatoguineana, falleció en enero del año pasado. El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y todos los partidos del Parlamento Europeo han pedido sin éxito la repatriación de su cuerpo.

Decisiones controvertidas

La decisión del juez Pedraz de ceder la jurisdicción a un país sin garantías democráticas, cesión contraria a las peticiones del fiscal Vicente González Mota y del letrado de los querellantes Aitor Martínez, no ha sido una sorpresa. Las actuaciones del magistrado han causado “estupor” y “estupefacción” en medios judiciales consultados al tratarse de un caso sensible donde se investigan delitos de lesa humanidad. Exteriores reconoce que desde hace más de un año no sabe nada de los tres secuestrados que siguen encarcelados.

El 29 de noviembre de 2022, el magistrado dio un giro radical e inesperado en la investigación secreta que había abierto un año antes contra Carmelo Ovono Obiang, el hijo del dictador, con residencia, cuentas, propiedades y sociedades en España. Esa noche los policías que investigaban el caso le informaron que se encontraba durmiendo en un hotel de Madrid y que le estaban vigilando. Pedraz ordenó que se le entregara copia de la querella y que designara abogado. Dos semanas antes, cuando esperaban que llegara España por el aeropuerto de Madrid-Barajas y lo aguardaba un operativo policial, había ordenado lo contrario: que lo detuvieran, le requisaran su móvil y elementos electrónicos y lo pusieran a disposición judicial. Esa misma madrugada, Ovono Obiang tomó un avión a Malabo y no ha vuelto a pisar suelo español. Quince días después moría Julio Obama. Fuentes policiales no ocultaron su malestar por el cambio de criterio judicial.

Durante la instrucción, el juez se ha negado, en varias ocasiones, a dictar la orden de búsqueda y captura internacional que reclaman la fiscalía y los querellantes. También, cuando los tres investigados: el hijo de Obiang, Nicolás Obama, ministro del Interior, e Isaac Nguema Endo, director de Seguridad, le dieron plantón el pasado mes de marzo y no acudieron a prestar declaración por videoconferencia. Antes habían logrado evitar su declaración presencial alegando “compromisos públicos” que les impedían viajar. Argumento que bastó al magistrado para citarles por videoconferencia. La previsible declaración de rebeldía nunca llegó.

Ahora, el juez da por buena la comisión rogatoria remitida hace varias semanas por las autoridades guineanas en la que se afirma haber iniciado un procedimiento por los mismos hechos y asegura que “concurren los requisitos para que no puedan perseguirse los delitos investigados en España y con ello acceder a la cesión de la jurisdicción”. “La solicitud de cesión es clara en cuanto indica que se trata de los mismos hechos y consta que se ha iniciado un procedimiento para su investigación y los investigados no se encuentran en territorio español”. La rogatoria enviada a España no incluye ningún detalle sobre declaraciones, pesquisas, requerimientos a los investigados, indagaciones u otras acciones obligadas en cualquier procedimiento.

Seguimientos y vigilancias

Pedraz añade que no puede poner en duda de que se trate de otros hechos o “que el procedimiento adolezca de falta de imparcialidad o sea meramente instrumental”. Argumenta su decisión señalando que no hay base para sostener que hay hechos cometidos en España y afirma que por el contrario se cometieron en Sudán del Sur y en Guinea Ecuatorial. Para el magistrado los seguimientos y vigilancias en Madrid a las víctimas de15 detectives y el engaño para que viajaran a Yuba “son meras manifestaciones” que no se acreditan. Señala que ese espionaje, demostrado en un detallado informe de la Policía, no es delito, que no consta a que obedeció y que se produjo un año antes del secuestro. La Policía identificó a Filemón Ndong Molo, director general de Seguridad de la Presidencia, como el misterioso hombre que pagó a las agencias de detectives. El auto añade que la cuenta del hijo de Obiang en el BBVA, cerrada por el banco después de que ingresara 800.000 euros en billetes de 500 no supone indicios de blanqueo.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 5, rechaza la petición de los querellantes para que declare Juan Carlos Ondo Angue, expresidente de la Corte Suprema de Guinea Ecuatorial, el organismo que supuestamente investiga ahora a los querellados. Pedraz afirma “que no se está juzgando al régimen guineano ni a su poder judicial”. Este testigo ha presentado en la causa una nota informativa dirigida al presidente Obiang el 20 de octubre de 2017 en la que informaba de que había abierto en su calidad de presidente de ese organismo una “causa penal ficticia” para evitar el juicio al que estaba siendo sometido en Francia su hijo Teodorín. Con su testimonio quería demostrar que ahora se pretende ejecutar la misma maniobra. Ondo tuvo que huir de su país protegido por varios embajadores europeos, entre ellos el español, cuando hombres armados y encapuchados se presentaron para detenerlo en su domicilio. Desde entonces vive en París y acaba de ser nombrado líder de la oposición en el exilio.

La defensa de los tres querellados la representa el exjuez de la Audiencia Nacional y excompañero de Pedraz Javier Gómez Bermúdez, hoy en el despacho Ramón y Cajal Abogados.