El PP mete en el cajón su propuesta de disolución de partidos independentistas

La propuesta estrella del PP como alternativa a la amnistía del PSOE, un nuevo delito de “deslealtad constitucional” que castigaría con la disolución a los partidos políticos que promovieran un referéndum ilegal o una declaración unilateral de independencia, tendrá que esperar. La dirección popular ha decidido meterla de momento en un cajón y posponer su registro en el Congreso con el argumento de evitar que opere como cortina de humo del debate sobre la medida de gracia. El PP ha dejado pasar la oportunidad de incluirla en las enmiendas parciales a la ley de amnistía y tampoco tiene prisa en registrarla como una iniciativa independiente en el Congreso. Los populares sostienen que siguen defendiendo que su propuesta de un nuevo tipo penal es “imprescindible”, pero al mismo tiempo son conscientes de que la disolución de partidos es muy controvertida y eclipsa el debate sobre la medida de gracia. Alberto Núñez Feijóo se abrió a suavizarla, mientras voces del PP la cuestionan y piden clarificarla: “Es difícil de explicar”.

El debate sobre las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía, celebrado el pasado 10 de enero en el Senado, evidenció que al PP se le ha atragantado su propuesta alternativa a la medida de gracia. Ese día, la disolución de partidos, que el Partido Popular había incluido en su enmienda a la totalidad, eclipsó la discusión sobre la amnistía, el asunto en el que prefería poner el foco el principal partido de la oposición. En su lugar, además, el PP recibió críticas a su planteamiento de todos los grupos parlamentarios, hasta de Vox, pese a que está de acuerdo en ilegalizar a las formaciones independentistas, que afeó a los populares los titubeos expresados por Feijóo. La enmienda a la totalidad del PP decayó y, por tanto, el delito de deslealtad constitucional terminó de momento su andadura parlamentaria. Por ahora no va a ser registrada de nuevo hasta que los populares encuentren el momento político oportuno, apuntan en la dirección popular, para no regalarle al Gobierno, indican, una cortina de humo para tapar la amnistía.

La iniciativa es cuestionada por algunos juristas, que consideran que disolver formaciones políticas que promuevan un referéndum ilegal o declaraciones unilaterales de independencia supondría un giro de 180 grados en la concepción de la organización democrática avalada por el Tribunal Constitucional.

Pero dentro del PP también hay voces críticas con esta propuesta legislativa. Dirigentes populares de peso consideran “sorprendente” la propuesta, que el partido anunció el pasado 3 de enero, y la encuentran “difícil de explicar”.

Otras fuentes del partido critican además los “bandazos” del PP en el trato a las formaciones independentistas, porque la dirección ha defendido que Junts es un interlocutor político válido ―y de hecho el líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha reconocido haber mantenido reuniones con algunos de sus máximos representantes― y al mismo tiempo apuesta por promover su disolución si recae en las conductas del procés. “Por la mañana me reúno en secreto, y por la tarde te ilegalizo”, ironiza un dirigente popular sobre la actitud del PP con el partido de Carles Puigdemont.

Estas voces piden que la propuesta de disolución de partidos se “defina bien”, teniendo en cuenta que la democracia española no es militante. “Nuestra democracia puede ilegalizar actos, no ideas. Por lo tanto, esos actos, potencialmente motivo de ilegalización, deben quedar perfectamente tipificados”, reclaman.

En cambio, en Génova defienden que la iniciativa tiene buena aceptación no solo entre el electorado de Vox, sino también en parte del electorado del PSOE, y sobre todo entre los jóvenes.

La propuesta del PP dice que cuando una persona jurídica ―como un partido― sea responsable de un delito de convocatoria de referéndum ilegal o de declaración unilateral de independencia, que se tipificarían como tales, “se le impondrá la pena de disolución, salvo que la persona jurídica realice antes de la apertura de juicio oral actos inequívocos de colaboración activa dirigidos al esclarecimiento de los hechos y la restauración del orden constitucional, en cuyo caso se le impondrá la pena de suspensión de actividades de seis meses a cinco años o pena de multa de seis meses a cinco años”.

Tras las críticas que recibió nada más hacerse pública, Feijóo se abrió el pasado 9 de enero a suavizarla, en el sentido de que se plantee primero la suspensión del partido político “y luego, solo en casos muy agravados, se produzca la disolución”, dijo el líder del PP, que se mostró abierto a modificarla en la tramitación parlamentaria. De momento, el PP deja en el aire cuándo la volverá a registrar.