El caos de los solicitantes de asilo en Barajas cumple un mes sin solución a la vista

Hace justo un mes que tres jueces requirieron al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que adoptaran “con carácter urgente” medidas que pusieran fin al “hacinamiento” que sufrían 250 solicitantes de asilo ―entre los que había 19 menores― que permanecían retenidos en diferentes salas del aeropuerto de Barajas (Madrid). Lejos de resolverse, el caos en la gestión del asilo en Barajas se ha convertido en un problema para el ministro Fernando Grande-Marlaska. Lo que era una vía marginal para pedir protección en España ha pasado a ser en pocos meses un recurso que están explorando cientos de personas, de cada vez más nacionalidades. Solo del 1 de diciembre hasta el 15 de enero, se tramitaron en el aeródromo madrileño 847 solicitudes de protección internacional, un número inaudito. Y no hay solución a la vista.

De momento, España impone desde el sábado un visado de tránsito a los ciudadanos con pasaporte de Kenia. Es una manera de intentar frenar la constante llegada de somalíes que hacían escala en España y pedían asilo con documentación de ese país. Al exigirse este requisito que solo permite transitar por la zona internacional de los aeropuertos, donde se puede pedir el asilo, el filtro se endurece y el viajero que quiere hacer escala en España está obligado a cumplir una serie de trámites. Pero esto no soluciona el problema. En las últimas semanas, ha destacado el número de senegaleses y marroquíes que también están utilizando esta vía. El ministro del Interior dijo el viernes en su visita a Rabat que se estudiaría qué medidas tomar respecto a los visados de tránsito, algo que compete al Ministerio de Asuntos Exteriores. “Si hay que introducir visados de tránsito, se introducirán en su forma debida para evitar estas utilizaciones”, declaró. No está claro que vaya a hacerse: España tiene estrechas relaciones con ambos países, y eso dificulta que se imponga a sus ciudadanos este requisito para hacer escala en aeropuertos españoles. Fuentes de Interior, de hecho, descartan que se vaya a pedir, al menos, para los marroquíes.

La constante llegada de viajeros que han aprovechado su escala en Madrid para pedir asilo ha provocado recurrentes escenas de hacinamiento en las tres salas del aeropuerto que están destinadas para alojar a este perfil, mientras se estudia si se admite a trámite o no su solicitud. Las condiciones de insalubridad de estos espacios han provocado las denuncias de sindicatos policiales, como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), y los vídeos que han trascendido han mostrado suciedad, aglomeraciones y chinches en espacios donde también conviven menores de edad. En lo últimos días, Interior ha acabado asumiendo las labores de limpieza y desinfección. A las condiciones de alojamiento se sumaron además dos fugas hace dos fines de semana: al menos 26 personas, todas marroquíes, según fuentes policiales, se escaparon de las salas del aeropuerto. Llevaban, al menos, 20 días esperando una respuesta a su solicitud. De la mayoría de ellas no se tiene noticia.

Para aliviar la congestión, el Ministerio del Interior pidió autorización a un juez para trasladar a medio centenar de los solicitantes de asilo al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), el lugar en el que se encierra a los inmigrantes antes de su devolución a sus países de origen. El juez aceptó el traslado el martes, pero la Fiscalía pidió la nulidad del auto judicial dos días después. “No es posible, con carácter general, acordar el internamiento en el CIE de personas solicitantes de asilo”, mantuvo la fiscal. El ministerio público entendió que la condición de solicitantes de asilo no puede equipararse a la de extranjeros en situación irregular y que, por tanto, un centro de internamiento no era el lugar adecuado para alojarlos. Y el juez revocó su propia decisión. “Este juzgado carece de competencia para decidir sobre la dependencia en que los solicitantes de asilo han de esperar la resolución de su solicitud”, mantiene en el nuevo auto. Según fuentes presentes en el aeropuerto, el viernes permanecían allí unas 300 personas.

Aunque se ha reforzado el personal de policía dedicado a las entrevistas, la falta de agentes para asumir tal volumen de peticiones está dilatando los plazos hasta el punto de que las esperas, que deberían ser de entre 4 y 14 días, acaban llegando al mes. El aeropuerto ha concentrado ahora todos los focos, pero el sistema de asilo español lleva años al borde del colapso. Solo en 2023, 166.220 personas pidieron asilo, la inmensa mayoría de ellas dentro ya del territorio español. Son sobre todo venezolanos, colombianos y peruanos que entran en España como turistas. Los refuerzos que el ministerio ha dedicado a la Oficina de Asilo y Refugio no han sido suficientes para gestionar con celeridad los expedientes y garantizar que los interesados puedan acceder al procedimiento: las demoras en la resolución pueden llegar a los dos años (cuando no deberían superar los seis meses), y conseguir una cita en una comisaría para solicitar protección es una tarea hercúlea.

El escenario actual en Barajas se venía cocinando hace meses. Ya en verano, como reveló EL PAÍS, saltaron las alertas por el alto número de personas con pasaporte de Kenia que aparecían en Barajas pidiendo asilo. En realidad, no eran kenianos, sino refugiados somalíes, que con pasaportes comprados por unos cientos de euros, tomaban un avión para poder viajar a Latinoamérica con escala en España. Al llegar a Madrid, o al ser devueltos en su destino, se dirigían a la Policía Nacional para pedir asilo. Entre los extranjeros hay, por tanto, refugiados procedentes de países en descomposición, como Somalia, pero en las últimas semanas la brecha se abrió y han llegado decenas de marroquíes y senegaleses, cuyas situaciones no necesariamente cumplen las condiciones para recibir protección. En el caso de estas nacionalidades, la policía denuncia que habían destruido su documentación, lo que, por un lado, les permite simular otra nacionalidad con más posibilidades de recibir protección y, por otro, dificultan su expulsión una vez se rechace su petición. En cualquier caso, sin pasaportes, las verdaderas nacionalidades de los que están llegando son un dato difuso.

El ministro Grande-Marlaska ha hablado de “uso fraudulento de las escalas” aeroportuarias, mientras que fuentes policiales hablan directamente de “uso torticero del asilo”. El Sindicato Unificado de Policía ha sido tajante en su crítica a las aerolíneas por no controlar el perfil de sus pasajeros y, sobre todo, en su exigencia de imponer visados de tránsito a los ciudadanos de países que están utilizando el aeropuerto para quedarse en España. No es nuevo. Cada vez que una nacionalidad específica ha llamado la atención por pedir asilo en un aeropuerto español, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha impuesto visados de tránsito para evitarlo. Ocurrió en 2011 con ciudadanos sirios; en 2018, con palestinos refugiados en Líbano; en 2020, con yemeníes; en 2021, con haitianos; en 2022, con turcos; y en 2023, con burkineses.