Tsunami Democràtic: un “mero perfil de Twitter” o una “organización terrorista”

El juez Manuel García-Castellón ha concluido que Tsunami Democràtic fue una “organización terrorista” creada para “subvertir el orden constitucional” en la que el expresidente catalán Carles Puigdemont ejerció “una posición ejecutiva de liderazgo”. El fiscal Miguel Ángel Carballo, que ha dirigido desde 2017 en la Audiencia Nacional las acusaciones contra dirigentes independentistas en el procés, lo niega: “Tsunami Democràtic, en lo que se ha podido acreditar en el procedimiento, no deja [de ser] más que un perfil de Twitter y en su fase más avanzada, una app diseñada para acceder a códigos QR que permitieran el conocimiento de comunicados emitidos por esa supuesta entidad (...), resultando a lo sumo algo que se convertiría en un banderín de enganche para diversas actividades, algunas de carácter delictivo”, pero en ningún caso terrorismo. “Los indicios consignados sobre Puigdemont resultan insuficientes para imputarle”, concluyó también el fiscal.

El juez envió una exposición razonada al Supremo para que investigue a Puigdemont, dada su condición de europarlamentario aforado ante ese tribunal. Tras estudiar la petición de García-Castellón y sin analizar los argumentos de Carballo, la junta de fiscales de lo Penal del Supremo resolvió por 11 votos frente a cuatro que existen indicios suficientes para imputar a Puigdemont por terrorismo. La decisión final queda en manos de la teniente fiscal del Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, quien analizará la exposición del juez García-Castellón y el recurso del fiscal Carballo, para decidir si hay indicios suficientes contra Puigdemont e informar a los cinco magistrados del Supremo encargados de la causa.

Lo que sigue resume los argumentos del juez y del fiscal sobre unos hechos cuya interpretación afectará a la aplicación de la futura ley de amnistía.

Exposición razonada sin concretar ni precisar los hechos

El juez García-Castellón dictó un auto el 6 de noviembre de 2023, cuatro años después de abierta la investigación, en el que apuntaba indicios de terrorismo sobre diversas personas que “había que esclarecer”. Aunque existían dos políticos implicados (el europarlamentario Carles Puigdemont, fugado de la justicia, y el diputado autonómico de ERC Ruben Wagensberg), el juez entendió que no procedía enviar una exposición razonada al Supremo: “Será necesario concretar con mayor precisión su participación en los hechos”. García-Castellón citó la jurisprudencia del Supremo para justificar su negativa: “No se fija la competencia de la Sala Segunda más que cuando se comprueba que existen indicios sólidos de responsabilidad frente a un aforado. No son suficientes las posibilidades más o menos cercanas, o las alusiones indirectas (...) Es necesario que existan indicios fundados y serios y una imputación clara y concreta o apoyo probatorio”. Solo 15 días después de este auto, el juez García-Castellón envió la exposición razonada al Supremo contra Puigdemont y Wagensberg pese a que, según el fiscal, no se hicieron nuevas diligencias para concretar con precisión la participación en los hechos de ambos políticos. “La remisión de la exposición razonada”, escribe el fiscal Carballo, “viene a ser una suerte de reforma de oficio del auto del propio juez, sin fundamento alguno, sin nuevos hechos acreditados y sin que se haya practicado ninguna diligencia que haya recogido nuevos indicios de responsabilidad criminal respecto de Wagensberg y Puigdemont”.

La reunión de Ginebra cuyo contenido se desconoce

García-Castellón sostiene que Puigdemont tuvo “una posición de dominio en las acciones ejecutadas por Tsunami Democràtic” y señala, entre los indicios contra el expresidente, una reunión celebrada en Ginebra entre los días 29 y 31 de agosto de 2019, “donde pudo haberse planificado la actuación de Tsunami Democràtic”. El fiscal Carballo acusa al juez de presuponer “sin fundamento alguno” que en la reunión de Ginebra se trató el tema de Tsunami: “Ello no resulta sino una presunción basada en el mero hecho de que tres días después se publicase en Twitter por primera vez un perfil relacionado con esa plataforma”. El fiscal censura al juez por atribuir unas declaraciones a la dirigente Marta Vilalta que nunca pronunció y, para demostrarlo, reproduce la información de EL PAÍS del 2 de septiembre de 2019, donde Vilalta niega que los partidos estuvieran detrás de las movilizaciones de Tsunami Democràtic, aunque tenían conocimiento de su creación.

Mensajes directos sobre Tsunami y el presidente

El empresario gerundense Josep Campmajó escribió un mensaje a Josep Lluís Alay, director de la oficina de Puigdemont: “El lunes 26 de agosto se dará a conocer los perfiles de la campaña Tsunami Democràtic como respuesta a la sentencia del Supremo. Supongo que desde Òmnium [Cultural] informarán directamente al presidente Puigdemont”. El juez García-Castellón concluye: “Se puede considerar que tanto esta fundación como Puigdemont podrían haber participado en la aparición de la organización”. El fiscal Carballo saca una conclusión contraria: “Lo que se deduce precisamente es que si hay que informar a Puigdemont de los perfiles de la campaña es que no está al tanto de ella y no ha participado en su elaboración”.

Puigdemont a un empresario: “Si hay un muerto (...), perderemos”

En los informes elaborados por la Guardia Civil se incluye una única conversación en la que participa Puigdemont con Josep Campmajó.

- Campmajó. Se han abierto tantas rendijas que hace aguas. En la calle todo son facciones. Reflejo de lo que pasa en el Gobierno. Sé que las imágenes no ayudan a tu petición de extradición. Nada, aunque es la p... realidad. La realidad no son los informes de los mossos, ni de Interior, ni del que está espantado”.

- Puigdemont. “(...) El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro y confirmará lo que yo siempre he dicho (y que me llevó a decidir ir al exilio): perderemos”.

El juez sostiene que, con esta afirmación, “Puigdemont parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales, y su capacidad, en tanto que ostentaba el dominio de la acción, para frenar esta posibilidad”. Sin embargo, el fiscal no encuentra en esas conversaciones “indicio de culpabilidad respecto de Puigdemont” y destaca que en los informes de la Guardia Civil “no se dedica ni apartado ni capítulo concreto a Puigdemont ni se le atribuyen hechos concretos en relación con actividades delictivas relacionadas con Tsunami”.

Sin datos sobre inducción a actos violentos

El fiscal Carballo reflexiona sobre las protestas en el aeropuerto del Prat y en la autopista AP-7, a las que considera desórdenes públicos agravados, pero no terrorismo: “Sin minusvalorar la gravedad que supuso para la convivencia pública en una zona determinada de España y en un periodo corto de tiempo (...) era una plataforma para distribuir consignas dirigidas de manera genérica a aquellos que eventualmente tuviesen una predisposición a realizar actos como los cometidos en el aeropuerto del Prat o en la carretera AP-7 (...) No consta en el procedimiento ni un solo dato que permita imputar a los investigados su criterio favorable a los mismos, a la ejecución de actos violentos contra cuerpos policiales y menos aún su inducción, cooperación o participación”.