García-Castellón insta a Suiza a dejar fuera de una reunión sobre el ‘caso Tsunami’ al Ministerio de Justicia

La desconfianza mutua entre el juez instructor del caso Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, y el Gobierno de Pedro Sánchez escala a un nivel inusitado. Este miércoles, el magistrado ha instado a las autoridades de Suiza a celebrar una reunión para aclarar sus dudas sobre la petición de colaboración que les envió el pasado noviembre, pero remarcando que el Ministerio de Justicia español, encabezado actualmente por el socialista Félix Bolaños, no debe participar en ese encuentro. García-Castellón afirma, además, que Suiza no puede negarse a prestar colaboración a la justicia española en unas pesquisas sobre terrorismo. Por último, el juez ha abierto una investigación para averiguar qué “autoridades o funcionarios” pudieron cometer un delito de “revelación de secretos” al facilitar información a terceros sobre la respuesta que el país helvético había dado a su solicitud de auxilio, avanzada por EL PAÍS este martes.

Después de que EL PAÍS desvelara que un departamento del Gobierno de Suiza cuestiona la investigación del caso Tsunami, el PSOE y sus socios se aferraron a la respuesta del Estado centroeuropeo para insistir en su tesis de que en el procés independentista catalán “no hubo terrorismo”. Sin citarlo por su nombre, el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, criticó algunas de las decisiones del magistrado, que este miércoles ha dictado dos nuevos autos de calado y que mantiene en la diana al expresident Carles Puigdemont y a Marta Rovira, secretaria general de ERC, ambos fugados de la justicia desde 2017 y a quienes el Ejecutivo quiere amnistiar.

En una de estas resoluciones, García-Castellón contesta a la Oficina Federal de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia suizo, que decidió dejar en suspenso la comisión rogatoria cursada en noviembre por el magistrado, a la espera de que España le aclarase varios extremos de la causa sobre los que expresa numerosas dudas. El juez advierte a Suiza de que los tratados internacionales suscritos por ambos países prohíben “rechazar una solicitud de asistencia judicial con base en motivos políticos” en un caso de estas características, donde se investigan presuntos delitos de terrorismo.

Igualmente, en este escrito, el juez de la Audiencia Nacional critica que las autoridades helvéticas no hayan respondido todavía a la petición que ya les hizo en noviembre de 2023 para que, en el marco del órgano de cooperación judicial Eurojust, se mantuviera una reunión para aclarar las dudas sobre la ayuda que les reclama —el juez pidió localizar a Rovira y datos sobre una cuenta bancaria—. “Esta situación resulta particularmente extraña, atendido la confianza recíproca que suele caracterizar la cooperación entre ambos Estados. Se desconoce la razón por la que no se ha efectuado hasta el momento la reunión solicitada por este instructor, pero debe recordarse que la experiencia demuestra que la mejor manera de obviar comunicaciones reiterativas, referencias a noticias de prensa o equívocos es la comunicación directa entre las autoridades competentes”, afirma el magistrado. A continuación recalca la necesidad de celebrar esta cita “evitando la participación de la autoridad central española (el Ministerio de Justicia)” para “dotar a la reunión” de la “formalidad y agilidad necesaria”, al tratarse de una “cuestión de naturaleza estrictamente judicial”.

Estas palabras de García-Castellón no llegan en un momento cualquiera. La tensión con el Gobierno es palpable. De hecho, en su segundo auto el juez anuncia la apertura de una investigación “reservada” para averiguar qué “autoridades o funcionarios” pudieron cometer un delito de “revelación de secretos” al facilitar datos a terceros sobre la decisión de la Oficina Federal de Justicia suiza de dejar en suspenso la comisión rogatoria. Fuentes de la Audiencia Nacional han declarado a la agencia Efe que esta respuesta de las autoridades helvéticas, que se tramitó a través del ministerio de Bolaños, se publicó en la prensa antes de que llegara al juzgado. El magistrado ordena a la Guardia Civil que indague sobre ello y, además, indica a los agentes del instituto armado que no informen a sus superiores sobre los resultados de sus averiguaciones: “Reporten directamente de los avances de la investigación a este magistrado instructor”.

El carácter “político”

Suiza se niega a facilitar, de momento, la información que pide García-Castellón, y argumenta para ello que quiere verificar si el caso Tsunami tiene “un carácter político”, lo que “impediría conceder la asistencia en virtud de la legislación suiza sobre asistencia mutua en materia penal”. Una tesis que rechaza el magistrado de lleno. Es más, el juez de la Audiencia Nacional subraya que ese “sesgo político” podría atribuirse, más bien, al responsable suizo que ha recibido la petición de colaboración; ya que, a la vez que rechaza cooperar con España, le ha pedido información al instructor sobre la ley de amnistía que el Congreso está tramitando y que beneficiaría a Puigdemont y Rovira, entre otros.

El escrito de la Oficina Federal de Justicia helvética apuntaba que, según había sabido este departamento por la “prensa”, se está “preparando una ley de amnistía para varios separatistas catalanes”: “Agradeceríamos que su Ministerio y/o el Juzgado de Instrucción nos informaran más al respecto. Sería conveniente, entre otras cosas, que nos expliquen las posibles consecuencias de esta ley en el procesamiento contra los miembros de la plataforma Tsunami Democràtic, así como contra Rovira, cuya pertenencia a la plataforma es difícil de determinar”. García-Castellón califica esta petición como “llamativa”, y recuerda que “el Judicial es un poder separado e independiente al Legislativo y el Ejecutivo”.

“En un Estado con Poderes separados, no corresponde a los jueces formular opiniones consultivas sobre leyes en trámite, ni hipótesis sobre normas no publicadas ni en vigor, tal y como, de buen seguro, ocurre en Suiza”, ahonda el magistrado, que apostilla: “La [petición de] explicación resulta manifiestamente inadmisible. Este magistrado desconoce cualquier cuestión relativa a la norma citada en la comunicación, y tampoco alcanza a advertir qué interés puede tener, para quien atiende a una solicitud de naturaleza jurisdiccional, interrogar sobre una hipotética norma no aprobada”.