La comisión del Congreso investigará los contratos de la pandemia de todas las administraciones

El PSOE registró este martes, antes de conocer la decisión del exministro socialista José Luis Ábalos de no renunciar a su escaño y de irse al Grupo Mixto en el Parlamento, la solicitud para crear una comisión de investigación en el Congreso para indagar sobre cómo se produjeron durante la pandemia los contratos de productos sanitarios por parte de “las administraciones públicas”, tras las consecuencias políticas del caso Koldo. El objeto de esa comisión, según admitió el portavoz socialista, Patxi López, es recoger “enseñanzas” de los fallos que pudieran haber cometido en esa situación excepcional “todas las administraciones”, también las autonómicas, y no solo el Gobierno central y sus organismos. El PSOE tendrá el apoyo de sus socios habituales para sacar adelante esa comisión en la Cámara baja, aunque no del PP. Los populares han impulsado su comisión en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, porque no se fían ni del Congreso ni de su presidenta, la socialista Francina Armengol, ni de hasta dónde quiere “extender” políticamente su examen el PSOE.

El PP había tramitado en la tarde del lunes su petición de comisión de investigación en el Senado sobre el que ya califican como “caso Sánchez”, al que progresivamente han denominado como caso Koldo, caso Ábalos y caso Santos Cerdán, y su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, hasta llegó a acusar a los socialistas de amenazar, pero no presentar su propia comisión, solo para presionar al exministro de Fomento para que renunciase a su escaño. El PSOE, sin embargo, sí llevó al registro su propuesta este martes a las 10.08, que no se limita a pretender indagar qué se hizo mal en lo peor de la pandemia en los contratos de la Administración central.

El enunciado de la petición socialista avanza sus intenciones: “Comisión de investigación sobre los hechos, responsabilidades y enseñanzas en torno a los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte de las administraciones públicas durante la crisis pandémica ocasionada por la covid-19″.

En la exposición de motivos de la petición socialista se hace un retrato de los problemas a los que se enfrentaron, desbordados en aquellos primeros meses, el conjunto de los responsables públicos en España, Europa y el resto del mundo ante la dimensión de la crisis, la carencia de recursos públicos de la sanidad y de otros servicios sociales, así como de todo tipo de material sanitario. Y se refleja que en pocos días, las demandas de esos equipos esenciales se multiplicaron exponencialmente “ante unos proveedores limitados”.

En el objeto de la comisión, que cuando se apruebe tendrá un plazo de cuatro meses para obtener conclusiones y que coincidirá en el tiempo con otras tres de investigación más (dos de Cataluña y otra del caso Pegasus de espionaje a líderes independentistas catalanes), el PSOE admite que para combatir la crisis de la covid, se pusieron en marcha “mecanismos excepcionales de contratación pública rápida, que atemperan algunos controles a fin de acelerar procedimientos”, y que eso pudo suponer “menos garantías y más riesgos”, la aparición de “oportunistas, aprovechados y delincuentes” y también de “especuladores” que “cargaron al erario público comisiones abusivas, entre otras irregularidades”.

El PSOE contará para aprobar esta propuesta en el Congreso con el apoyo ya explicitado de Sumar, Podemos, y otros de sus aliados habituales. Algunos de esos partidos ya han adelantado incluso que el objetivo indagatorio de la comisión debería ampliarse, y citan los agujeros negros que quedaron por revelar en el caso de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP. Los populares se negaron a impulsar en la Asamblea de Madrid una sesión de este tipo sobre las comisiones de 234.000 euros que cobró el hermano de la presidenta regional, Tomás Díaz Ayuso, tras gestionar un contrato de 250.000 mascarillas en lo peor de la pandemia. Esa operación fue archivada por la Fiscalía europea y por la Fiscalía Anticorrupción en España, pero nunca fue investigada por el partido pese a lo que anunció el propio PP, que abrió y cerró una investigación interna en apenas 24 horas tras un pacto de silencio entre Isabel Díaz Ayuso y el entonces presidente de la formación, Pablo Casado, para frenar aquella crisis que, sin embargo, acabó con su liderazgo.

Isabel Díaz Ayuso sigue insistiendo en su defensa en que el PSOE y Pedro Sánchez tienen una fijación obsesiva contra la comisión cobrada por su hermano. El PP de Alberto Núñez Feijóo respalda esa idea y su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ratificó este martes que no respaldarán la comisión en la Cámara baja porque no se fían de esa institución ni de su presidenta y porque deducen que el PSOE lo que quiere ahí es “extender” las sospechas y dudas sobre todas las administraciones para tapar sus problemas como “el caso Sánchez”. Y avanzan que desplegarán todo tipo de iniciativas parlamentarias, menos la moción de censura que avienta Vox, para mantener vivo todo el tiempo que sea necesario este “grave” escándalo.

El PSOE no reconoce abiertamente que pretende investigar especialmente, además del caso Koldo, todos los contratos de la pandemia, particularmente desde las instituciones madrileñas, y responde “ya veremos” cuando se le pregunta directamente si la idea es apuntar en esa comisión también sobre la Comunidad de Madrid, como al caso Tomás Díaz Ayuso o a las millonarias comisiones cobradas en el Ayuntamiento de la capital, por ejemplo en las operaciones patrocinadas por el comisionista Luis Medina (6 millones de un contrato de 11).

“Evitar irregularidades en el futuro”

En el objeto oficial de la iniciativa socialista, sin embargo, sí añaden que persiguen “estudiar y valorar posibles modificaciones de la legislación estatal en materia de contratación pública para evitar que aparezcan irregularidades en el futuro. A tal efecto, se investigarán los procedimientos de contratación llevados a cabo en las diferentes Administraciones públicas”.

El PP, en cualquier caso, llevará a la Junta de Portavoces del Senado, el martes que viene, su comisión de investigación paralela gracias a su mayoría absoluta. Una comisión que circunscriben al caso Koldo, y que, según los tiempos parlamentarios, se debatiría y votaría la segunda semana de marzo. Los populares pretenden que en la Cámara alta comparezcan todos aquellos dirigentes socialistas “salpicados” por la trama de corrupción señalados, en principio, en informaciones periodísticas, y citan a la presidenta del Congreso, Francina Armengol (presidenta de Baleares durante la pandemia), al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (presidente de Canarias entre 2019 y 2023), o al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El Grupo Popular, sin embargo, no tiene constancia de si el Senado es competente o no para investigar cuestiones autonómicas, que es un debate técnico y jurídico que están estudiando los letrados del Congreso. Ese escollo no lo ha tratado el PP de momento con los servicios jurídicos de la Cámara alta. Pero, si llegado el caso, las reglas parlamentarias lo impidieran, actuarán desde los respectivos Parlamentos autonómicos solicitando comisiones de investigaciones ad hoc, según fuentes del partido. Eso sí, varias fuentes parlamentarias del PP advierten de que en su comisión se pedirá la comparecencia de cargos socialistas territoriales pero con un nexo nacional, pues el afectado era supuestamente el Ministerio de Transportes.