El último gran caso de corrupción urbanística en la Costa del Sol se desinfla

Una supuesta trama para infravalorar convenios urbanísticos con el objetivo de que cargos políticos se enriquecieran. Es lo que se investigó entre 2003 y 2008 en el denominado caso Astapa, la última gran operación contra la corrupción en la Costa del Sol. Llegó a tener cien personas investigadas, pero cuando el juicio arrancó en enero de 2023 —15 años después del trabajo policial— ya se sentaron solo 50, acusados de malversación, cohecho, prevaricación, falsedad, fraude y tráfico de influencias. Entre ellas, Antonio Barrientos, exalcalde de Estepona, al que la fiscalía solicitaba 10 años y nueve meses de prisión además de 29 millones de euros entre una multa y la responsabilidad civil. Ahora el fiscal, Valentín Bueno, ha rebajado sus peticiones. Acusa a solo 37 personas y pide solo dos años de prisión y 40.000 euros de sanción para el regidor, según recoge su escrito de acusación definitivo.

El 9 de enero de 2023 comenzó un juicio que se preveía eterno. Además de los 50 acusados —y sus correspondientes defensas— desde entonces han desfilado por el tribunal casi 300 testigos y medio centenar de peritos. El volumen de documentación —128 tomos principales con 351.114 folios y 646 piezas documentales— obligó a dividir el procedimiento judicial en diez bloques temáticos, a los que a última hora se solicitó el undécimo para analizar el origen de la investigación y las pruebas. Barrientos siempre apuntó que el excomisario José Manuel Villarejo desempeñó ahí un papel relevante. Villarejo, en su declaración del pasado noviembre, aseguró que había “base policial y jurídica” para arrancar el caso. Y que en su opinión fue una operación política porque comenzó por una “pelea interna” entre miembros del PSOE en Estepona.

En el banquillo de los acusados se han sentado durante este año y medio políticos socialistas y del Partido Estepona (PES, heredero del GIL de Jesús Gil), además de empresarios y funcionarios de la localidad. Tras innumerables sesiones en la Ciudad de la Justicia de Málaga, las conclusiones finales del fiscal mantienen el relato inicial, es decir, la existencia de una Caja B en el municipio formada por “aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios” en forma de donaciones o patrocinios y con el objetivo de eludir controles, además de convenios urbanísticos destinados a “beneficiar a ciertos empresarios”. Sin embargo, el documento recoge que “no se ha probado que en la negociación de tales acuerdos los responsables municipales de urbanismo antepusieran el interés de promotoras al del municipio”, como recoge Europa Press.

Por ello, la Fiscalía pide ahora la absolución de nueve de los acusados, aunque mantiene la acusación contra 37 de los procesados, con rebaja de las penas solicitadas para todos ellos. En el caso del exalcalde esteponero, sostiene su acusación por los delitos de falsedad, fraude y malversación, así como cohecho y prevaricación. Sin embargo, ha decidido disminuir la petición de pena por cada uno. Ahora suman solo dos años de cárcel, la quinta parte de lo que se pedía inicialmente. Tras su detención en 2008 y posterior dimisión del cargo, Barrientos ya pasó seis meses en prisión. Luego volvió a su profesión, la medicina, que ha ejercido en Jimena de la Frontera y La Línea de la Concepción en Cádiz, además de Estepona.

La Fiscalía de Málaga, además, ha eliminado las peticiones de indemnizaciones por responsabilidad civil, ya que el Ayuntamiento de Estepona retiró durante el juicio su acusación particular al no considerarse perjudicado en el proceso. También reconoce las dilaciones indebidas presentes en el procedimiento, a las que considera “extraordinarias” y solicita que sean tenidas en cuenta como atenuantes en la sentencia. El fiscal expondrá sus conclusiones la próxima semana ante el tribunal y, más tarde, será el turno de las defensas. Después llegará el momento de la sentencia, para la que aún no hay fecha prevista.