El PP rechaza el “chantaje” de Vox pero se aferra a sus pactos: “No rompemos nada”

El PP mantiene las espadas en alto con Vox por la acogida de los 6.000 menores inmigrantes no acompañados que desbordan la capacidad asistencial de Canarias, aunque no llega tan lejos como para plantear una ruptura de sus acuerdos. Este martes, en una rueda de prensa, el portavoz de la dirección nacional del PP, Borja Sémper, ha comparecido desafiante con sus aliados, tras la amenaza de Abascal de que romperán con ellos en cinco autonomías si aceptan el reparto. “Las amenazas y los chantajes con Feijóo no funcionan. Se equivoca quien pretenda chantajear. Que se vaya olvidando. Ellos verán lo que hacen, nosotros somos un partido de Estado, serio, responsable y solidario. Esta es nuestra posición, alejada de la de Vox y la del Gobierno”, ha defendido Sémper. Horas antes, Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, fue tajante: “Romper es romper. Si el PP cede a la presión, nosotros romperemos y el PP tendrá que gobernar en minoría o tendrá que pactar con el PSOE”. Los socialistas también han multiplicado la presión desde todos los frentes sobre los populares, de cuyo apoyo depende que se apruebe la modificación de la ley para que el reparto de menores sea obligado en vez de voluntario, como ocurre ahora. “Las amenazas de Vox no son nuevas, Feijóo tiene una oportunidad magnífica para dejar de hacerle la ola a la ultraderecha y romper con ella”, ha arremetido Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno.

Las comunidades del PP, remarcan fuentes de Génova, van a aceptar el reparto voluntario de menores siempre y cuando tengan capacidad suficiente para la acogida, lo que se cumple en varias de ellas, de forma que Vox tendrá que decidir si, en consecuencia, rompe esos Gobiernos. “Con carácter general, los territorios pueden atender hasta el límite de su capacidad. Excederla sería incurrir en un comportamiento inhumano. Para todo lo que vaya más allá de nuestra capacidad máxima de acogida, es el Gobierno el que tiene que procurar los medios”, ha indicado Sémper. Según los populares, las autonomías que han excedido su capacidad son “prácticamente todas”, pero fuentes de la dirección popular precisan que en realidad solo la Comunidad Valenciana estaría fuera de todo límite. “Todos los presidentes lideran territorios de acogida y son solidarios, pero nadie puede pedirles que acojan más de lo que tienen”, ha justificado el dirigente popular.

Ahora bien, el PP no se plantea en modo alguno romper los Ejecutivos con la extrema derecha —gobiernan en coalición en Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Murcia además de en 140 ayuntamientos— por las diferencias en la acogida de los menores. Una de las banderas de Vox es la inmigración irregular, a la que vincula con la delincuencia, como hizo su presidente, Santiago Abascal, cuando aseguró que no sería “cómplice de robos, machetazos y violaciones” en el ultimátum que lanzó el lunes al PP. “Nosotros motu proprio no rompemos nada. Queremos estabilidad”, ha insistido Sémper. Los populares proclaman un fondo de contingencia para la acogida de los jóvenes, mientras sigue sin desvelar qué posición adoptarán sus barones en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de este miércoles. “La financiación está contemplada en la modificación legislativa y será suficiente”, ha afirmado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha cerrado con su predecesor al frente del archipiélago, Fernando Clavijo.

El PP preside 11 comunidades y, además, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que también son partidarias de la reforma legal. “El PP debería de apoyar esta reforma y, por tanto, hay que entrar de manera inmediata en un proceso de negociación, de acuerdo para que la medida salga como todos pretendemos”, ha instado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una entrevista en la SER. Vivas considera que las exigencias de Vox son “absolutamente inviables y responden a posicionamientos ideológicos” que el PP “no comparte en absoluto”.

La posición del PP está basada en la “solidaridad y la responsabilidad”, y en procurar un trato “de una manera humana” a los inmigrantes llegados a Canarias, , ha argumentado Sémper, que ha cargado contra el Ejecutivo central, acusándolo de “tratar a los menores como paquetería exprés” y “de manera inhumana”. “Le exigimos al PP responsabilidad. Estamos hablando de personas, de niños y niñas que abandonan sus países de origen en guerra, en situación de hambruna. Pedimos una acogida equitativa para hacer frente a esta situación”, ha replicado la portavoz del Gobierno, que ha recordado que en 2018 Andalucía afrontó una importante crisis migratoria. En 2023 llegaron a España más de 39.000 migrantes, superando la cifra que se registró en la llamada crisis de los cayucos de 2006. Pero el récord data de 2018, cuando más de 50.000 migrantes desembarcaron en España y la mayoría lo hicieron en una comunidad que ahora es uno de los bastiones del PP.

El PP exige además un pacto público y por escrito y que “participen todas las comunidades en una hipotética acogida, sin excepción”. Esto es, pensando en Cataluña, ya que Junts exige que la comunidad se quede fuera del reparto. “Entrarán 16 comunidades autónomas, es decir, todas menos Canarias. Cataluña entraría, obviamente”, ha remarcado Torres, que también ha dejado claro que el Gobierno no aprobará un traspaso integral de las competencias sobre inmigración como reclaman los neoconvergentes a cambio de su voto favorable a la modificación de la ley de extranjería. El Gobierno está resuelto, haya o no acuerdo con el PP, a llevar la reforma al Congreso mediante una proposición de ley para abordar el reparto de migrantes menores en el pleno del 23 de julio. “Todo acabará en pocos días con una manifestación parlamentaria y ahí es donde nos vamos a retratar todos los grupos... No hay plan b, estamos tendiendo la mano al máximo”, ha señalado Torres. Pero antes, el PP tendrá que tomar posición este miércoles en la conferencia sectorial de Tenerife. En el último reparto, del pasado octubre, las comunidades recibieron a 396 menores migrantes de Canarias y Ceuta con una financiación estatal de 20 millones de euros.