De las chabolas de El Cañaveral a un alquiler social: “Ha sido muy duro. Esto es un paraíso”

Con su poderosa pala, la excavadora empuja un amasijo de residuos. Se ven garrafas de agua, trozos de palés, lonas de plástico, gomas de bicicleta, tubos, mantas y zapatillas destrozadas. La máquina compila poco a poco una montaña de basura que luego vuelca en un camión. Más tarde en otro y después en otro más. El senegalés Boubakar Cissé, de 31 años, abre bien los ojos para ver las imágenes del proceso que alguien ha grabado con un móvil. “Me da tristeza, pero solo un poco”, acierta a decir con emoción. “Eso era antes mi casa: ahí viví cuatro años”, aclara. Convivía con otra veintena de personas en un asentamiento de chabolas denominado El Cañaveral y perdido entre invernaderos en Níjar (Almería, 31.816 habitantes), igual a los que acogen a otras 4.000 personas migrantes solo en esta zona. Ahora Cissé respira porque reside en una casa compartida con cinco compatriotas en la localidad almeriense de San Isidro que les alquila a bajo precio, durante un año, el Servicio Jesuita a Migrantes.

La comarca de Níjar acumula medio centenar de campamentos de infraviviendas, según un informe de Andalucía Acoge. La mayoría de cubículos donde viven las personas migrantes —en su mayoría procedentes de países del África subsahariana y Marruecos— están construidos con palés y plásticos. Las calles son de barro y sus habitantes rara vez cuentan con servicios básicos como luz, agua o recogida de basuras. Hay espacios enormes, como el de Atochares, en el que residen unas 800 personas. Y también otros más pequeños, diseminados y perdidos entre el mar de plástico, como El Cañaveral. Las administraciones llevan 25 años planeando, y posponiendo, medidas para acabar con estos espacios, similares a los existentes en la provincia de Huelva.

Este pasado viernes, el pleno del Ayuntamiento de Níjar —gobernado por el PP gracias al apoyo de Vox— aprobó su primer Plan Local de erradicación de asentamientos chabolistas, que pretende la implicación de administraciones, entidades sociales y privadas para conseguirlo y que se convierte en “herramienta vital” para el municipio, según el alcalde, José Francisco Garrido. También la Junta de Andalucía presentó días antes un estudio con 79 propuestas para acabar con las infraviviendas, aunque las organizaciones sociales consultadas no terminan de fiarse de las buenas palabras tras lo ocurrido en 2023 en el asentamiento conocido como Walili.

El derribo de aquel poblado, de hecho, dio impulso oficioso a estos planos de erradicación. Fueron desalojadas 500 personas a quienes solo se dio como alternativa un albergue temporal en una nave industrial. Estaban a la espera de la entrega de 62 viviendas con 166 plazas, levantadas con el apoyo del Gobierno y la Junta de Andalucía. Entonces se prometieron para primavera. Luego para verano y más tarde para finales de año. Después para abril de 2024. Llevan tiempo listas para entrar a vivir, pero siguen vacías mientras se licitan las obras de pavimentación del entorno y un vallado perimetral. “Esperamos que se puedan licitar después del verano”, afirman fuentes municipales. El retraso crece mientras el Defensor del Pueblo Andaluz ya realiza un seguimiento para conocer cuándo se realizará el realojo. “Es necesario que las administraciones públicas aborden la problemática referida a la cronificación de los asentamientos”, decía en mayo un informe de este organismo dirigido por Jesús Maeztu.

La lentitud de las administraciones contrasta con la rapidez con la que ha actuado el Servicio Jesuita a Migrantes para, por primera vez, ofrecer una alternativa a los asentamientos. El pasado enero los responsables de tuTêcho, una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria (socimi) de carácter social que compra o construye viviendas que luego alquila a entidades sociales a un precio por debajo del mercado, les hicieron una propuesta. Iban a adquirir 12 viviendas en San Isidro que estaban a medio hacer; las terminarían y se las alquilarían a un precio un 20% o 30% inferior al de mercado para que pudieran acoger a personas procedentes de los campamentos chabolistas. “Estamos locos y dijimos que sí”, recuerda María Ruiz-Clavijo, educadora de la organización jesuita, que desde mayo empezó a sondear a quienes acudían a las clases de español que organiza la entidad para ver quién se querría mudar a las nuevas casas. Entre ellos estaban los 24 habitantes de El Cañaveral.

“Es el único lugar en el que había vivido hasta ahora en España”, subraya Boubakar Cissé, aún con el sudor en la frente tras su jornada en los invernaderos en plena ola de calor. Luego recuerda las doce horas que pasó en la patera que partió de Nador (Marruecos) el 19 de octubre de 2019 con 63 personas a bordo, hasta que fueron rescatadas por Salvamento Marítimo. Tras regularizar su documentación, viajó el pasado junio a Senegal por primera vez desde su partida.

“Ya no queremos ni pensar en las chabolas. Vivir allí es muy difícil”, relata Malang Cissé, de 33 años (que no es familiar de Boubakar). Él llegó en 2020 a Canarias en un cayuco, Cruz Roja lo trasladó a Chiclana (Cádiz) y luego a Madrid. Lo contó en sus redes sociales y su amigo Balla Aintta, de 32 años, le llamó. “Le dije que, si no tenía familia, se viniera para acá. Las condiciones son difíciles, pero al menos se puede trabajar un poco aunque no tengas papeles”, explica, aludiendo a una situación habitual que facilita un “modelo explotador de mano de obra”, según un informe de la ONG Ethical Consumer. Ambos se reencontraron en Almería tras haber sido compañeros de colegio en la región de Casamance, al sur de Senegal. “Vivir en esas condiciones ha sido muy duro. Ahora esta casa es como un paraíso. Podemos hacer videollamadas con nuestras familias para que vean dónde estamos: antes solo hacíamos llamadas, para que no viesen dónde dormíamos”, señalan antes de ponerse a cocinar. Les ha entrado la gazuza al oler el plato de ceebu jën—a base de arroz y pescado frito— que su compatriota Lamine prepara en la vivienda contigua. “Cocinar aquí es increíble comparado con cómo lo hacíamos antes”.

Crisis de vivienda

Ellos se conocían ya de El Cañaveral, pero en las viviendas de San Isidro comparten vecindario con personas de otros asentamientos como Atochares o Barranquete. Son de Senegal, Gambia, Mali, Ghana y Marruecos. En total, unos 40 jóvenes —aunque pronto serán 60, porque se han reservado casas para mujeres y familias— que han firmado un contrato de alquiler por un año con el Servicio Jesuita a Migrantes. En él se comprometen a pagar una pequeña cantidad a modo de renta más otros gastos como los suministros de luz, agua y butano. También a participar de forma activa en un plan personalizado para resolver sus problemas gracias al apoyo del personal y el voluntariado de la entidad social. “La idea es avanzar desde distintas áreas: su situación jurídica y familiar, la salud, clases de español, formación laboral o cuestiones como la educación financiera”, explica Daniel Izuzquiza, director de la organización en Almería.

El objetivo es que dentro de un año todos hayan adquirido autonomía suficiente para alquilar sus propias casas o habitaciones y dejar hueco en estas a otras personas. “No somos ingenuos. Aquí, como en todas partes, existe un grave problema de vivienda. No hay, y la gente acaba viviendo en garajes, hacinada en pisos o en los asentamientos. La situación, además, se agrava por la vulnerabilidad de estas personas y por el turismo, porque muchos alquileres son solo de octubre a mayo”, subraya Izuzquiza. Los jesuitas también están ultimando los retoques a un cortijo en el que pueden residir 16 personas. “Estamos haciendo lo que creemos que debemos hacer. Es ejemplo de que, con interés, paciencia y escuchando a la gente, se pueden conseguir cosas”, concluye Izuzquiza.

Al igual que esta ONG, entidades como Cáritas o las Hermanas Mercedarias de la Caridad gestionan varias viviendas similares para personas procedentes de los asentamientos e impulsadas por tuTêcho. “Debemos poner todos de nuestra parte para solucionar la situación”, defiende Rocío del Mar, directora de la sociedad anónima, que ya explora la posibilidad de construir más pisos en suelos municipales. Mientras, la Sareb también ha ofrecido terrenos con un 40% de descuento para que el ayuntamiento construya en ellos, aunque fuentes municipales dicen que no pueden porque el consistorio “no tiene liquidez suficiente”. Las organizaciones sociales tratan de implicar en la solución a agricultores y empresarios. El sector agrícola factura unos 3.500 millones de euros anuales en Almería.