Sánchez confirma al núcleo duro del PSOE y ficha a la delegada del Gobierno de Valencia para Igualdad

Pedro Sánchez ha diseñado una ejecutiva de continuidad acorde a su reelección por aclamación como secretario general en el 41º Congreso Federal del PSOE. El presidente del Gobierno mantendrá a los dos pesos pesados de la dirección federal, María Jesús Montero y Santos Cerdán, que las últimas semanas habían reforzado su posición aún más por el papel indispensable que han desempeñado en el Gobierno y las Cortes en el año de legislatura cumplido. Nadie tenía ninguna duda de que la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y vicesecretaria general sería ratificada. Otra opción era impensable, y más con la negociación de los Presupuestos por delante y después de haber aprobado la reforma fiscal. Lo mismo pasaba con el secretario de Organización, valorado por los puentes construidos casi de la nada con Junts, que valieron la investidura de Sánchez pese al trago de la ley de amnistía.

Pilar Bernabé irrumpe como el gran fichaje de la nueva ejecutiva. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana entra en la dirección como responsable de Igualdad, considerado el cuarto puesto de la dirección. La incorporación de Bernabé supone la salida de esta secretaría de la responsable de esta cartera en el Gobierno, Ana Redondo, quizá la salida más llamativa de la dirección. Con este movimiento reconoce la labor de Bernabé en la gestión de la dana. La federación valenciana tiene en mente que Bernabé sea la candidata al Ayuntamiento de Valencia en las próximas elecciones municipales. También debuta el diputado nacional y secretario provincial de Alicante, Alejandro Soler, será el responsable de política municipal.

La nueva dirección estará formada por 49 miembros —la que había era de 44— más los portavoces en el Congreso y el Senado, el secretario general de Juventudes y el cargo más importante que el PSOE tenga en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Diecinueve se estrenan en la ejecutiva, es decir algo más de un tercio, aunque por regla general en puestos de segunda línea. 25 son hombres y 24 mujeres, una proporción similar a la que había.

Cristina Narbona continúa como presidenta del partido, un cargo de gran simbolismo que vuelve a ostentar toda un referente de las políticas medioambientales. Esther Peña sigue como portavoz de la dirección federal. Lo mismo que seis ministros: Félix Bolaños, Pilar Alegría, Óscar Puente, Isabel Rodríguez, Elma Saiz y Jordi Hereu.

La federación andaluza, la que cuenta con más militantes aunque ahora no disponga del poder institucional que llegó a ostentar, estará además representada por otros fijos en la ejecutiva: repiten Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, secretario de Política Institucional y Formación y vicepresidente del Congreso de los Diputados; Paco Salazar, vínculo entre La Moncloa y Ferraz, como secretario de Investigación y Análisis; y Juan Francisco Serrano, el actual secretario adjunto de Organización, esto es el número dos de Cerdán.

Bernabé entra al tiempo que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades Diana Morant, secretaria general de los socialistas valencianos desde el pasado marzo, sale de la dirección. Una explicación es que Sánchez ha decidido no contar con líderes territoriales en la dirección federal. A Morant le reemplazará Javier Cendón, secretario provincial de León y miembro de la dirección socialista en el Congreso. Su nombre no lo ha planteado Luis Tudanca, secretario general de Castilla y León, con el que está enfrentado como con Ferraz, por lo que se puede considerar un desaire al líder territorial. Teresa Ribera también sale de la dirección tras su nombramiento como vicepresidenta primera de la Comisión Europea.

La federación madrileña, tercera por militantes tras la andaluza y la valenciana —el PSC es el partido hermano del PSOE en Cataluña— recibe un balón de oxígeno, tras la crisis en la que Juan Lobato dimitió como líder autonómico, con dos figuras en ascenso: Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, como secretario de Ciudades y Áreas Metropolitanas, y Enma López como secretaria de Política Económica y Transformación Digital.

El líder del PSOE ha cumplido la liturgia de los congresos y ha recibido después de las cinco de la tarde a cada barón territorial para elegir a los miembros de su ejecutiva —se conoció al completo pasada la 1.20 del domingo— en su despacho en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, acompañado de Cerdán. Previamente, el presidente del Gobierno ha tenido una comida con los líderes territoriales. La anterior se produjo en septiembre de 2022 en Zaragoza, cuando se reunió por última vez el Consejo de Política Federal, que reúne a los secretarios generales de todas las federaciones. El anfitrión entonces fue Javier Lambán, que no ha acudido a este congreso por motivos de salud. El aún secretario general de Aragón no ha metido a nadie de su confianza en la ejecutiva. Lo mismo le ha pasado a Emiliano García-Page, igual de crítico con Sánchez: Álvaro Martínez Chana es relevado por Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y exalcaldesa de Toledo.

Acuerdo en financiación

El debate de la financiación singular no llegó ni a la categoría de tormenta en un vaso de agua. Los líderes territoriales del PSOE han reforzado el consenso que ya suscitaba el contenido de la ponencia sobre la financiación singular, un asunto especialmente sensible que incendió en verano al partido a raíz del acuerdo entre el PSC y ERC que valió la investidura de Salvador Illa como president de Cataluña. Los socialistas han acordado por unanimidad lograr un modelo de financiación “más justo y sostenible” y basado en un modelo federal del Estado. al gusto de todos los barones, con el que todas las partes, tanto el PSC como el resto de federaciones, salvan la cara. “La reforma del sistema de financiación autonómica deberá garantizar mayores recursos para todas las comunidades autónomas, reforzando los servicios públicos y reconociendo las singularidades y las diferentes variables determinantes en su coste, de manera que garantice la igualdad de derechos en el acceso a los servicios públicos independientemente del territorio en el que se viva”, es el compromiso acordado en una transaccional tras más de tres horas de debate en la comisión que más interés ha suscitado.

“Dicho modelo será aprobado de manera multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin perjuicio de la relación bilateral del estado con cada comunidad autónoma en función de lo recogido en los diferentes estatutos”, se especifica en el redactado que se aprobará este domingo en el plenario. El PSC, que ha prestado una enorme atención a la comisión para asegurar que no quedaba comprometido su compromiso con Esquerra, había insistido mucho en lograr un texto de consenso en el que fuera compatible el respeto a la multilateralidad y a las relaciones bilaterales y las singularidades de cada territorio. Su redacción, lo suficientemente ambigua para sortear las diferencias más espinosas, contenta a todas las partes. Y pone el foco además en la lucha contra el dumping fiscal que de forma implícita se achaca a Madrid “mientras baja los impuestos a sus élites económicas y solicitan más fondos al Gobierno central”.

El rechazo al principio de ordinalidad, que Illa defiende para Cataluña, se mantiene inalterable. No aparecía en la ponencia y tampoco lo ha hecho ahora, tal y como querían el resto de los líderes territoriales. Las comunidades más combativas con esta cuestión han sido Asturias y Castilla-La Mancha por su poder institucional: son las únicas autonomías de régimen común en las que el PSOE gobierna. Las otras son Cataluña y Navarra, que preside, y País Vasco, donde cogobierna con el PNV.

Otro factor relevante es el acuerdo para que se negocie “un alivio con criterios homogéneos y equitativos” de la deuda pública de las comunidades autónomas “generada durante la crisis financiera”. El acuerdo de investidura de hace un año entre el PSOE y ERC incluía la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña. Un pacto que, como ya dijo María Jesús Montero, se podía ampliar a otros territorios y que contribuye a apaciguar el malestar que llegó a haber en el PSOE.

Siguiendo con el modelo de financiación, el objetivo es que “debe dirigirse hacia un modelo de financiación federal”, dentro de la hoja de ruta del PSOE hacia un Estado federal. “Federar no es separar, federar es unir, creando un espacio de convivencia dónde se garantice al mismo tiempo la unidad del Estado con el respeto a la diversidad de los pueblos que lo integran, el autogobierno de las comunidades autónomas y la integración política del Estado”, se recoge. El federalismo, concluyen los socialistas, “asume la importancia de los sentimientos y de las identidades que son diversas y compatibles y no tienen por qué ser excluyentes, en línea con la Declaración de Granada”, se sentencia en un guiño al planteamiento territorial que el PSOE dio para España en 2013 con Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general.

El PSOE ha aprobado en el debate de la ponencia que se incluya la garantía del poder adquisitivo de las pensiones en la Constitución. Es decir, su revalorización. El principal partido del Gobierno ya se comprometía en la redacción original de la ponencia, que marcará su hoja de ruta ideológica para el próximo ciclo electoral, a blindar el aborto y el matrimonio igualitario en la Ley Fundamental. Al debate habían llegado vivas varias enmiendas en las que se insistía y se ponía de ejemplo que, si el salario mínimo se pretende salvaguardar en la Carta Magna, también se requería hacer lo mismo con las pensiones. En España hay una decena de millones de jubilados.

El PSOE también ha aprobado llegar a una jornada laboral de 36 horas en 2030 mediante el impulso de una jornada laboral “más reducida, flexible y saludable”, que permita no sólo su reducción a las 37,5 horas actualmente en discusión, sino que avance hacia una mayor reducción dentro de seis años.

Los socialistas reafirman además su tradición republicana “manteniéndose, al mismo tiempo, en el compromiso constitucional, que incluye la monarquía parlamentaria”. El espíritu republicano del partido se evitaba en la ponencia que ha llegado al 41º Congreso Federal, aunque quedaba reflejado en seis enmiendas. Las Juventudes Socialistas reclamaban “avanzar hacia la abolición de la monarquía” en España “con el fin de lograr la República Federal Española”.

Los socialistas se comprometen a su vez en impulsar una reforma de la Ley de Secretos Oficiales —algo que viene pidiendo el PNV, socio clave del Gobierno, desde hace décadas— y a seguir impulsando las políticas de memoria. En las comisiones también se ha introducido una referencia a la necesidad de agilizar y modernizar la Administración de Justicia y se aumenta el compromiso en la persecución de las noticias falsas, “dejándolas en su mínima expresión”, y a “poner límites” al anonimato en las redes, “como medio para garantizar una mayor responsabilidad en su uso”, además de estudiar el impacto de las mismas en los menores. Otra novedad es que se introduce “el impulso” de la reparación de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.

Donde no ha habido consenso ha sido con el acrónimo LGTBIQ+. Seguirá siendo LGTBI, el mismo que fijó el PSOE en sus resoluciones del 40º Congreso. La comisión de Igualdad del 41º Congreso ha evidenciado el debate intenso sobre esta cuestión, avivado porque en la ponencia sí se había incluido el acrónimo que demandaban colectivos LGTBI. La falta de consenso ha determinado que esa enmienda se mantuviera viva y que se votase en el plenario pasadas las diez de la noche. En el plenario finamente se ha tumbado entre celebraciones de las feministas, que han festejado su victoria entre cánticos de “¡Que viva la lucha de las mujeres!”. Los detractores pedían eliminar la referencia LGTBIQ+ en la ponencia para sustituirla únicamente por LGTBI. La Q, hace referencia a queer y el símbolo + incluye a los colectivos que no están representados en las siglas LGTBI y que incluyen identidades como el género fluido, las personas no binarias, las pansexuales o las asexuales.