El PP irá al choque contra la financiación catalana y no espera acuerdos en la Conferencia de Presidentes

Los presidentes autonómicos del PP (12 de un total de 17, más los de las ciudades de Ceuta y Melilla) llevaban meses reclamando al presidente del Gobierno un foro multilateral para discutir la reforma del modelo de financiación autonómico, tras el acuerdo del PSC con ERC este verano sobre una financiación singular para Cataluña, de la que poco se ha sabido desde entonces. Pedro Sánchez decidió reunir antes, uno a uno, a los mandatarios en La Moncloa. Las citas se desarrollaron con normalidad con la excepción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que plantó al jefe del Ejecutivo. La oportunidad de la reunión conjunta que los barones populares exigían a Sánchez llega ahora, con la celebración este viernes en Santander de la XXVII Conferencia de Presidentes, que presidirá el Rey, y a la que asisten los representantes de todas las comunidades autónomas, incluidas País Vasco y Cataluña. Esta vez no faltará Ayuso. Los barones del PP, que son la amplia mayoría, acuden con pocas expectativas de acuerdo y decididos a hacer un frente común contra el “cupo catalán”, pero con intención también de defender sus intereses territoriales. “Cada uno va a hablar de su libro”, resume un presidente autonómico del PP. Los barones socialistas y La Moncloa tampoco esperan grandes acuerdos, porque el ambiente político no parece propicio. Confían al menos en que habrá diálogo y algún intento por acercar posiciones.

La última Conferencia de Presidentes se celebró en La Palma, en marzo de 2022, en un contexto marcado por la invasión de Ucrania y los coletazos de la pandemia. El actual líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, todavía era presidente de la Xunta de Galicia. Muchas cosas han cambiado desde entonces, aunque la guerra de Putin no haya terminado, pero la breve tregua que se vivió en aquella ocasión en la política española por el contexto bélico hace tiempo que saltó por los aires. El clima en el que se celebra el cónclave de este viernes en Santander llega muy enrarecido tras el cisne negro de la dana de Valencia y los supuestos casos de corrupción que investiga la justicia en torno al PSOE y al círculo personal del presidente.

Los 17 presidentes autonómicos y el jefe del Ejecutivo se sentarán a la mesa en el Palacio de La Magdalena de la capital cántabra para abordar el sistema de financiación autonómica, el desafío de la inmigración, la escasez de personal sanitario y los problemas de acceso a la vivienda, sin que, salvo sorpresa, se vislumbren opciones de acuerdo. La cumbre estará marcada también por la tensión del reencuentro entre Sánchez y Ayuso, que se ven frente a frente por primera vez desde La Palma, y en plena disputa política por la investigación judicial a la Fiscalía de la supuesta filtración de la negociación del novio de la presidenta madrileña con Hacienda, después de que este confesara dos delitos fiscales. Ayuso acusó a Sánchez este jueves de haberle “declarado la guerra a una parte de los españoles”.

Reaparece Mazón tras la dana

En el cónclave también reaparece el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, que tras la dana solo ha participado en actos institucionales en el funeral por las víctimas celebrado en Valencia. Mazón pedirá ante sus colegas autonómicos un plan nacional contra inundaciones y un “fondo de solidaridad” frente a catástrofes. Sánchez ha sido especialmente duro con la gestión de Mazón y ha pedido al PP que lo releve, así que no es descartable algún cruce también entre ellos si el líder del PP valenciano entrara en culpabilizar al Gobierno por las decisiones que se tomaron en esas primeras horas, como ha hecho en varias ocasiones en Valencia pero nunca con el presidente del Gobierno delante.

Los barones del PP irán al choque contra la financiación para Cataluña, delante del president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, y exigirán a Sánchez que abandone el acuerdo de PSC y ERC (que aún no se ha concretado en nada) para abordar un pacto multilateral. De todos modos, entre las autonomías del PP hay diferencias entre los criterios que deberían pesar para el reparto de la financiación. Illa está dispuesto a defender el modelo si es necesario delante de todos los presidentes y a explicar que no tiene por qué perjudicar a nadie, algo que logró convencer a todos los demás líderes autonómicos del PSOE en el congreso de este partido en Sevilla, donde se pactó una resolución de común acuerdo sobre el modelo de financiación. En este frente estará también el socialista Emiliano García- Page, presidente de Castilla La-Mancha, que dijo este jueves que “no se fía ni un pelo” de los acuerdos en materia de financiación alcanzados entre el PSOE y ERC, a pesar de que en el congreso del PSOE avaló ese acuerdo con el PSC que implicó la resolución pactada.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, pedirá a las comunidades apoyo para lograr una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y pactar un reparto de los menores migrantes no acompañados de las islas, pero las expectativas también son bajas porque la última reunión conjunta sobre este asunto con el Gobierno y el PP terminó sin acuerdo. Vox ha amenazado además al PP con boicotear sus Presupuestos en cinco comunidades si acogen a más inmigrantes, y la ruptura del PP con los ultras ya se ha consumado en algunas autonomías como Baleares.

La propuesta de la empresa pública de vivienda, a debate

En vivienda tampoco se esperan grandes consensos, ya que las comunidades del PP rechazan la Ley de Vivienda del Gobierno y se han negado a aplicar las zonas tensionadas que posibilitan controlar los precios del alquiler. Sánchez anunció la creación de una empresa pública de vivienda, una idea a la que el PP no se opone de plano, pero los presidentes del PP quieren más fondos y que les dejen gestionar las viviendas que tiene la Sareb. Todos los presidentes defienden que hay que construir más vivienda pública, pero el PSOE y el PP discrepan en la manera de hacerlo —los socialistas defienden que, como hace el País Vasco o Navarra, la protección oficial sea a perpetuidad, de manera que nunca se pueda vender a precio de mercado especulativo una vivienda construida con dinero público— y sobre todo hay una discusión muy fuerte sobre la intervención en el mercado del alquiler, que Cataluña ya está ensayando, pero las comunidades del PP se niegan a probar.

Los barones del PP esperan que Sánchez “mueva ficha” y “se saque un conejo de la chistera”, con alguna propuesta de acuerdo, o de lo contrario temen “una sucesión de monólogos” de 10 minutos, el tiempo que tiene cada presidente para intervenir. “La pelota está en su tejado, ¿qué va a proponer?”, se pregunta un presidente autonómico popular “No nos han mandado ni un papel”, se queja otro. La dirección nacional del PP defiende que el Gobierno no tiene voluntad de acuerdo porque de lo contrario habría habido un trabajo técnico previo, y por eso se muestra “escéptica ante la posibilidad de consensos”. Algunos dirigentes socialistas consultados se quejan a su vez del ambiente poco constructivo en el que llegan los barones populares, y en especial que no sea posible ponerse de acuerdo ni siquiera en la distribución de menores que reclama Canarias porque, según su interpretación, la presión de Vox deja sin margen de maniobra a los populares. En La Moncloa sí señalan que Sánchez prepara algún anuncio para intentar buscar acuerdos, como se logró en la última cumbre, la de La Palma, pero la situación política ha cambiado mucho, el PP domina ahora casi todo el poder autonómico y Feijóo, que entonces ejercía de líder in péctore aunque aún no había sido elegido en el congreso extraordinario del PP en Sevilla, ha endurecido mucho el tono desde entonces. “Vamos a ver si logramos llegar a algún acuerdo, o al menos avances, las cuestiones que se van a tratar son muy importantes y en la conferencia cada presidente representa a sus ciudadanos, no a su partido”, insisten en el Gobierno.