Las 200 personas que viven entre la basura en la antigua cárcel de Palma, ante un desalojo inminente sin solución habitacional

Los muros de la antigua cárcel de Palma aún mantienen los alambres de espino que disuadían a los presos de escapar. Unos muros que se han convertido en refugio para unas 200 personas que desde hace una década comenzaron a malvivir en las maltrechas instalaciones de esta prisión, olvidada en 1999. La Policía Local de Palma se personó esta semana en el complejo y repartió a sus moradores requerimientos para desistir voluntariamente de la okupación ilegal de las instalaciones, bajo amenaza de multa y de desahucio forzoso. El ayuntamiento alega que cuenta con varios informes que concluyen que las edificaciones del complejo no están en condiciones para ser habilitadas y recomiendan dar los pasos necesarios para que nadie pueda vivir allí. Sin embargo, sus residentes se resisten a marcharse porque tampoco tienen otro sitio a donde ir.

Montañas de basura y desechos conviven con tendederos con ropa colgada, cocinas de gas improvisadas y colchones para tapar las ventanas. Las celdas antes habitadas por los condenados se han convertido en una suerte de habitaciones y estudios para decenas de personas que no tienen otro techo bajo el que vivir. Hay jóvenes extranjeros sin documentación que sobreviven trabajando en la economía sumergida, adultos con trabajos precarios de limpieza o mayores con pensiones exiguas que no tienen otro lugar al que acudir. Brian, colombiano que ronda los 40 años, hace de guía por las diferentes zonas en las que sus residentes conviven separados en función de su nacionalidad. “La gente no tiene otro sitio al que ir y si te quitan lo que ya no tienes te ves abocado a hacer cosas malas” dice.

Una de las torres de vigilancia está tomada por Alexander y Andrés, dos veinteañeros colombianos que llevan cinco años en Mallorca y trabajan en la obra y lavando platos. “Si nos echan de aquí, vamos a intentar buscarnos la vida y meternos en algún lugar que esté deshabitado”, explica Alexander, que hasta hace tres años vivía con su pareja en un piso en el barrio de Foners. Andrés cuenta que en esta parte de la antigua prisión viven una treintena de colombianos, la mayoría de ellos con trabajo, en un ambiente en el que dice que no hay peleas porque cada uno tiene su espacio. “Hay zonas que son peligrosas, a la que no es recomendable meterse. Como en todos lados”, señala. El grueso de los habitantes está formado por magrebíes y ciudadanos de otros países de África.

Los techos tienen goteras y el recinto está encharcado por las últimas lluvias, el ladrido de algunos perros llega desde la segunda planta. Lo que era el patio de la prisión se ha convertido en un vertedero. Las canastas de baloncesto oxidadas conviven con montones de basura, excrementos, ropa y objetos rotos de todo tipo. Tras atravesar la antigua área de esparcimiento interior, los almacenes dan cobijo a varios residentes. Gustavo, colombiano, vive con su mujer, su hijo y su perro en las antiguas oficinas de pago del almacén. La ropa se acumula en perchas y un colchón en el suelo hace las veces de cama, con una esquina en la que tiene los platos y los cubiertos, así como algunos elementos para cocinar. “No es fácil adelantar 3.000 euros para poder acceder a un piso. Trabajo 20 horas en una empresa de mantenimiento y para alquilar una vivienda piden muchos requisitos”. Lleva 3 años viviendo en el antiguo penal, al que invita al alcalde “para que vea como se vive aquí, porque nunca sabes si alguien a quien quieres y conoces va a terminar así”. Considera injusto que les saquen de un día al otro sin una alternativa y pide una solución digna, un lugar a precio razonable en el que poder vivir.

Muy cerca ha habilitado un lugar para vivir Miguel, un mallorquín en la cincuentena que pasó de ser instructor de los caballos de la policía montada a tocar fondo por problemas de adicción a las drogas. Tiene luz, agua y un baño propio, es uno de los inquilinos más antiguos. “Nunca he tenido ningún problema aquí, la gente me respeta. Veremos qué pasa al final, si podemos seguir estando”, lamenta, aunque es pesimista porque la policía ha vuelto por la mañana para advertirles de que el domingo por la noche no puede quedar nadie en la prisión. Con una mochila al hombro, se aleja porque ha quedado con una clienta que tiene un caballo, a los que se dedica ahora por su cuenta. Domi, mallorquín de 65 años, trabajó a lo largo de su vida en el sector de la construcción y con la pensión que le ha quedado sobrevive como puede. “No me llega para una habitación”, lamenta.

Con el desahucio planeando sobre sus cabezas, los residentes están “desesperanzados, tienen miedo e inseguridad”, según ha constatado Médicos del Mundo, que atiende a mujeres sin hogar en la ciudad, algunas de las cuales viven en el antiguo penal. La coordinadora autonómica de la entidad, Belén Matesanz, denuncia que los servicios sociales no se han acercado a conocer la situación personal de quienes habitan en la antigua cárcel. La media de quienes allí viven ronda los tres años, aunque hay una persona que lleva unos 30 durmiendo en el lugar. “No todas las personas que residen en la cárcel son consumidoras o en exclusión social crónica, sino que hay un nuevo perfil de sinhogarismo más joven que no encuentra oportunidades para alquilar en la isla y se ve abocado a encontrar soluciones alternativas para su integridad física y mental”. Para Matesanz es importante “no criminalizar” a personas cuya exclusión residencial y social no es voluntaria, algo que con la acción policial ordenada por el ayuntamiento “les estigmatiza aún más”.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, del PP, arguye que la medida pretende “defender al máximo la seguridad personal” de quienes viven en la prisión, así como la convivencia con los vecinos de la zona. “Se van a buscar las soluciones necesarias para las personas que necesiten los servicios sociales”, insiste el alcalde, que reitera que los informes municipales certifican la situación ruinosa de algunas de las construcciones del recinto. Los planes del equipo de gobierno para este recinto pasan por demoler parte de las construcciones para facilitar una obra viaria que pretende agilizar el tráfico en la zona así como planificar la construcción de vivienda pública en parte de los solares que ocupa, aunque no hay por el momento un proyecto definitivo.

Brian sigue el recorrido por la prisión, aunque hay una zona a la que prefiere no acceder porque es conflictiva y ha provocado que algunas organizaciones de ayuda y los servicios sociales no quieran acceder. Ha comenzado a llover, el agua se filtra por todas partes y el olor a basura se entremezcla con el de la humedad. El colombiano se despide tras completar el recorrido: “quizás si la gente conoce lo que pasa, el ayuntamiento acuerda arreglar esto un poco y dejarnos vivir aquí”.