Los comunes aseguran que el Hard Rock no se hará tras cerrar un preacuerdo para investir a Illa

Los comunes, al igual que ERC, han alcanzado también un preacuerdo con el PSC para investir a Salvador Illa president de la Generalitat. Jéssica Albiach, líder parlamentaria de los comunes, expondrá este miércoles el pacto ante el Consell Nacional del partido que deberá validarlo. El texto, de una decena de páginas, del que se están ultimando ultimando los detalles del pacto, recoge una mención expresa para que no se pueda construir el megacasino del Hard Rock, que fue lo que desencadenó a la postre el adelanto electoral. El texto reza: “El Govern no facilitará proyectos como el del macrocasino del Hard Rock, y por este motivo eliminará la reducción de la fiscalidad del juego prevista en la ley 6/2014″. Los comunes creen que el acuerdo entierra definitivamente el polémico proyecto de las 1.200 máquinas tragaperras y las 100 salas de juego.

Bajo el título Un acuerdo para hacer avanzar el país: una Catalunya de progreso y sostenible, el documento pone el acento en las políticas de la vivienda, que han sido la primera reivindicación del partido de Ada Colau y que les había distanciado en este mandato de los socialistas. No solo eso: también pone trabas a la B-40, otro de los proyectos defendidos por el PSC y que los comunes, partidarios del tren, siempre rechazaron. Las obras de esa autovía están centradas ahora en el tramo Sabadell-Terrassa, pero el texto especifica que no se podrá en este mandato alargar hasta Granollers. El documento recoge este punto: “Impulsar la movilidad sostenible en la segunda corona metropolitana y especialmente en el área de los dos Vallès a través de la línea orbital ferroviaria y garantizar que en esta legislatura no se impulsará el Cuarto Cinturón hasta Granollers”.

El Consell Nacional del partido debate este miércoles si valida el pacto de la dirección con los socialistas

Con esas dos medidas, los comunes han puesto el freno a dos de las infraestructuras que defendió el PSC, junto a la ampliación del aeropuerto, en el acuerdo de los presupuestos de 2023 y que en el caso del Hard Rock desencadenó la caída del proyecto de cuentas de este 2024. El preacuerdo ha llegado dos días después del alcanzado entre PSC y ERC. Los comunes cuentan solo con seis diputados, pero son vitales para que las tres fuerzas logren los 68 de la mayoría absoluta.

La negociación, en este caso, estaba ya muy avanzada. El anuncio supone añadir presión a las bases de ERC que decidirán si avalan o no la investidura en una consulta este viernes. El preacuerdo de socialistas y republicanos no cita expresamente el Hard Rock como el de los comunes pero aboga por un turismo “responsable y sostenible” en Tarragona. Por ello, propone, dice el punto, “aprobar la modificación de la ley del del Consorcio Recreativo Turístico (CRT) para elevar el tipo impositivo del juego vinculado a los casinos y volver al régimen de fiscalidad anterior a esa norma”.

Para hacer presidente a Illa, parece que tanto los comunes como ERC han encontrado una solución que le obligue a desechar la inversión comprometida por el grupo de los seminolas. Cada uno por su parte han hecho que el PSC asuma cambiar la Ley del CRT de la Costa Dorada donde se levantaría el resort para subir el impuesto que grava la actividad de los casinos. Pasaría del 10% actual al 55%, recuperando la situación existente anterior a que apareciera en Cataluña la opción de construir un proyecto vinculado al juego en Vila-seca y Salou. La sustancial rebaja la aprobaron Convergència y el PSC cuando el proyecto aún se denominaba BCN World y los promotores -el principal era entones Enrique Bañuelos- aseguraban que era imposible hacer una inversión de ese cariz sin una rebaja de ese tipo. Los comunes siempre han abominado de que la fiscalidad prevista para el Hard Rock era equiparable a la de Macao.

El president Pere Aragones no pudo aprobar su proyecto de presupuestos fue porque los comunes exigían el compromiso de que proyecto del macrocasino de Hard Rock no saliera adelante. El Govern ahora en funciones se negaba a paralizar el trámite administrativo para aprobar la planificación urbanística al considerar que ese paso hubiera comportado una millonaria indemnización a los promotores. Ahora, el acuerdo de investidura ha disipado ese temor.

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