Familias vulnerables empujadas a colegios concertados: “Te obligan a pagar cuotas aunque tengas beca”

Carla (nombre ficticio) todavía se pregunta cómo su hija ha acabado en un instituto concertado. Había solicitado los tres centros públicos que tenía de referencia, especificando que se trataba de una alumna vulnerable, lo que en el sector educativo se etiqueta como necesidades específicas de soporte educativo (NESE). Cuando salieron las listas, respiró tranquila: le había tocado uno de ellos. Pero al poco tiempo la llamaron diciendo que ese instituto ya había llenado el cupo de alumnos NESE (para evitar centros gueto) y que debía elegir otro. “En la lista que me dieron solo había concertados”, explica la mujer. Al final eligió uno porque desde el Ayuntamiento de su ciudad le aseguraron que no debía pagar nada, porque cuenta con una ayuda a la escolarización -conocidas como mochilas económicas-, de 988 euros.

Estas ayudas se crearon hace tres años, dentro de las medidas del Pacto contra la segregación escolar, para hacer un reparto equilibrado de los alumnos con vulnerabilidad. Como compensación, básicamente a la concertada, se habilitaron esta especie de becas a la escolarización que en la pública es de 385 euros -cubre gastos de material, uniformes, salidas y colonias y licencias digitales, según consta en la página web de Educación, ya que no hay normativa que las regule- y de 988 en la concertada -para pagar la sexta hora, material, libros y excursiones de un día, pero no el ordenador-. Los centros públicos reciben el monto de las ayudas vía transferencia del departamento, mientras que los concertados lo hacen vía convocatoria de subvención pública.

No obstante, cuando Carla fue a formalizar la matrícula, el centro le dijo que tenía que pagar los libros y el portátil. Sabiendo que tenía la escolarización gratuita, se negó a pagar y puso una queja a inspección. “Cada mes me lleva un recibo de 20 euros en concepto de escolarización y otro del comedor escolar, y eso que tenemos beca comedor”, comenta. El centro se negó a entregar los libros a la alumna y explicó a la familia que la ayuda solo cubría los socializados, pero que debía pagar los nuevos. Después de mucho insistir, el centro le dijo que hacía “una excepción” y le entregó los libros. “Ahora tengo que comprar una flauta, pero no quiero ir a llorar cada vez que necesito algo. Y tampoco quiero que dejen a la niña sin ir de excursión”, lamenta. Tras su negativa a pagar, la mujer comenta “un suceso curioso”: “Un día antes de empezar el curso me llamaron y me dijeron que sí podía matricularme en el instituto público. Hay mucha opacidad, creo que me lo ofrecieron porque me negaba a pagar la concertada”.

La mujer (este diario ha obviado el nombre de los afectados y los centros para evitar afectar a los alumnos) critica el sistema de reparto de alumnos vulnerables, una medida creada para luchar contra la segregación escolar: “Te dicen que te están apoyando, pero después lo que hace es obligarte a pagar, aunque tengas ayuda”. Carla está segura que hay muchas familias en su misma situación. “El día de la matrícula, la madre que había delante de mí, también vulnerable, pagó. La gente paga por no discutir”.

Y las hay. Como María (también ficticio), cuya hija no logró plaza en los institutos públicos que solicitó y le asignaron de oficio uno concertado religioso, que aceptó cuando le explicaron que no tendría que pagar nada. Pero no fue así. “En agosto me encontré un cargo de 136 euros y otro de 18; y en septiembre, otro de 33. Me dijeron que el primero era un error, pero el de 18 era de escolarización y el de 33, de acompañamiento psicopedagógico y por la digitalización, porque no lo cubre la mochila. Además, me dijeron que ‘33 euros no era nada’, pero para mí sí lo es”, se queja.

Casos como estos han llegado a oídos de las asociaciones de familias de Terrassa o Sant Cugat del Vallès, que hace tiempo que denuncian la existencia de estas prácticas. “Hay alumnos a los que no se les da los libros porque no han pagado la cuota. A otros se les pide 150 euros por el uniforme. Y tampoco se entiende que el ordenador no entre en la ayuda cuando las concertadas han recibido subvenciones para digitalizar los centros. Están cobrando por conceptos que les llega subvencionados”, afea Tiago Ferreria, portavoz de la Pepeta, la plataforma de AFAs de centros públicos de Terrassa.

La asociación de AFAs de Cataluña, la Affac, también ha recibido quejas, principalmente sobre la concertada, pero también de la pública. “Bastantes casos afectan a los ordenadores, porque aquí la normativa es más ambigua, pero también tenemos casos de familias a las que se les quiere cobrar la cuota de material o la de las fundaciones, que es voluntaria. Incluso hemos corroborado presiones a las familias que se niegan a pagar para que abandonen el centro”, abunda la directora de la entidad, Lidón Gasull. Otra de las casuísticas habituales, añade, es hacer pagar parte del comedor, ya que la beca no cubre la totalidad del coste en la concertada, con precios más elevados que la pública.

Desde la Affac ayudan a las familias a hacer una reclamación administrativa ante la Generalitat, “pero la respuesta acostumbra a ser ambigua y raramente por escrito”, tercia Gasull. Pero admite que las familias denuncian poco. “A algunas se les hace grande tener que denunciar o no quieren llegar hasta el final, otras tienen dificultades con el idioma y otras no quieren que se sepa que son vulnerables para proteger a su hijo”.

El Síndic de Greuges de Cataluña no cuantifica las quejas que ha recibido, pero en el informe de seguimiento de 2024 del Pacto contra la segregación escolar sí recoge alguna de las casuísticas, como el hecho que se pida a estas familias vulnerables que paguen por conceptos o servicios “cubiertos ya por la financiación pública”, como las actividades lectivas, el mantenimiento del aula o el personal de apoyo educativo. El Sindic también critica que algunos centros concertados dicen a las familias que las cuotas a sus fundaciones o a ciertos servicios son obligatorias cuando “el marco normativo establece claramente la prohibición de imponer esta obligación”. Asimismo, afea a los centros que, en el caso de las familias que no pagan, se las “presione con prácticas claramente discriminatorias e irregulares, dirigidas no solo a los progenitores, sino también a los alumnos”.

Un ejemplo de estas prácticas llegó al Síndic de Barcelona hace justo un año. Una familia vulnerable con dos hijos -Infantil3 y 1º de ESO-, beneficiarios de las mochilas y asignados a una concertada, se quejaba de que, tras un mes del inicio de las clases, sus hijos no habían recibido ni los libros ni el material escolar; el centro les reclamaba el pago de varias cuotas que ascendían a más de 500 euros.

Al Síndic de Terrassa también han llegado dos casos de alumnos -aunque tiene conocimiento de más- que, en un primer momento, habían sido asignados a la pública y después fueron derivados a la concertada, donde les hacían pagar las salidas y parte del comedor, pero el caso se solucionó tras la intervención del Ayuntamiento y la inspección educativa.

Por su parte, el Departamento de Educación no concreta las quejas recibidas de familias, pero recuerda que los centros privados “no están autorizados a cobrar cuotas, ya que la escolarización en las etapas obligatorias es gratuita”, aunque sí pueden cobrar por la sexta hora escolar (de hecho, un servicio cubierto por las mochilas).

Miquel Mateo, secretario general adjunto de la Fundación Escola Cristiana, apunta a que hay servicios no incluidos en las ayudas, como el seguro escolar obligatorio, la asistencia sanitaria o psicopedagógica, y que hacen pagar por ellos porque “son servicios que siempre están a disposición para cuando los alumnos lo necesiten”. Sobre el cobro de cuotas, Mateo defiende que las familias no están bien informadas. “Se les dice que todo es gratis, pero no entra todo, y después vienen las quejas”.