El Consell estudia una legislación exprés para reconstruir las zonas afectadas por la dana

El Gobierno valenciano estudia una legislación urbanística extraordinaria y urgente para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana, según ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en las Cortes Valencianas. El consejero ha confirmado además que revisará el Patricova, el plan de prevención de riesgo de inundaciones, y cambiará la ley de l’Horta, que regula los suelos de alto valor agrícola, porque “es un obstáculo” para las obras en cauces y barrancos. Los grupos de la oposición PSPV y Compromís le han acusado de aprovechar la tragedia para desmantelar todas las leyes de protección del territorio.

Martínez Mus quiere regular la figura del Plan Urbanístico Especial de Reconstrucción, tramitado por la Generalitat, para crear y ordenar suelos para la construcción de vivienda protegida o para la reubicación de polígonos industriales o terciarios dañados por la riada exclusivamente para los municipios afectados por la dana.

“Son medidas extraordinarias en materia de urbanismo para un momento en el que hace falta agilidad”, ha dicho el consejero. Solo será necesaria una declaración responsable para facilitar la ubicación de instalaciones y equipamientos provisionales y reconstruir las construcciones “legalmente implantadas”.

“La inacción es destrucción”, ha sentenciado el consejero al tiempo que ha criticado a la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, por su ausencia tras el desastre. “Es inexplicable que una ministra con competencias sobre cauces y barrancos no haya venido a Valencia”.

La portavoz socialista Rosario Navalón ha instado al consejero a “dejar de escuchar solo a aquellos que se lucran con la construcción y planificar el futuro con políticas de prevención y adaptación al cambio climático”. Y ha acusado al Gobierno valenciano de Carlos Mazón de “aprovechar una tragedia para eliminar todas las leyes de protección del territorio”.

La socialista ha recordado que las decisiones que se toman en las políticas de territorio y urbanismo afectan a la calidad de vida de las personas: “Hablamos de políticas fundamentales que o protegen de los riesgos o ponen en peligro la vida de las personas”.

El diputado de Compromís Juan Bordera ha recriminado a Martínez Mus que la Generalitat recortara en los presupuestos de 2024 más del 50% las partidas para obras de encauzamientos y barrancos, algo a lo que el consejero ha restado importancia porque “es solo una cifra inicial, nominal,y lo que computa es al final lo que se ejecuta”. También ha criticado el diputado valencianista el proyecto de ley de simplificación administrativa, que ayer entró en vigor, y que permite construir a 200 metros de la costa, cuando la anterior legislación lo impedía hasta los 500 metros.

A los socialistas, que acusan al Consell de Carlos Mazón de estar desmontando las leyes de protección del territorio que dejó el anterior gobierno del Botànic, Martínez Mus ha respondido que “son normas que están en vigor cuando nos ha pasado lo que nos ha pasado. Tenemos que replantarnos muchas cosas. Si antes teníamos dudas, ahora todavía más”.

El titular de Territorio no se ha privado de acusar al Consell de l’Horta —órgano rector creado por la ley de l’Horta— de “bloquear” con sus informes proyectos en barrancos como el del Poyo y La Saleta, dos de los que se desbordaron con la dana del 29 de octubre. La oposición le ha recordado que no había informes de ese órgano desfavorables para las citadas obras hidráulicas solo se pedían medidas de integración paisajística.

Martínez Mus revisará también el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación para reclasificar áreas situadas en las proximidades de ramblas y barrancos, con el fin de establecer nuevas prioridades a la hora de construir en zonas inundables.

En las interpelaciones, Ana Bellver, de Vox, ha sido la más beligerante a la hora de reclamar al Consell del PP una “reforma integral” de la ley de l’Horta para poder ejecutar obras pendientes y ha exigido la supresión del Consell de l’Horta, un organismo que, a su juicio, “no ha mostrado otra cosa que su inutilidad” pese a recibir “decenas de millones” de euros.