El tren fantasma del ‘caso Lezo’ sigue sin arrancar

Es 5 de septiembre, y Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles, menciona “la fatídica obra” ante David Pérez, el consejero de Transportes. No hacen falta más detalles para que todo el mundo sepa de qué habla. Han pasado casi 15 años desde que OHL ganó el concurso de 360 millones de euros para unir con un tren Móstoles y Navalcarnero. Ni uno solo ha circulado desde entonces. Miles de vecinos han quedado atrapados en desarrollos urbanísticos huérfanos de su principal reclamo. Y el magistrado Manuel García-Castellón ha abierto juicio oral contra el expresidente Ignacio González al ver “indicios racionales de criminalidad” en la concesión de las obras, ya que presuntamente habría cobrado parte de una comisión de casi 2 millones de euros. En ese contexto, ¿puede revivir el tren fantasma?

Atrapados por la corrupción

La fiscalía pide cuatro años de cárcel a González por el tren de Navalcarnero

“Eso debe contestarlo la Comunidad. Esta situación es, sobre todo, injusta”, lamenta José Luis Adell (PSOE), el alcalde de Navalcarnero, una población de 30.000 habitantes al sur de Madrid. “Ya sabemos que han sido actuaciones corruptas las que han ocasionado que el tren se paralizase”, afirma sobre unas obras investigadas en el caso Lezo, y que se frenaron en seco en medio de la crisis, por falta de financiación, y con el Gobierno y la constructora enfrentados a cara de perro. “La culpable de que la obra no se haya terminado es la Comunidad de Madrid, que firmó un convenio y asumió la obra, y ahora tiene que hacerse cargo de ella”, sigue. “Independientemente del problema legal con la adjudicataria, tiene la responsabilidad de que un territorio de la Comunidad de Madrid muy importante, con pueblos de más de 30.000 habitantes, no tenga este servicio. Es un agravio comparativo”.

Una zanja de casi 20 metros de profundidad y 30 de ancho recorre los barrios de El Pinar y La Dehesa, en Navalcarnero. Es la cicatriz que han dejado unas obras nunca terminadas para conectar a la red de cercanías a los 100.000 habitantes de esta ciudad, la de Arroyomolinos, y el desarrollo de Parque Coímbra-Móstoles. Al tiempo, la depresión del terreno es el testimonio palpable de cómo se ha convertido en pesadilla el sueño de transformar a Navalcanero en un intercambiador para atraer hacia el transporte público a los vecinos de otros municipios madrileños (El Álamo, Sevilla La Nueva, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Aldea del Fresno…) y toledanos (Valmojado, Casarrubios o Ventas de Retamosa).

“Compramos en 2010 por la estación de tren, cerca de una de las paradas, teníamos esperanzas, y nos ha afectado mucho que no se haya hecho”, cuenta Mariano, uno de los vecinos. “La zona se quedó parada muchos años, aunque ahora parece que esté saliendo un poco adelante, con varios edificios nuevos”, añade. “Compramos por 38 millones de pesetas [unos 225.000 euros] y tenemos vecinos que han vendido por 20 [unos 120.000]. Si vendemos no nos dan lo que pagamos por ellas, porque no está céntrico y no hay tren…”, sigue. “Hasta hace 10 días no teníamos ni farmacia. Para comprar de verdad hay que ir al centro del pueblo con el coche”.

Impulsadas por Esperanza Aguirre, las obras se paralizaron en 2010, por falta de financiación de la concesionaria y con 8 de los 14,4 kilómetros de la infraestructura ya ejecutados, según datos del Gobierno regional. Desde entonces, la Comunidad y la constructora pleitean en los tribunales para dirimir de quién es la culpa de los cambios en el proyecto (con el soterramiento no previsto de un túnel) y la financiación (50 millones que reclamaba OHL).

Como consecuencia, denuncia el PSOE, Navalcarnero es el único municipio de más de 30.000 habitantes de la Comunidad de Madrid sin transporte ferroviario. Y parece que nadie sepa qué hacer.

El anterior consejero de transportes, Ángel Garrido, llegó a plantear en febrero la cesión de la obra al Gobierno de España (“la población beneficiada de Móstoles superaría los 210.000 habitantes”, dijo), pero el adelanto electoral decidido por Isabel Díaz Ayuso en marzo dejó en nada el proyecto.

“En estos momentos hay disparidad de criterios en cuanto a lo que reclama la empresa y lo que reconoce la Comunidad de Madrid, a lo que hay que sumarle que judicialmente se están instruyendo dos causas”, dice un portavoz gubernamental. “Por tanto es un tema de largo recorrido, hasta que no haya una sentencia firme, ya que en este asunto ambas partes han venido reclamándose distintas cantidades”, añade sobre la polémica, otra más de las que persiguen al PP a través de los sumarios de Púnica, Gürtel y Lezo.

Quizás por eso el programa electoral de Isabel Díaz Ayuso no hacía ninguna referencia al problema. El PSOE, en cambio, prometía incorporar al Presupuesto regional la dotación económica necesaria para acabar la infraestructura. Por su parte, Más Madrid avanzaba que negociaría con el Gobierno central la incorporación del tramo Móstoles-Navalcarnero a la red de cercanías, “procediendo a su ejecución”. También Podemos se comprometía a terminar las obras.

Pero ganó el PP. Y casi 15 años después, el embrollo judicial que enfrenta al Gobierno y la constructora en los tribunales sigue sin resolverse. Mientras, los vecinos esperan a un tren que nunca llega.

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