La trampa de los contratos de refuerzo covid para sanitarios en Madrid: ni de refuerzo ni para covid

Alba, neuróloga, es plantilla del Servicio Madrileño de Salud desde 2012. Tiene un “contrato covid” desde abril del año pasado. Sara y Cristina, geriatras, 12 y cuatro años trabajando para la sanidad pública, son “contratos covid” desde junio de 2020. Ángela, intensivista en Madrid desde 2014, “contrato covid” desde aquel mismo mes. Sara, urgencióloga, hará cinco años el próximo mayo dentro de la sanidad pública, con “contrato covid” desde el comienzo de la pandemia. Daniel, neurólogo desde hace ocho años, tiene “contrato covid” desde hace un año y nueve meses. La lista es larga porque muchos de esos “contratos de refuerzo covid” no son ni contratos de refuerzo ni para covid, sino personal estructural desde hace años de la Comunidad de Madrid, donde hay una temporalidad que alcanza a la mitad de toda la plantilla sanitaria y unas condiciones que los han obligado a firmar incontables nóminas a lo largo de esos años: sustituyendo bajas, excedencias, haciendo guardias, parches aquí y allá. Cuando llegó el virus, simplemente, su relación laboral con la Consejería de Sanidad pasó a llamarse de otra manera: “contrato de refuerzo covid”.

Con lo que parecía el principio del fin de la pandemia, el Gobierno regional de Madrid, como también lo hicieron otras autonomías, informó de que esos contratos se rescindirían cuando acabara el año. Lo hizo en octubre. El 19 de noviembre, un portavoz de la consejería explicó que preveían “la continuidad de entre el 45% y el 50%”. Y ese mismo día, en una reunión con los sindicatos, se habló del 35%.

Este miércoles el cese masivo se detuvo, aunque no por mucho tiempo. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció que, debido a la subida en los contagios y a la necesidad de asistencia sanitaria a esos enfermos, iban a invertir 40 millones de euros extraordinarios para que algunos de esos profesionales permanezcan en sus puestos uno, dos o dos meses y medio más: “Los que se necesiten, al menos, hasta que pase el invierno”. Este jueves, Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda, confirmó en la Asamblea que se prorrogarán hasta el 31 de marzo.

¿Y después? ¿Cuántos son “los que se necesiten”? ¿Solo se necesitan durante el invierno? ¿Cuántos de esos “refuerzos” lo son realmente? ¿Y qué dicen las cifras oficiales de recursos humanos del propio Servicio Madrileño de Salud (Sermas)? Según el Portal Estadístico de personal del Sermas, en enero de 2020 (último mes prepandémico), había 74.095 profesionales; a 31 de octubre, 83.717 ―9.622 más de todas las categorías, sanitarias y no sanitarias―.

Y la cuenta no es tan sencilla. Por un lado, hay un número indeterminado que se ha marchado a lo largo del último año y medio: bajas largas, excedencias, cambios a la sanidad privada o a otras comunidades. Algunos han tenido sustitución y algunos no.

40 contratos en 11 años

Por otro lado, está la parte que ya estaba dentro del sistema, sanitarios que acumulan contratos precarios desde hace tres, siete, 13 años y que de repente, su relación contractual con la Comunidad cuenta como nueva y pasa a llamarse “contrato de refuerzo covid”. Pero son las manos de siempre. Por ejemplo, las de una pediatra del Doce de Octubre con unos 40 contratos firmados en los 11 años que lleva en el Sermas y es “refuerzo” desde marzo de 2020, “La inestabilidad se ha acabado los meses que ha durado ese contrato y ahora se termina porque dicen que no nos necesitan, pero sí nos necesitan. Estábamos antes porque nos necesitaban sin pandemia, luego durante la pandemia más, y nos necesitarán después”, asegura.

Los profesionales no quieren una prórroga temporal de sus contratos ni creen que sea la solución para la sanidad pública. Se han organizado en el grupo Médicos precarios de Madrid, en Twitter, y en #YoSoyContratoCOVID, han creado una web, están recogiendo firmas en Change.org, se han movilizado a las puertas de distintos hospitales la mañana de este jueves y esta tarde, a las 16.30, se concentraron frente a la Asamblea de Madrid y registraron su petición: el 100% de la renovación de los contratos.

De las casi 80 especialistas y enfermeras ―la inmensa mayoría son mujeres― con las que ha hablado este diario, prácticamente todas están convencidas de que el cese se producirá, pero no de forma definitiva. Piden que esa renovación sí lo sea, formar parte del sistema no solo en la práctica, sino también sobre el papel. “Nos echarán y a la semana siguiente nos volverán a llamar con las condiciones de siempre: una basura, contratos de una semana, de dos días, de 17 horas por una guardia; parches, parches y parches. Pero parches continuos, somos personal estructural. Es lamentable”, dice una urgencióloga de un hospital mediano.

Esos servicios son los que más han visto aumentar la plantilla, hay 129 facultativos de Urgencias más que en enero de 2020. Después, los internistas, con 92 más, y tras ellos, Medicina Intensiva, con 90 más. Son algunas de las especialidades que han tenido un contacto más directo con el virus. Pero también los facultativos de Medicina de Familia, los primeros en sufrir el impacto de la pandemia y, sin embargo, según los datos oficiales, Madrid tiene 25 médicos de centros de salud menos que en enero de 2020 y cinco pediatras menos.

No solo no ha aumentado sino que ha visto cómo sus efectivos se reducían. También en los médicos de urgencias y emergencias, 74 menos. Laura, médica de familia, trabajaba en un centro de salud. Ahora lo hace en las Urgencias de un hospital: “La situación en primaria es indignante. Salí de allí en septiembre porque de cinco a nueve de la noche éramos dos médicos para cubrir urgencias, avisos telefónicos y consultas. Yo ya no podía más, había pacientes incluso que se ponían agresivos. Si la gente supiera las condiciones en las que trabajamos de verdad, se echaría a la calle”.

También las enfermeras aluden a una tensión cada vez mayor con los enfermos. “¿La culpa? De cómo está todo: la gente tiene que esperar y no entiende que estamos hasta arriba. Quienes tampoco parece que lo entiendan son los políticos, pero la población tiene que saber una cosa, que hacemos lo que podemos con las que somos y, si no se puede más, que se quejen a quien corresponde, a quien decide que seamos menos de las que tenemos que ser”, dice Elena, enfermera “de todo lo que ha ido haciendo falta” en un hospital de la región.

Enfermería, el ámbito que más ha necesitado crecer

En números absolutos, en todo el Sermas son ellas las que más efectivos han sumado: hay 3.878 más enfermeras y 2.629 auxiliares más que antes de la pandemia. Pero sus condiciones no son mejores que las de los especialistas. Dora trabaja en lo público desde 1996 y es interina desde 2002. Hizo la última oposición en 2019 y todavía está esperando la resolución: “Y la gente cree que la interinidad es la fijeza, pero no, estás en una plaza que no es tuya oficialmente y, cuando salga, te vas a la calle con una mano delante y otra detrás”. No es “contrato de refuerzo covid”, pero sí “un ejemplo de cómo funciona la sanidad en Madrid”. Cuenta que tiene compañeras con 18 contratos en cinco años: “Si se van, el sistema es insostenible”.

La pandemia “demuestra que hace más falta que nunca reforzar la sanidad, tener suficiente personal para atender a la población como se merece”, dice Paula, enfermera en un centro de salud cerca del hospital Infanta Leonor. Allí, alrededor de 50 personas atienden las Urgencias, unas 430 diarias con una población de más o menos medio millón de habitantes y 18 de esos profesionales son “contratos covid”. “¿Qué somos? ¿De usar y tirar?”, pregunta una de esas facultativas. “Según les vengan las olas”.

El 23 de noviembre se fechó el comienzo de la sexta en Madrid. Lo hizo el grupo de médicos que informa sobre la situación hospitalaria de la Comunidad desde el pasado verano. Por el momento, es una de las autonomías en la parte baja de la tabla de incidencia acumulada de covid, 149 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días (la media española está en 217), aunque va subiendo, en la última semana ha reportado el 9,8% del total de casos en España, 10.146 de 103.018. Y está en la parte alta de la tabla en la ocupación hospitalaria: es la segunda región, por detrás de Cataluña, con 536 pacientes hospitalizados, 122 de ellos en UCI.

La subida en las listas de espera

Lejos de los números de ocupación hospitalaria de los peores momentos de la crisis, a esta cifra hay que sumar las de los enfermos que ocupan el sistema de forma habitual. Madrid superó por primera vez el medio millón de pacientes en lista de espera para ver al especialista en septiembre. Es el dato más alto desde que existe la contabilidad oficial, que empezó en junio de 2016, cuando había 229.280. En octubre esa lista ha crecido en 36.269 personas más: a 31 del pasado mes, había 536.635 pacientes aguardando. Alba, la neuróloga, cuenta que en su hospital hay 1.700 personas pendientes de segundas citas: “La que se cuenta siempre es la primera para decir: ‘Tardamos dos semanas en que te vea el especialista’, pero, ¿qué pasa después? Pues nosotros tenemos 300 de esas segundas citas que tendrían que haber sido vistas en 2020″.

Ella creó y puso en marcha una consulta monográfica de cefaleas. Tiene una lista de espera de siete meses y si hoy pide una revisión en tres meses, la cita sale para julio de 2022: “Voy llena de post-it, apunto los nombres para ir directamente a pedir huecos donde no los hay para no retrasar ese seguimiento”. Es decir, que si una mañana tiene un paciente a las 9.00, ella se pone dos o tres pacientes a la misma hora. Supone un 30% más de trabajo en su agenda. ¿Qué ocurrirá si es uno de los ceses? “Si me echan, esa agenda no la pueden hacer desaparecer, la tendrá que llevar otra persona y como no puede estar con dos cosas a la vez, crecerán las dos listas de espera, la mía porque no va a dedicar todos los días necesarios y la suya porque tendrá que dedicar tiempo a la mía”.

Y como en el servicio de Alba, en muchos otros. En el de Sara y Cristina, las geriatras, si se van esos “refuerzos” se quedarán a la mitad, dos de cuatro. En el de Jorge, bioquímico, “la sobrecarga irá a los compañeros que se queden”. Daniel, neurólogo, cuenta que revisó esta semana pruebas pedidas en febrero de 2020. En las UCI, Ángela, la intensivista, dice que se están viendo problemas que hacía años que no: “Enfermedades del día a día, como vasculares de las piernas, descontroladísimas, cosas de finales de los noventa. Un retroceso brutal: tenemos todas las herramientas para que nuestra población esté bien atendida, controlada, y no ocurre, por el debilitamiento de la sanidad pública”. Sara, urgencióloga, recuerda que los servicios de urgencias de los centros de salud llevan cerrados desde marzo de 2020: “¿Y dónde va a ir la gente un martes a las tres de la mañana si le pasa algo? A los hospitales. Todo se colapsa y se deteriora”.

Y los propios profesionales, también. “Estamos acostumbrados a la mierda porque el maltrato viene de hace muchos años”, dice Elena, pediatra. Y David, de Medicina Interna, asegura que se sienten engañados: “El anuncio de la prórroga, no sé qué palabra utilizar... vergonzoso, es un caramelo para que nos planteemos no seguir reivindicando un mínimo de respeto profesional. Pero ya no, hasta aquí”.

Otra internista, con más de 30 contratos en los últimos cuatro años y medio, resume: “Hay cansancio, enfado, tristeza y no se puede comprender que no vean los retrasos que hay en todo, pacientes con enfermedades descompasadísimas, como los bronquíticos crónicos, o los oncológicos no diagnosticados que cuando los diagnosticas ya no hay cura y se mueren... porque se mueren. Y ese exceso de mortalidad lo veremos, no ahora, pero en no mucho tiempo. Y así es como están las cosas: camino de empeorar la atención a la población, a su salud”.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.