Las asociaciones ciclistas denuncian que la Policía Municipal de Madrid no aporta pruebas en los atropellos

El cruce entre las calles de Cea Bermúdez y Vallehermoso, en el distrito madrileño de Chamberí, es como un circuito de Fórmula 1. Coches arriba y abajo a toda velocidad, autobuses, taxis, cláxones y baile de semáforos. Así lo describe Pablo Carrascosa, que a los 58 años sigue yendo a trabajar en bicicleta todos los días, y todos los días a las ocho y media de la mañana atraviesa ese circuito, en dirección norte. También lo hizo el 7 de septiembre, cuando nada más ponerse en verde la luz del semáforo, empezó a pedalear. Vio que un vehículo se le aproximaba por la izquierda, intentó esquivarlo aumentando la velocidad, pero lo siguiente que recuerda es un golpe en la rueda trasera y, después, aparecer tirado en el suelo con dolor en el cuello. Se había roto la clavícula.

Los accidentes viales de este tipo ―que causan heridos o fallecidos― deben investigarse como delito, gracias a una reforma en el Código Penal, impulsada por el PSOE y aprobada el pasado septiembre. Eso significa que debe abrirse un atestado policial, donde se recojan todas las pruebas pertinentes, como las imágenes de las cámaras que haya o las declaraciones de los testigos. Pero las asociaciones de ciclistas denuncian que la Policía Municipal de Madrid no entrega estas imágenes, lo que dificulta que se esclarezcan los siniestros. El de Carrascosa no es el único caso. A otro ciclista que pedaleaba por la calle de Génova el pasado abril le sucedió algo similar, y tampoco se han aportado las imágenes pertinentes de las cámaras de seguridad de la zona. Un portavoz del cuerpo indica que ellos solo envían las imágenes cuando lo solicita un juez.

“El día del accidente pregunté a los agentes si había cámaras en la calle. Me dijeron que sí las había, por lo que solicité que se pidieran [para incluirlas en el atestado y tramitar la denuncia]. Su respuesta fue que no les competía a ellos hacerlo. ‘Nosotros no somos detectives, no hacemos averiguaciones’, me contestaron”, explica Carrascosa, que sigue de baja por las lesiones sufridas. En el cruce donde lo golpearon hay un foto-rojo, una cámara de infrarrojos instalada en el semáforo que permite captar el número de la matrícula y tomar cinco fotografías en las que se distinguen la marca, el modelo y el color del vehículo. La versión del ciclista es que el semáforo estaba en rojo y el coche se lo saltó, pero el conductor lo niega. Es la palabra de uno contra de la del otro, y las imágenes ayudarían a dilucidar qué paso.

Sin declaraciones de los testigos

Carrascosa denunció los hechos en la Unidad de Policía Judicial de Tráfico, en la zona de Casa de Campo, y además de la fractura de clavícula, indicó que había sufrido abrasiones en el hombro, el codo, la rodilla y el pie izquierdo: “La camisa quedó destrozada y todavía arrastro dolores en los dedos de la mano derecha. La bicicleta acabó hecha un garabato”. Al pedir el resumen del atestado, se percató de que no se habían incluido las declaraciones de ningún testigo ―el día del accidente lo ayudaron dos médicos que estaban camino al trabajo―, ni se hacía alusión a las imágenes de las cámaras. “Es un documento muy escueto y el croquis de lo ocurrido es imperfecto. Es como si allí nadie hubiera visto nada”, critica.

Ante las dudas, su abogado —y experto en accidentes ciclistas— Alfonso Triviño, decidió personarse en el juzgado de instrucción número 1 de Madrid para ver el atestado completo. “Me dijeron que no habían enviado nada, que debería haberlo hecho de oficio la Policía Municipal, y que la fuerza instructora no le tomó declaración a nadie para esclarecer los hechos”, cuenta por teléfono. Las cámaras que hay en la ciudad las gestiona Madrid Movilidad, y las referentes al tráfico de vehículos, como semáforos o radares, y las de seguridad, la Policía Municipal, explica un portavoz del cuerpo. En el área de Movilidad, cuyo titular es Borja Carbante, otro portavoz señala que la intervención de las cámaras no es competencia suya, sino de los agentes municipales.

Triviño participó en la modificación del Código Penal como secretario general de la Asociación de Ciclistas Profesionales y, junto con el presidente de la asociación Pedalibre, Miguel de Andrés, ha solicitado una reunión urgente con las áreas de gobierno municipales de Movilidad y Seguridad para exponer la situación. “Cuando hay un posible delito, en este caso de imprudencia menos grave con resultado de lesiones, los agentes están obligados a enviar las imágenes, y más si la denuncia se hace a tiempo”, señala el abogado. El artículo 22.3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos establece, con relación al tratamiento de imágenes de videovigilancia, que los datos se borrarán un mes después de su captación, salvo si sirven para acreditar actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deben ponerse a disposición judicial de la autoridad competente. “¿Cómo investigas si es imprudencia grave o leve? Pues viendo las imágenes”, insiste Triviño.

“Ha habido una clara negligencia de la policía, porque si hubieran pedido que se conservaran las imágenes ahora las tendría como prueba”, se queja Carrascosa. Pero no las tiene. Como no fueron solicitadas, ni enviadas de oficio, ya han pasado los 30 días de margen para guardarlas y seguramente estén borradas.

Antes de la reforma del PSOE, un juez podía considerar que saltarse un semáforo y arrollar a un ciclista era una imprudencia leve, al margen de la gravedad de las heridas que tuviera la víctima. Eso suponía una desprotección para ciclistas y peatones, porque el Código Penal solo contemplaba las imprudencias al volante graves y menos graves. Estas últimas son aquellas en las que se hay lesionados o fallecidos debido a la infracción de una norma de tráfico calificada como grave (saltarse un stop, un ceda el paso o un semáforo, o atropellar a un ciclista por alcance, por ejemplo). Muchos atropellos se archivaban sistemáticamente, y era decisión del juez dirimir si se traba de un caso leve, que seguiría la vía civil, o grave o menos grave, que lo hace por la vía penal, con un proceso y una investigación.

Las asociaciones ciclistas ya se reunieron con el Ayuntamiento hace un par de meses, pero la delegada del área de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, no se presentó a la cita. “Les expusimos los problemas, para que al menos investigaran por qué no se aportan pruebas, y dijeron que tomaban nota. Pero que no se presentara la concejala es indicativo del poco interés que había al respecto”, comenta el presidente de Pedalibre, Miguel de Andrés. Les han vuelto a citar para el próximo 21 de diciembre, vía telemática, y les han asegurado que Sanz estará presente. “Es doloroso y frustrante que además de ser víctima tengas que aguantar todo esto. La policía se niega a aportar las grabaciones, dificulta la instrucción y dilata el proceso”, añade.

Un portavoz de la Policía Municipal indica que ellos solo pueden aportar datos de la intervención, como la fecha, la hora, si la persona ha sido identificada o no, o si se ha procedido a su detención. Pero que no pueden informar sobre el procedimiento judicial, y que las imágenes se envían cuando lo solicita un juez. Tampoco han respondido a este periódico sobre cuál es el protocolo habitual en estas situaciones.

Atropello con fuga

El abogado de Carrascosa lleva otro caso parecido, que ocurrió la tercera semana de abril, pero en el que hay una agravante: el conductor se dio a la fuga. Rubén Morillo, de 42 años, pedaleaba por la calle de Génova, en el distrito Centro, y camino al trabajo, cuando un vehículo negro de grandes dimensiones lo golpeó y él cayó al suelo. Tumbado y dolorido ―se fracturó la pelvis y tuvo un traumatismo craneoencefálico― miró al interior del coche, vio a una mujer al volante. Esta le miró de vuelta y se fue. Desde 2019, el hecho de que un conductor abandone el lugar del accidente si ha causado muertos o heridos es considerado como delito. Morillo estuvo casi tres meses de baja: “La bici salió volando”.

“La policía no le dio explicaciones de nada y en el juzgado tendrían que haberle citado para esclarecer los hechos, y tampoco. Nadie se ha puesto en contacto con él cuatro meses después del accidente”, denuncia Triviño. Tampoco sabe si se han presentado imágenes de alguna de las cámaras que hay en distintos edificios de la calle, como en la sede del Partido Popular, en el número 13. “Ya haremos lo que sea oportuno’, es lo que le dicen cada vez que pregunta”, se queja el abogado.

Y añade: “Lo que tendría que haber ocurrido es que la policía interviniera las cámaras, y así identificar al conductor del vehículo. Esto serviría de ayuda para otros ciclistas, para que no se sientan desprotegidos”.

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