El penúltimo paso de la batalla judicial de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana

De si Arantxa Sánchez Vicario está finalmente divorciada de Josep Santacana solo tienen constancia en estos momentos los tres magistrados de la sección 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona que el miércoles deliberaron y tomaron una decisión al respecto. La sentencia, que los abogados de ambas partes van a recibir en las próximas semanas, aclarará si el divorcio de la expareja es correcto que se tramite en España, tal y como pide Santacana o, por el contrario, es competente Estados Unidos, como solicita Sánchez Vicario, y podrá poner fin a una larga batalla judicial que la extenista y el empresario mantienen desde hace dos años.

Todo se remonta a marzo de 2019, cuando un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona), donde Santacana presentó la demanda de divorcio, hizo efectiva la disolución del matrimonio. Sin embargo, Sánchez Vicario recurrió la sentencia debido a su incesante lucha para que el divorcio se resuelva en Miami (Florida, EE UU), donde inicialmente se comenzó a tramitar y donde residen ambos y sus dos hijos. Ahora, son los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona los que han decidido dar la razón a uno u otro. Que este asunto haya llegado a su fin cuando se conozca el contenido de dicha deliberación es, no obstante, relativo, pues si cualquiera de las dos partes no está conforme con la nueva resolución tienen la posibilidad de presentar un último recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. “El proceso jurídico procesal todavía se puede alargar más en el tiempo”, asegura a EL PAÍS Ramón Tamborero, abogado de Arantxa Sánchez Vicario, que calcula que hasta dentro de “10, 15 o 20 días” no recibirán la sentencia.

Si los jueces finalmente dan la razón a la extenista y anulan la sentencia de divorcio dictada por el juzgado de Esplugues de Llobregat, la expareja tendrá que dirimir sus problemas matrimoniales en Miami, un objetivo que persigue la deportista desde el principio con el fin de que Santacana no se desentienda de los problemas económicos que tiene la expareja. Al disolverse el matrimonio en España entra en vigor el acuerdo de separación de bienes que ambos firmaron antes de casarse y que está sujeto al régimen vigente en Cataluña. Sin embargo, este pacto no es válido en Estados Unidos, de ahí el interés del empresario de que el caso se resuelva en España. Precisamente esos bienes económicos en común son “parte de la estrategia del por qué hemos apelado la primera sentencia”, sostiene el abogado de la extenista sin querer proporcionar más detalles.

Sánchez Vicario y Santacana se casaron en 2008 y se separaron tras 10 años de matrimonio y dos hijos en común. Según explica el letrado de la extenista, la primera demanda que el empresario presentó para disolver su matrimonio fue en Miami, donde residían siendo pareja. Sin embargo, la acabó retirando para poco tiempo después presentarla en Barcelona. “Nosotros sostenemos que su acción es presuntamente un fraude de ley, y que el tribunal competente para resolver el matrimonio es el de Florida”, argumenta Tamborero. En el caso de que el fallo de los jueces se incline a favor de Sánchez Vicario, el procedimiento que seguirá su defensa será presentar una demanda de divorcio en Florida y allí solicitar “averiguar adónde han ido a parar los presuntos activos de Arantxa que, según dice ella, han desaparecido”, resume su abogado.

Independientemente de lo que se decida, esta última sentencia de divorcio no afecta directamente a la guardia y custodia ni a la manutención de los dos hijos de la expareja, pues según explica Tamborero “debido a que los niños no viven en España, todo el proceso judicial referido a los menores se sigue ante los juzgados de Florida”. La residencia en Miami de los pequeños, de 10 y 12 años, parece que es el único punto en común al que ha llegado el todavía matrimonio. La extenista y el empresario consiguieron una especie de custodia compartida antes de que se presentara la demanda de divorcio y, debido a que el nivel patrimonial de ella es más alto, es la que se encarga de pasar una cantidad a su todavía marido para la manutención de los menores cuando estos conviven con él.

De manera paralela al divorcio, Santacana y Sánchez Vicario mantienen abierta otra guerra económica con el Banco de Luxemburgo (BDL), quien solicitó el pasado noviembre una pena de cuatro años de cárcel por alzamiento de bienes a la extenista y a su exmarido y una indemnización de 6.170.942 euros a los que habría que sumar intereses y costas procesales y que sentará en el banquillo de los acusados a la expareja cuando se señale la fecha de la vista.

Mientras, tanto la extenista como el empresario continúan en Miami, donde tienen sus residencias, y no tienen la necesidad de viajar a España ni cuando sus abogados reciban la sentencia ni tampoco en el caso de que alguno inicie un recurso de apelación. Cada uno seguirá desde la distancia su propio porvenir.