La justicia británica niega a Escocia el derecho a convocar un referéndum de independencia sin el permiso del Parlamento de Londres

El Tribunal Supremo del Reino Unido ha arrojado este miércoles un jarro de agua fría sobre los planes independentistas del Gobierno escocés. Los cinco magistrados han rechazado por unanimidad la posibilidad de que el Parlamento autónomo de Holyrood pueda convocar por su cuenta un nuevo referéndum de independencia, sin contar con la autorización del Parlamento británico.

Los nacionalistas del SNP, al frente del Ejecutivo escocés, habían anunciado una nueva consulta para el 19 de noviembre de 2023, pero la ministra principal y líder del partido, Nicola Sturgeon, se comprometió desde el primer momento a que fuera un referéndum legal y acordado con Londres, como sucedió en 2014. Entonces, el no a la independencia venció claramente, con un margen del 55% frente al 45% del sí.

Ante el rechazo del Gobierno conservador del Reino Unido a permitir la celebración de otra consulta, Sturgeon decidió acudir a los tribunales. Quería que estos resolvieran si Edimburgo tenía autonomía para hacerlo por su cuenta o si se trataba de una cuestión de índole constitucional, que pertenecía a las competencias reservadas a la soberanía del Parlamento británico, establecidas en la Ley de Escocia de 1998, que impulsó la devolución de la autonomía a esta nación del Reino Unido. El argumento del ex primer ministro Boris Johnson, que también sostiene el actual, Rishi Sunak, es que la votación de 2014 era “la votación de una generación”, según aseguraron los independentistas, y no ha pasado tiempo suficiente para repetirla.

En 2013, el Gobierno de David Cameron dio luz verde para aprobar, con su mayoría parlamentaria, la llamada Orden de la Sección 30 de la Ley de Escocia. Básicamente, se trata del permiso temporal a la Asamblea Autónoma escocesa para que legisle sobre materias reservadas a la competencia de Londres. En ese caso, la convocatoria de un referéndum de independencia. El Supremo, creado durante el mandato del laborista Tony Blair como órgano de revisión constitucional —a pesar de que el Reino Unido no tenga una Constitución escrita— debía zanjar en su sentencia si la soberanía escocesa alcanza a contemplar el derecho de autodeterminación.

Desde la celebración de aquellas consulta, en 2014, un acontecimiento político de la mayor trascendencia ha cambiado por completo el discurso independentista: el Brexit. Si el argumento central de los partidarios de permanecer en el Reino Unido era la amenaza de que una Escocia independiente saliera de la UE, cuando dos años después se aprobó el abandono del Reino Unido del club comunitario, los escoceses se sintieron defraudados. Un 62% de ellos, frente al 38%, había respaldado la permanencia. La idea de celebrar un nuevo referéndum de independencia cobró fuerza, pero Sturgeon quiso siempre circular por la senda de la legalidad. Y por eso la consulta al Supremo.

“Un referéndum legal tendría consecuencias importantes, no solo jurídicas, sino políticas, respecto a la unión y al Parlamento británico. Su resultado tendría la autoridad constitucional, basada en el principio democrático, de ser la expresión democrática del electorado escocés. Serviría para reforzar o debilitar la legitimidad democrática de la unión y de la soberanía del Parlamento del Reino Unido sobre Escocia, dependiendo de qué visión prevaleciera, y reforzaría o socavaría las credenciales democráticas del movimiento independentista”, ha razonado el tribunal para explicar la importancia de la cuestión que abordaba y razonar su fallo.

Es decir, razona el Supremo, aunque la consulta no sea vinculante, solo consultiva, y no invada, por tanto, materias reservadas al Parlamento británico, no se trata de una mera encuesta. “Aunque no suponga una decisión efectiva de modo automático, y pueda ser definido como orientativo, un referéndum celebrado legalmente no es un mero ejercicio de consulta pública o un sondeo de opinión. Es un proceso democrático bajo el amparo de la ley que expresa la visión de los votantes sobre un asunto político concreto en un momento determinado”, dice la sentencia.

“Aunque esté decepcionada, respeto el fallo del Tribunal Supremo”, ha reaccionado enseguida Sturgeon en su cuenta de Twitter. “El Supremo no legisla, solo interpreta la ley. Y una ley [la Ley de Escocia] que no permite a Escocia decidir su propio futuro sin el consentimiento de Westminster expone claramente el mito de que el Reino Unido sea una unión voluntaria de naciones, y refuerza la causa de la independencia”, ha escrito Sturgeon.

“En una democracia, nuestra voz no puede ser silenciada ni lo será”, ha dicho la ministra principal escocesa. El siguiente paso del SNP, como ella misma anticipó, será convertir las próximas elecciones en las que puedan votar los escoceses en un plebiscito. Sturgeon ha anunciado que el SNP planteará las próximas generales de 2024, en las que se elegirá el nuevo Parlamento de Westminster —y nuevo primer ministro— como una consulta independentista. “Es la oportunidad más obvia para celebrar lo que denomino un referéndum de facto”, ha dicho. El partido nacionalista celebrará a principios del próximo año un congreso extraordinario para decidir la propuesta concreta con que acudirán a las urnas, y los pasos que seguirán a continuación si obtienen una respuesta mayoritaria de apoyo por parte de los votantes.

Una sentencia “clara y definitiva”

La respuesta del primer ministro británico, interpelado sobre el asunto por el portavoz parlamentario del SNP durante la sesión de control, ha sido reclamar una mayor cooperación entre Londres y Edimburgo. “Respetamos una sentencia que ha sido clara y definitiva”, ha dicho Sunak. “Creo que los escoceses quieren que trabajemos juntos en poner solución a los grandes desafíos que enfrentamos de modo colectivo, como la situación de la economía o del Servicio Nacional de Salud, así como la guerra en Ucrania. Es el momento de que los políticos trabajemos conjuntamente”, ha afirmado el líder conservador, que prefiere un lenguaje menos incendiario que el que empleaba Boris Johnson para responder a los nacionalistas escoceses, aunque mantiene la misma negativa a la celebración de una nueva consulta.

Los laboristas, conscientes de la permanente presunción de muchos medios de que pactarán un segundo referéndum en Escocia si necesitan los votos del SNP para gobernar, en las próximas eleccciones, se han apresurado a descartar la idea: “No habrá pactos en ese sentido de cara a los comicios, ni como resultado de esos comicios”, ha dicho un portavoz del líder de la oposición, Keir Starmer.

El Gobierno escocés, que desde hace un año mantiene una campaña sostenida de información sobre el proyecto independentista —con documentos sectoriales para explicar todos los aspectos políticos y jurídicos de la hipotética decisión—, incrementará ahora las movilizaciones ciudadanas. “Desde hoy, lo que está en juego es la democracia. Ya no se trata únicamente de si Escocia es o no independiente, por fundamental que sea esa pregunta. Se trata de si tenemos o no el derecho democrático básico de decidir nuestro futuro”, ha dicho Sturgeon. “A partir de hoy, el movimiento independentista defiende tanto la independencia como la democracia misma”, ha asegurado.

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