Biden endurece su gestión de la frontera dificultando la llegada a EE UU de los solicitantes de asilo

Washington ha desvelado este martes las líneas maestras de un plan que pretende reducir la llegada de inmigrantes ilegales a Estados Unidos. El Gobierno del presidente Joe Biden endurece la gestión de la frontera al imponer límites a los ciudadanos de otros países que llegan al territorio estadounidense solicitando asilo. Solo podrán hacerlo quienes lo pidan desde sus países de origen o las naciones de paso, en línea con los requisitos adelantados por la Administración a inicios de 2023. El plan del mandatario demócrata, que se prevé que esté vigente durante dos años a partir del mes de mayo, ha generado muchas críticas de las organizaciones defensoras de derechos humanos.

La medida, anunciada este martes de forma conjunta por los departamentos de Seguridad Interior y Justicia, pretende motivar a las decenas de miles de migrantes a que emprendan “un camino legal o que busquen el asilo o protección en los países por los que viajan”. De no hacerlo, no se les tendrá en cuenta para entrar en EE UU, indica la Administración estadounidense. Esta argumenta que la iniciativa pretende rebajar la dependencia de los migrantes de los grupos de traficantes de personas y reducir el flujo de personas que llega a la frontera con México, un tema que ha sido controvertido para Biden en las elecciones.

“Estamos reforzando la disponibilidad de un camino seguro, ordenado y legal para que lleguen a Estados Unidos, y al mismo tiempo, proponemos nuevas consecuencias para aquellos que no recurran a los procesos que les ofrecen el país y sus aliados en la región”, ha asegurado este martes en un comunicado Alejandro Mayorkas, el encargado de Seguridad Interior del Ejecutivo.

En enero, el alto cargo informó de que la Oficina de aduanas y control fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés) lanzó una aplicación que recibe todas las peticiones de asilo de los ciudadanos que quieran llegar al país. El formulario digital deberá rellenarse en los países de origen, antes de que se emprenda el viaje al norte. El presidente Biden dejó claro entonces que si la entrada es denegada o se intenta hacer el viaje de forma ilegal, las personas serán devueltas a México y no podrán participar nuevamente en el programa. También se les prohibirá la entrada a Estados Unidos por cinco años.

El plan, que apuntala para los que piden asilo la “presunción refutable” ―es decir, que la protección se puede denegar en su país de origen o cuando lleguen a EE UU―, se ha hecho público este martes, cuando se ha publicado en la gaceta oficial del Gobierno. Durante los próximos 30 días, podrán presentar alegaciones y observaciones el público y las diferentes instituciones encargadas de poner en práctica la política migratoria de Estados Unidos.

La medida se convierte en una herramienta para el control del flujo migratorio para Washington, que el próximo 11 de mayo pondrá fin al Título 42, una regla que le ha permitido expulsar rápidamente a más de dos millones de personas ―miles de ellos eran solicitantes de asilo― que llegaron a la frontera durante la emergencia sanitaria.

La nueva norma, sin embargo, ya tiene críticos que la consideran casi un veto total al derecho al asilo. Uno de ellos es la reputada Unión por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés). “La propuesta del presidente Biden dejaría a gente vulnerable en peligro y, además, negaría la protección a miles de personas”, afirmó la organización, que ve un nuevo ataque a los derechos a buscar protección y seguridad en Estados Unidos, un país que se forjó acogiendo a los perseguidos en otras naciones.

En esa misma línea está la oficina de Amnistía Internacional en Washington. “El plan socava el derecho humano al asilo”, ha denunciado la organización. “Este nuevo veto bloquearía la protección para cualquiera que no haya solicitado el asilo durante su paso por terceros países”, señala en un comunicado. Amnistía compara la medida de Biden con prohibiciones similares que el Gobierno de Donald Trump quiso implementar en 2019, pero que no pudo porque una Corte federal de apelaciones se lo impidió. ACLU ha amenazado con emprender acciones legales si Biden sigue adelante con su plan.

Por su parte, la Administración demócrata ha defendido algunas de las medidas que ha puesto en marcha recientemente para desincentivar la migración regional. En enero, impuso restricciones a los ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua que intentaban llegar al norte. Tras el anuncio, el 5 de enero, el promedio semanal de llegada pasó de 1.200 ciudadanos de esos países a solo 35 para finales del mes, una caída de 97%. “Los encuentros ―aprehensiones― han permanecido a un nivel muy bajo a lo largo de febrero”, indican desde Seguridad Interior. Este departamento ha asegurado que dio luz verde a la entrada de 26.000 personas. Además, casi 34.000 venezolanos han llegado a Estados Unidos desde octubre de 2022, cuando fue lanzado un programa de reordenación migratoria.

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