Las mentiras de medios como la Fox pasan factura en dólares y en votos

“Hay palabras que son balas de fusil, mientras que otras son notas de violín”, escribió el islandés Jon Kalman Stefansson. Las palabras que pronunció el abogado de Dominion al salir del juzgado de Wilmington (Delaware) el martes eran ambas cosas: “La verdad importa. Las mentiras tienen consecuencias”. Un disparo contra la desinformación. Música para los que han combatido el bulo de que a Donald Trump le robaron las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. Los expertos consultados relativizan lo ocurrido: las noticias falsas no van a desaparecer. Pero el fracaso de los candidatos negacionistas en las elecciones legislativas de noviembre y el acuerdo de esta semana para que la cadena Fox pague 787,5 millones de dólares (unos 710 millones de euros) a la empresa de máquinas de recuento electoral Dominion muestran que, a veces, las mentiras salen muy caras. También, que la Fox tiene dinero para pagarlas.

Nicole Kraft, profesora asociada de la Facultad de Comunicación de la Universidad Estatal de Ohio, ve comprensible que se haya llegado a un acuerdo: “800 millones es mucho dinero y si se va a juicio hay un riesgo”. Siempre existía la posibilidad de que el jurado no hubiera declarado a la Fox responsable o de que la cadena hubiese recurrido al Tribunal Supremo, complicando el proceso. Pero Kraft, que ha escuchado a la Fox a lo largo de los años “propagar una falsedad tras otra, solo por la audiencia”, también cree que lo ocurrido no cambiará gran cosa en la cadena, aunque tenga otras demandas pendientes: “Han demostrado que pueden permitirse gastar 800 millones de dólares porque ganan mucho dinero con su audiencia y que es rentable para ellos seguir este camino”, añade.

No se trata solo de los medios. El bulo electoral también está pasando factura en términos políticos. Aunque buena parte de la base republicana comulga con esas mentiras, los votantes moderados e independientes, los que inclinan la balanza, no se la tragan. En las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2022, los votantes han dado la espalda en circunscripciones competidas a los candidatos más extremistas al Congreso y a puestos estatales clave como gobernador, secretario de Estado o fiscal, los que defendían teorías de la conspiración sobre los resultados de 2020.

Kraft defiende esa tesis: “Es así. Lo hemos visto en las recientes elecciones en Estados Unidos. Las elecciones al Tribunal Supremo de Wisconsin son uno de los ejemplos más notables, en el que vemos que los votantes van en una dirección diferente”. Los jueces progresistas han logrado este mes mayoría en dicho tribunal por primera vez en 15 años al caer derrotado un candidato que hizo campaña con defensores del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El presidente Joe Biden hizo de las amenazas a la democracia uno de los ejes de su campaña electoral en noviembre. Y es muy probable que la cuestión siga viva en las elecciones de 2024, que pueden tener como rivales a los mismos protagonistas de 2020. Biden planea lanzar el martes su campaña para la reelección, mientras que Trump ha reforzado sus posiciones entre los republicanos pese a (o gracias a) su reciente imputación.

La rendición de la Fox al admitir sus falsedades debilita el relato de Trump, pero el expresidente no abandona los bulos y el Partido Republicano por ahora no le planta cara. En un acto el viernes en Fort Myers (Florida), el magnate insistía en la tesis del robo electoral, aunque guardando silencio sobre el acuerdo de la cadena de Rupert Murdoch.

Rendir cuentas

Tras dicho acuerdo, Justin Nelson, el abogado de Dominion, disparó otra bala: “accountability”, rendición de cuentas. “Para nosotros, realmente, no se trataba tanto del acuerdo. Siempre se trató de la rendición de cuentas. Creemos que hemos conseguido rendición de cuentas y reivindicación”.

En la primera entrevista que concedía, el jefe de Dominion, George Stephanopoulos, insistía esta semana en esa idea en la cadena ABC: “Nunca se trató realmente de la Fox per se. Se trataba de decir la verdad, y de que los medios de comunicación dijeran la verdad. Creo que es un gran paso adelante para la democracia si nuestro sistema puede enviar la señal de que si las empresas de medios de comunicación mienten, sean quienes sean, en el canal que sea, y lo hacen a sabiendas, deberán prepararse para pagar un precio muy alto”.

La nota de la cadena tras el pacto extrajudicial, aunque reconocía haber difundido algunas afirmaciones falsas sobre Dominion, decía: “Este acuerdo refleja el compromiso continuo de la Fox con los más altos estándares periodísticos”, lo que provocó la risa del presentador de la CNN Jake Tapper al leerlo. “No es la forma en que yo lo escribiría, pero al fin y al cabo, el sistema judicial consiste realmente en que se rindan cuentas, creemos que lo hemos conseguido”, sostiene Stephanopoulos.

“El dinero es rendición de cuentas”, señalaba Nelson, a lo que la historiadora Alexis Coe replicaba en Twitter: “Abogado de Dominion: ‘El dinero es rendición de cuentas’. Términos del acuerdo: ‘Fox News no tendrá que disculparse ni admitir haber difundido afirmaciones falsas en la programación de la cadena’. El dinero no es rendición de cuentas”. El abogado, sin embargo, asegura que eso no habría cambiado sin el acuerdo: “Podríamos haber llegado hasta el veredicto y, según la ley de difamación, no consigues una disculpa. Consigues dinero”.

Antes del veredicto, ya hubo juicios contra Alex Jones, el fundador del canal de ultraderecha InfoWars, que hizo de la mentira su modelo de negocio. Difundió el bulo de que la matanza en la escuela de primaria Sandy Hook en 2012 era un montaje del Gobierno para tratar de ilegalizar las armas y que los padres de las víctimas eran actores contratados para representar su papel. Jones ha sido condenado a pagar más de 1.000 millones de dólares por esas mentiras.

Hay quienes sostienen que lo único que va a cambiar con la desinformación es que los propagadores de bulos tendrán más cuidado en señalar a alguien en concreto (Dominion, los padres de las víctimas del colegio...). “El día que se llegó al acuerdo, [el comentarista político conservador] Tucker Carlson estaba en la Fox difundiendo tanta desinformación como el día anterior”, indica Kraft.

La profesora de la Universidad de Ohio cree que una sentencia en toda regla tras un caso en el que las mentiras a sabiendas de la Fox hubieran quedado totalmente expuestas, con Rupert Murdoch subido al estrado e interrogado en público, tal vez habría provocado algún cambio de cierto calado en la cadena. “Sin eso, no veo que esto sea el verdadero agente de cambio que mucha gente esperaba que fuera”, opina.

La cosa se complica porque los defensores de la libertad de expresión creen que no se debe condenar a la ligera por difamación ni evitar las mentiras por otras vías. “A mucha gente le gustaría prohibir la desinformación. Pero, ¿quién decide qué es desinformación?”, indica por correo electrónico Jane E. Kirtley, catedrática de Ética y Derecho de los Medios de Comunicación en la Facultad de Periodismo y Comunicación de Masas de la Universidad de Minnesota.

La profesora explica que no son los tribunales los que deben decidir “la verdad” y menos aún otros órganos gubernamentales. Kirtley recuerda cómo Trump llama con frecuencia medios de “noticias falsas” a las televisiones y periódicos porque son críticos con él. “Si el Gobierno decide qué medios de comunicación son ‘ciertos’ o ‘falsos’, la prensa libre, y la libertad de expresión como la hemos conocido, dejarán de existir. La ley tolera los errores en el periodismo, que son inevitables, como parte de la búsqueda de la verdad”, sostiene.

Esa misma posición defiende la organización no partidista Protect Democracy, que remite por correo electrónico la opinión de su abogado especializado en libertad de expresión John Langford: “Eliminar o reducir significativamente el criterio de ‘dolo’ debilitaría nuestra democracia. Facilitaría que los cargos públicos y los particulares poderosos silenciaran a sus críticos con demandas y amenazas de demanda por difamación”, defiende, subrayando que eso afectaría a todo el espectro político.

“La idea de un alto estándar para la calumnia y la difamación es importante porque los periodistas tienen que ser capaces de hacer su trabajo sin temor a ser demandados una y otra vez”, coincide Kraft. Muchos progresistas temían que este caso, o uno similar, llegase al Tribunal Supremo y que este, con su mayoría conservadora, revisase su famosa doctrina de la sentencia Sullivan contra The New York Times, que exige para condenar por difamación “malicia real”, es decir, que se mienta de forma dolosa o culposa: a sabiendas o con desprecio imprudente por la verdad.

La desinformación, mientras, gana terreno en Twitter desde la toma de control por Elon Musk, enredado de nuevo las últimas semanas en caóticos cambios de política que han tenido como resultado que gane peso en la red social la propaganda de regímenes autoritarios, mientras lo pierden medios con independencia editorial.

Junto a la multimillonaria indemnización de la Fox, esta semana ha dejado otro episodio esperanzador. Mike Lindell es un empresario cercano a Trump y gran anunciante de la Fox. En 2021 dijo que tenía datos que demostraban que las elecciones presidenciales de 2020 fueron un fraude y que daría cinco millones de dólares de recompensa a quien probase lo contrario. Robert Zeidman, un informático, recogió el guante. Demostró la mentira y esta semana un tribunal arbitral ha condenado a Lindell a pagar a Zeidman. Su apuesta por la verdad le ha salido rentable.

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