China juzga por “subversión” a un abogado y a su esposa detenidos cuando iban a la delegación de la UE en Pekín

Las autoridades de China han celebrado esta semana a puerta cerrada los juicios contra Yu Wensheng, un conocido abogado de derechos humanos, y su esposa, Xu Yan, a los que acusa de “incitar a la subversión”. Ambos fueron detenidos en abril de 2023, cuando se dirigían a una reunión en la delegación de la Unión Europea en Pekín, donde tenían previsto participar en un encuentro entre funcionarios europeos y la sociedad civil china. La vista judicial de Yu tuvo lugar el miércoles en el tribunal popular intermedio de Suzhou, una ciudad muy próxima a Shanghái; la de Xu se ha celebrado este viernes en el mismo lugar. En ninguna de las dos se ha permitido la entrada a los diplomáticos de una decena de países occidentales ―España no se encuentra entre ellos― desplazados para asistir al proceso. El Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE, que presentó una queja formal ante Pekín tras los arrestos, ha reclamado de nuevo su “liberación inmediata”. El proceso tiene lugar mientras en Hong Kong Chung Pui-kuen y Patrick Lam, dos periodistas que dirigían un periódico prodemocrático (el Stand News) en la región administrativa especial de China, han sido declarados este jueves culpables de sedición. Se trata del primer caso de sedición contra periodistas en Hong Kong desde que Gran Bretaña devolvió el territorio a China, en 1997.

Al abogado Yu Wensheng y su esposa, Xu Yan, se los juzga por “incitación a la subversión del Estado”, delito que puede acarrear penas de hasta cinco años, aunque en el caso del abogado Yu podría ser más severa al ser considerado reincidente. Los arrestados habían sido invitados por la UE a un encuentro con una delegación europea que se encontraba de visita en Pekín. La cita había sido fijada en los márgenes de un viaje oficial del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que finalmente se suspendió cuando este dio positivo por covid. Aun así, se decidió mantener el encuentro con el grupo de abogados y activistas de derechos humanos, todos ellos vinculados a una durísima redada llevada a cabo en China en 2015, en la que fueron detenidos más de 300 letrados.

Xu ha recibido este mismo viernes el veredicto: ha sido condenada a un año y nueve meses de prisión, por lo que debería ser liberada en cuatro meses, según una fuente diplomática europea que sigue el caso de cerca.

En el escrito de acusación de Yu, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Fiscalía argumenta que fue influenciado por “fuerzas antichinas” y gradualmente se formó la idea de subvertir el poder del Estado y derrocar el sistema socialista. Se le acusa por comentarios vertidos en la red social X (entonces llamada Twitter), que es ilegal en China, y por reclamar de forma pública cambios constitucionales.

Ge Wenxiu, uno de los abogados de Yu, expone en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que se juzga a su defendido por los mismos hechos por los que ya fue condenado en el pasado: reclamar esas enmiendas a la constitución china. Por esa razón, el letrado exige la aplicación del principio del non bis in idem (no se puede condenar dos veces por los mismos hechos), y convierte su texto en un encendido discurso en defensa de la libertad de expresión. “Es la más importante de todas las libertades, y es el requisito previo para todas las demás libertades”, escribe. “Ha habido demasiados periodos y tragedias en la historia de China en los que se condenó a personas por sus palabras”, añade antes de recordar la Revolución Cultural (1966-1976), cuando millones de personas fueron perseguidas por sus ideas.

Yaxue Cao, una activista en favor de los derechos humanos radicada en Washington, opina que el caso contra Yu y Xu denota lo mucho que irritan al Gobierno chino las visitas de activistas y abogados a las embajadas occidentales. Considera las acusaciones “ridículas” y sostiene que el caso forma parte de una estrategia que Pekín lleva a cabo desde hace años para acabar con el movimiento de abogados pro derechos humanos que comenzó a tomar forma en torno a 2004. “El Gobierno cree que son peligrosos porque son el conector con otros grupos [de la sociedad civil]”, comenta al teléfono la también editora de Chinachange.org. Precisamente, Yaxue prepara un libro sobre la citada redada de 2015 contra centenares de abogados.

Nabila Massrali, portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE, lamentó el miércoles que no se haya permitido el acceso al juicio a los diplomáticos europeos. “Esta denegación socava la confianza en las garantías procesales en China”, publicó en X. “La UE reitera su anterior preocupación por el bienestar de Yu Wensheng y Xu Yan y pedimos su inmediata liberación”.

Yu Wensheng es un destacado abogado de derechos humanos muy crítico con el presidente del país, Xi Jinping. Cuando fue detenido acababa de cumplir un año en libertad tras haber sido condenado a cuatro años de prisión y a tres adicionales de privación de derechos políticos, también por “incitar a la subversión del poder del Estado”. Yu fue arrestado en 2018, tras publicar una carta abierta en la que reclamaba reformas democráticas en la Constitución del país. Previamente, había sido arrestado en 2014 por su relación con en el movimiento democrático Occupy Hong Kong.

“No me arrepiento de lo que he hecho”, contó Yu a EL PAÍS en una entrevista en octubre de 2022, frente a un té que servía su esposa en su domicilio, Xu Yan. Tenía profundas ojeras y se palpaba de forma insistente un brazo dolorido desde sus detenciones en 2014. Contó que apenas salía de casa, y pasaba buena parte del día tumbado en el poyete del ventanal del salón, absorbiendo el sol directo en el cuerpo, algo de lo que había carecido tras años encerrado, sin apenas luz natural. “Estoy básicamente recuperado”, dijo, “salvo en lo físico”.

La “sedición” de los periodistas

El caso de sedición contra los periodistas hongkoneses, por otra parte, se puede considerar un barómetro del futuro de la libertad de prensa en una región que solía ser considerada como un espacio donde regía la libertad de prensa. Los hechos se remontan a las protestas prodemocracia que sacudieron Hong Kong en 2019. Los dos condenados, Chung Pui-kuen y Patrick Lam, son respectivamente el ex redactor jefe y el ex redactor jefe en funciones de Stand News, clausurado en diciembre de 2021.

El medio había sido uno de los últimos que criticó abiertamente al Gobierno por su represión de la disidencia tras las masivas protestas prodemocráticas. Su cierre llegó solo unos meses después del de otro periódico, Apple Daily, cuyo fundador encarcelado, Jimmy Lai, se enfrenta a cargos de sedición y colusión con fuerzas extranjeras, en virtud de una ley de seguridad nacional promulgada en 2020, con la que Pekín logró aplacar las protestas. En el caso de Chung y Lam, ambos fueron acusados de conspiración para editar y reproducir publicaciones sediciosas, unos cargos formulados en virtud de una ley de sedición de la época colonial. Ambos se declararon inocentes en el juicio, que comenzó en octubre de 2022. Los condenados se enfrentan a un máximo de dos años de prisión y una multa de 5.000 dólares hongkoneses (unos 578 euros). La sociedad propietaria de la publicación también ha sido condenada por el mismo cargo.

El juez Kwok Wai-kin afirma en su sentencia que el diario Stand News se convirtió en una herramienta para desprestigiar a los gobiernos de Pekín y Hong Kong durante las protestas de 2019, según AP. El fallo esgrime que una condena es proporcional “cuando se considera que el discurso, en el contexto pertinente, ha causado un daño potencial a la seguridad nacional y tiene la intención de socavar gravemente la autoridad del Gobierno central chino o del Gobierno de Hong Kong, y que debe ser detenido”. El caso se centraba en 17 artículos publicados por Stand News. Los fiscales afirmaron que algunos promovían “ideologías ilegales” o difamaban la ley de seguridad y a los agentes del orden. El juez Kwok ha dictaminado que 11 tenían intención sediciosa.

Hong Kong se encontraba en 2002 en el puesto 18 de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras; actualmente ha descendido hasta el 135 de los 180 países y regiones evaluados. Esta organización ha condenado un veredicto “atroz” que sienta un precedente “muy peligroso” para los periodistas. “A partir de ahora, cualquiera que informe sobre hechos que no concuerden con la narrativa oficial de las autoridades podría ser condenado por sedición”, ha dicho en un comunicado Cédric Alvian director de la oficina Asia-Pacífico de RSF.

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