Sarkozy, condenado por corrupción a un año de arresto domiciliario con brazalete electrónico
El expresidente de la República prometió en 2014 a un magistrado usar su influencia para ascenderle a cambio de obtener información que estaba bajo secreto de sumario en otra instrucción contra él
Nicolas Sarkozy, expresidente de la República francesa, ha sido condenado de manera definitiva por corrupción y tráfico de influencias a tres años de prisión. No deberá entrar en una cárcel, pero se pasará un año entero en arresto domiciliario con un brazalete electrónico. Además, la condena, que confirma una sentencia anterior, incluye tres años de inhabilitación para cualquier cargo político electo. Sarkozy será ahora citado ante un juez para que se le coloque el brazalete. Se trata de una condena inédita en el país, la primera de arresto contra un antiguo jefe de Estado, que ha levantado una tormenta jurídica, por la interpretación legal que conlleva, y política, por la importante influencia que el inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012 aún tiene en el país.
Sarkozy ha anunciado ya a través de su abogado que se “conformará con la sanción pronunciada”, pero acudirá “en las próximas semanas” al Tribunal Europeo de Derechos Humanos “para obtener la garantía de los derechos que los jueces franceses le han negado”. El problema para el expresidente es que este recurso no impide que las penas impuestas se ejecuten. “No estoy dispuesto a aceptar la profunda injusticia que se me ha hecho”, ha escrito el ex jefe de Estado en X (anteriormente Twitter), convencido de “mantenerse en su derecho” y afirmando querer “reiterar [su] perfecta inocencia”. “Asumiré mis responsabilidades y enfrentaré todas sus consecuencias”, ha añadido
La única buena noticia para Sarkozky es que a partir de los 70 años (los cumple el 28 de enero), podrá solicitar una libertad condicional, una medida que, sin embargo, no siempre se concede.
El caso por el que ha sido condenado, también conocido como Bismuth, señala a a Sarkozky por haber establecido en 2014, junto con su abogado histórico Thierry Herzog, un “pacto de corrupción” con Gilbert Azibert, alto magistrado del Tribunal de Casación, para que este proporcionara información e intentara influir en un recurso presentado por Sarkozy en el caso Bettencourt [un caso contra el expresidente de la República]. Esto, a cambio de un “empujón” prometido para un puesto honorífico en Mónaco. Esa maniobra llegó a los investigadores que tenían pinchada la línea telefónica secundaria con la que Sarkozy se comunicaba con su abogado, sabedor de que la oficial ya había sido intervenida por otro caso.
Los tres hombres recibieron la misma pena, y en el caso del abogado, se le prohibió ejercer la abogacía durante tres años. La decisión por este caso se produce mientras que el antiguo residente del Elíseo debe comparecer a partir del 6 de enero, y durante cuatro meses, ante el tribunal de París, en el caso de las sospechas de financiación libia de su campaña presidencial de 2007.
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