Un juez ordena devolver la Universidad de las Américas a la familia Jenkins

Un juez ha ordenado la devolución del control de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) a la familia Jenkins de Landa, dueña del centro educativo, controlado desde junio por el Gobierno de ese Estado. El juez ha solicitado que se suspendan las medidas cautelares ordenadas por él mismo a mediados de año, entre ellas la incautación del campus o las cuentas bancarias de la entidad. Abogados cercanos a la antigua dirección de la UDLAP señalan que “la próxima semana” debería hacerse efectiva la entrega.

La toma de la universidad por parte de las autoridades ha estado envuelta en polémica desde el principio. Con más de 50 años de historia, la UDLAP, que atiende a 9.500 estudiantes al año, es uno de los centros de estudio más prestigiosos del país. Los Jenkins y sus abogados acusan al Gobierno de Puebla de lanzar una ofensiva para quedarse con la universidad y otros bienes de su patrimonio. Las autoridades estatales acusan a la familia de fraude.

El fondo del caso sigue sin resolverse. A principios de año, un juez ordenó la detención de la mayoría de integrantes de la familia Jenkins de Landa por un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La orden de detención respondía a una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), desarrollada tras la denuncia de uno de los integrantes de la familia, Guillermo Jenkins de Landa, peleado con su madre y hermanos.

Aunque la investigación estuvo parada por años e incluso el fiscal a cargo ordenó su archivo en 2018, la actual administración de la FGR reactivó la investigación y en febrero consiguió las órdenes de detención. En síntesis, la fiscalía acusa a la madre de Guillermo Jenkins, a sus hermanos y abogados, de enajenar el patrimonio de la institución matriz de la familia, la Fundación Mary Street Jenkins -de la que depende la UDLAP- para quedárselo y truncar el mandato filantrópico de la institución. Los denunciados reconocen la enajenación de los bienes, cuyo valor supera los 700 millones de dólares, pero señalan que su intención ha sido proteger el patrimonio de las garras de los últimos dos Gobiernos, el del panista Rafael Moreno Valle (2012-2017) y ahora el de Miguel Barbosa, de Morena.

Vistas las órdenes de detención, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, ente que regula y arbitra conflictos entre y con las entidades filantrópicas, destituyó a los Jenkins de la Fundación que dirige la UDLAP, hija de la Fundación Mary Street Jenkins. Fue entonces cuando acudieron a un juez de Ciudad de México para pedir que les cediera el control de la UDLAP, al menos mientras el caso se dirimía en tribunales. El juez de Ciudad de México accedió.

En junio, la policía estatal tomó el campus. La Junta nombró a nuevos patronos e inició una auditoría financiera. En pocos días, señalaron que el rector, Luis Ernesto Derbez, había desviado recursos de la entidad y lo destituyeron. Luego lo denunciaron y consiguieron que un juez concediera nuevas órdenes de aprehensión en su contra. En entrevista con EL PAÍS, Derbez ha negado malos manejos y señala al Gobierno de Barbosa de orquestar una campaña para quedarse con la universidad.

Aunque la suspensión de las medidas cautelares no implica la cercanía de veredicto alguno, da un espaldarazo simbólico a los viejos patronos de la fundación de la UDLAP, la mayoría de integrantes de la familia Jenkins de Landa, y al propio Derbez. Se trata de la decisión judicial más importante hasta el momento en el embrollo judicial que involucra a ambas partes.

En un comunicado, la Fundación Mary Street Jenkins ha dicho: “La ilícita intervención propiciada y respaldada por Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla, ha sido revertida judicialmente y cualquier obstáculo que se fabrique para impedir que regrese el inmueble de la UDLAP, compromete de forma irreversible el ciclo escolar de la institución, peligrando con ello los anhelos de 10 mil familias que verían truncada la formación universitaria de sus hijos”.

Preguntado al respecto, Rodrigo Gurza, abogado del patronato que nombró la junta tras la destitución de los Jenkins, ha dicho: “Mediante actos de corrupción evidentes, dichos prófugos de la justicia -los Jenkins, sus abogados y el propio Derbez- consiguieron una suspensión provisional, insólita e irregular y pretenden, con su única resolución favorable y provisional, recuperar la universidad para encubrir y ocultar los demás hechos ilícitos cometidos por ellos”.

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