López Obrador amplía la regularización de ‘autos chocolate’ hasta marzo de 2023

A pesar de los reclamos del sector automotriz nacional, las puertas de entrada a la regularización de los autos usados sin permisos provenientes del extranjero seguirán abiertas hasta marzo de 2023. El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha ampliado el programa para legalizar los llamados autos chocolate —vehículos viejos que cruzan ilegalmente de Estados Unidos a México y que posteriormente se venden en territorio mexicano—. Aunque en un inicio, la iniciativa solo tenía vigencia de un año y concluía el próximo 31 de diciembre, el mandatario ha decidido prolongar la vida de la estrategia tres meses más. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ha informado que este año se han legalizado más de un millón de carros de 14 Estados.

La estrategia arrancó en marzo pasado en medio de polémica por los señalamientos del sector automotriz por considerar que el plan legaliza una competencia desleal. para el sector formal. Sin embargo, este jueves, en la habitual conferencia de prensa de López Obrador en Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad ha vuelto a defender la iniciativa: “El uso legítimo de estos vehículos tiene como un beneficio general una mayor seguridad porque el registro de las unidades para cometer delitos”, declaro Rodríguez Velázquez. La extensión del programa para 2023 seguirá operando en los 14 Estados donde más transitan este tipo de unidades, en la frontera norte: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, entre otros.

La Ley de Ingresos de la Federación 2022 considera la regularización de autos usados importados en la frontera con los Estados de como ingresos excedentes para la Federación. El trámite tiene un costo de 2.500 pesos. En este plazo, la regularización de los llamados autos chocolate ha supuesto el ingreso de 2.600 millones de pesos, recursos que según el Ejecutivo serán destinados para la pavimentación de los Estados donde más transitan estas unidades. Baja California es el Estado donde más vehículos viejos de EE UU han pasado de la ilegalidad a la legalidad al cruzar a México con 221.805 unidades. En segundo lugar está Chihuahua con 177.383 autos y Tamaulipas está en el tercer escaño con 157.923 registros.

Durante este año la iniciativa ha cambiado al menos dos veces de planteamiento. En un primer momento, se contemplaba que los autos a regularizar debían tener como mínimo ocho años de antigüedad, sin embargo, ahora se podrán regularizar unidad de modelos a partir de 2017. Además, anteriormente, el proceso de regularización y verificación del automóvil extranjero estaría a cargo de la Agencia Aduanal Mexicana y la figura del agente aduanal, pero en una modificación posterior se optó porque la validación de la unidad la llevara a cabo un funcionario del Registro Público Vehicular.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) ha denunciado que este programa supone una competencia desleal para las unidades legalmente comercializadas en el país. De acuerdo con la AMDA, debido a la competencia desleal que representan estos llamados autos chocolate provenientes de EE UU se dejan de vender hasta 200.000 autos nuevos en el país. Las unidades provienen, principalmente, de Estados Unidos y Centroamérica. En su mayoría, se trata de vehículos que ya no cumplen las disposiciones medioambientales en el país vecino y que se considerarían chatarra. Los autos “chuecos” —que con el tiempo adquirieron el nombre de “chocolate”— son vehículos sin papeles, sin permisos de importación, que no se comercializan, ni podrían comercializarse, a través de agencias o concesionarios.

Pese a los reclamos de la industria, el Gobierno ha dado un paso hacia adelante y seguirá abriendo la puerta de entrada a estos vehículos. Con un sector automotor doméstico apenas recuperándose del batacazo de la pandemia, el Ejecutivo ha centrado la defensa de esta iniciativa en el beneficio económico para las familias y en que el registro de estos autos frena su uso para cometer delitos.

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