La Suprema Corte de Justicia entra en una nueva fase de turbulencias

La Suprema Corte de Justicia de México ha entrado en una de las etapas de mayor tensión con un Ejecutivo federal de los últimos años. El periodo de armonía que significó la presidencia en la Corte del ministro Arturo Zaldívar (2019-2023), aliado de Andrés Manuel López Obrador en el poder judicial, terminó en enero, con llegada de la ministra Norma Piña al frente del Supremo. El arranque de la presidencia de Piña se ha caracterizado por una marcada distancia respecto del Ejecutivo, aplaudida por la oposición y que contrasta con la actitud colaborativa que asumió Zaldívar. El presidente López Obrador ha acusado a Piña de estar en contra de su Gobierno y de mantener un orden de cosas en el Poder Judicial que favorece a criminales y potentados.

La ministra Piña (62 años), que ha recorrido una sólida carrera judicial, no era la favorita de López Obrador para presidir el Supremo. Su candidata era Yasmín Esquivel, una ministra que ha votado asuntos que favorecen los intereses del oficialismo. Pero las revelaciones de que la jueza plagió sus trabajos de titulación de licenciatura y de doctorado descarrilaron sus aspiraciones y han abierto fuertes interrogantes sobre su idoneidad para ser ministra. López Obrador la ha defendido, convencido de que es víctima de una campaña de desprestigio de la derecha, y ella, a su vez, ha decidido negar las evidencias del plagio y aferrarse a su asiento. Su afán de permanecer a toda costa ya ha cobrado factura al prestigio del máximo tribunal, que sigue sesionando para resolver asuntos sobre legalidad, justicia y Derecho con un gigantesco elefante en la sala.

Hasta el pasado viernes, la Corte había recibido 667 denuncias contra Esquivel por no gozar de la buena reputación que exige la Constitución para desempeñar el cargo de ministro, según ha confirmado una fuente del máximo tribunal a EL PAÍS. El Supremo se encuentra evaluando qué cauce dará a las denuncias para determinar si es posible iniciar un procedimiento de responsabilidades contra la ministra.

Hay un tercer ingrediente que abona a elevar la tensión entre la Corte y el Ejecutivo. Los ministros deberán analizar en próximas semanas las reformas del llamado “plan B” electoral del Gobierno para determinar si son coherentes con la Constitución o si representan una violación a la norma. El “plan B” es un paquete de modificaciones a diversas leyes secundarias que reducen la estructura institucional y las facultades de vigilancia del INE, el órgano autónomo encargado de organizar las elecciones. Si el máximo tribunal echa atrás las nuevas leyes, que han sido impulsadas por el propio López Obrador, es previsible que se desate una nueva andanada de ataques del oficialismo contra la Corte y los ministros, a decir de los analistas jurídicos. De acuerdo con la fuente del alto tribunal, dos ministros tendrán a su cargo elaborar los proyectos que votará el pleno: Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez, ambos jueces ortodoxos que no están particularmente enfrentados con el Gobierno.

Ecos del calderonismo

No es la primera vez que un presidente del Supremo se enfrenta al Ejecutivo. El ministro Juan Silva Meza (2011-2015) atajó constantes descalificaciones al poder Judicial provenientes del entonces presidente Felipe Calderón, que acusaba a los juzgadores de obstaculizar su lucha contra el narcotráfico, en medio de una enorme crisis de violencia e inseguridad. Luego vinieron acusaciones de que los jueces favorecían la impunidad de los criminales, especialmente cuando la Corte ordenó la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez, que había sido inculpada en el delito de secuestro mediante un expediente fabricado por la Policía de Genaro García Luna. En marzo de 2012, poco antes de que el Supremo votara la sentencia sobre Cassez, el ministro Silva Meza pronunció frente a Calderón un discurso en el que criticó las presiones a la autonomía judicial. “No al abuso del poder, que es el paso previo al autoritarismo y a la impunidad. Y no a la creencia de que la ley se puede cumplir a capricho. Nada justifica incumplir la Constitución y los derechos humanos”, dijo entonces.

El ministro Arturo Zaldívar revelaría años después que fue objeto de presiones directas de Calderón por el caso del incendio de la guardería ABC, una tragedia en la que se presumían responsabilidades de la familia de Margarita Zavala, esposa del exmandatario. Zaldívar se volvería a la postre presidente del máximo tribunal e inauguraría un periodo de calma en la relación del poder Judicial con el Ejecutivo. López Obrador no ha evitado demostrar que extraña el vínculo de colaboración que trabó con él. El pasado 1 de marzo, luego de que un juez federal canceló una orden de aprehensión por evasión fiscal contra Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador del PAN, López Obrador cargó contra la ministra Norma Piña y recordó a su antiguo aliado. “Apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, dijo el mandatario. “Antes, cuando estaba Arturo Zaldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces”.

A un año y medio de que concluya su Gobierno, los intereses de López Obrador no son los mismos que al arranque de su gestión en diciembre de 2018. Al principio tenía de aliado al tiempo, a la confianza popular que lo hizo el presidente más votado de la historia y a una aplanadora en el Legislativo que facilitaba la aprobación de sus reformas constitucionales. Ahora avanza a contrarreloj, apresurado por —como él mismo ha dicho— dejar sentadas las bases de su Cuarta Transformación.

Hay una muestra reciente de ello. Esta semana se filtró que la magistrada Janine Otálora, integrante del Tribunal Electoral federal, preparó un proyecto en el que propone restituir en su cargo de secretario ejecutivo del INE a Edmundo Jacobo, que fue cesado con la entrada en vigor del “plan B”. En respuesta, la Consejería Jurídica presidencial acusó a la magistrada de parcial y de transgredir sus facultades y exigió al tribunal que la excluya de participar en la votación del asunto. Si bien la Suprema Corte será la última instancia encargada de analizar los recursos sobre la inconstitucionalidad del “plan B”, el Ejecutivo ya ha dejado ver cuál será su actitud respecto de los jueces federales que en el transcurso intenten echar atrás la reforma.

Para Guadalupe Salmorán, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, se trata de actos intimidatorios desde el Ejecutivo. “Cuando ese tipo de acusaciones vienen desde el poder, no tienen otro objetivo que amedrentar a otros poderes, infundir miedo, atemorizar sobre el sentido que vayan a tomar sus decisiones”, sostiene la abogada. “Estas acusaciones y descalificaciones sistemáticas, tanto a la persona de la ministra presidenta como al Poder Judicial en general, atentan contra uno de los principios básicos de toda democracia constitucional, que es la independencia judicial, según la cual los jueces deben resolver sus asuntos con imparcialidad, basándose en los hechos y en el Derecho, pero también sin influencias, sin amenazas externas y sin presiones provenientes de otros poderes públicos, lo cual me parece muy grave”.

La “prueba de fuego” de la Corte

Dado que el paquete de reformas del “plan B” se dividió en dos partes que fueron promulgadas por separado, las impugnaciones que han llegado a la Corte —tanto las controversias constitucionales como las acciones de inconstitucionalidad— han recaído, mediante un mecanismo de sorteo, en dos ministros diferentes: Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez. La primera parte de los recursos, relacionada con las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fue turnada a la ponencia de Pérez Dayán. La segunda parte —que impugna los cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral— fue turnada a Laynez.

Es previsible que, por ser asuntos conexos, ambos se voten en una misma sesión, de acuerdo con la fuente del Supremo consultada por este medio. Una vez que transcurran los 30 días naturales previstos para que la Corte reciba las impugnaciones a la segunda parte del “plan B” (el periodo para impugnar la primera ya concluyó), los ministros Pérez Dayán y Laynez elaborarán sus proyectos, que podrían ser discutidos por el pleno en mayo o junio. Si la Corte declara que las reformas son inconstitucionales y que se debe volver al estado de cosas anterior —para ello se requiere del voto de al menos ocho de los 11 ministros—, difícilmente la mayoría oficialista en el Congreso podría volver a intentar un nuevo paquete de modificaciones legislativas antes de que arranque el proceso electoral para 2024, donde estarán en disputa la Presidencia de la República y las dos Cámaras del Congreso. La Constitución establece que no se pueden reformar las leyes electorales 90 días antes del inicio de una elección federal, esto es, la primera semana de septiembre.

El abogado Javier Martín Reyes, también integrante del IIJ de la UNAM, sostiene que, en vista de todo lo que se juega el oficialismo con el “plan B”, el Supremo tiene ante sí la “prueba de fuego” para hacer valer su independencia. “Tenemos un escenario político donde la Corte va a jugar como nunca un papel de contrapeso. El ‘plan B’ es la primera de una serie de reformas que van a venir en el cierre del sexenio, donde el cálculo político del presidente ya es otro”, explica. “Esta es una Corte a la que se le ha cuestionado mucho su independencia y su legitimidad. Yo sí creo que ha tomado decisiones donde, francamente, ha claudicado, pero ahora tiene una oportunidad de demostrar que entiende su papel. Es su prueba de fuego, si logra mostrar independencia e invalida total o parcialmente la reforma”.

El especialista en Derecho sostiene que, para el oficialismo, intentar cambiar la Constitución a través de reformas a leyes secundarias con su mayoría simple en el Congreso se ha vuelto la única ruta posible, frente a una oposición cada vez más unificada e indispuesta a ceder. Por ello, explica, el Supremo debe ejercer su función de contrapeso. “Eso también blinda a la Corte de futuras leyes que la podrían afectar a ella misma o al poder Judicial en su conjunto. Todas estas amenazas ya bastante explícitas, donde el presidente dice que se necesita una nueva reforma judicial, se pueden interpretar como un mensaje de: ‘Si no resuelven como yo quiero el plan B del INE, les puedo preparar un plan B para el poder Judicial’. Y de que tienen los votos para aprobar una reforma secundaria, por supuesto que los tienen”, afirma.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país