Malestar entre los familiares de desaparecidos por el nuevo censo: “¿A mí también me van a desaparecer?”

Dos camionetas blancas rodearon la casa de Florinda Suárez en el puerto de Veracruz la mañana del 5 de agosto. Tres hombres y tres mujeres bajaron de los vehículos y tocaron el timbre con insistencia. Era sábado. Florinda se asomó cautelosa por una ventana desde el segundo piso para averiguar qué ocurría. Vio que también estaban fotografiando la fachada de su vivienda. “¡A mí me asustó muchísimo!”, cuenta la madre de Daniel Suárez, un joven desaparecido el 12 de diciembre de 2014. Bajó las escaleras y abrió con desconfianza una de las puertas. Reconoció en sus chalecos el logotipo de Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz).

“Estamos buscando a Daniel”, le soltó una mujer que llevaba la batuta del grupo. “¡No, no, a Daniel deberían de buscarlo en la calle porque aquí no está!”, respondió Florinda, muy molesta. La mujer de Sedesol no sabía el apellido de Daniel, no se había presentado, no tenía credencial. En la mano llevaba unas copias de un Excel y un plumón amarillo con nombres subrayados. “Me puse tan enojada”. Florinda se vuelve a indignar. “Les pregunté a quién le habían pedido permiso para tomar las fotos”.

Las visitas polémicas para un “nuevo censo” de desaparecidos, como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el 9 de junio, incluyen un elemento controversial en su metodología: la toma de fotografías georreferenciadas de las casas de las familias de desaparecidos, imágenes que no se sabe con quién han sido compartidas o quién las almacena. Fuentes consultadas por EL PAÍS de diversas entidades, en condición de anonimato por temor a represalias, compartieron el formato del procedimiento.

“Tomar fotos de fachadas sin permiso violaría el derecho a la privacidad”, dice Diego García-Ricci, especialista en protección de datos personales. La Ley de Desaparición Forzada y la Ley General de Víctimas sí permiten el intercambio y cruzamiento de información entre dependencias estatales, federales, comisiones y fiscalías, solo fines de búsqueda, es una excepción. Sí es legal compartir registros de vacunas, escuelas, salud, inscripción a programas sociales y otras. “Pero no se pueden tomar fotografías”, expone Juan Pedro Barrón, otro especialista en la materia. Para hacerlo, las autoridades tendrían que explicarle a las personas cómo se usará la información y obtener una firma de consentimiento. Barrón cita la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Las fotografías georeferenciada se usan para documentar las visitas y se guardan en un expediente, informaron funcionarios locales involucrados en el censo, con miedo a decir sus nombres o ser identificados por sus estados. “Todos usamos el mismo formato”, confirmó otro funcionario federal que estuvo en las reuniones con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Bienestar, encargada de coordinar el nuevo censo. La oficina del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, fue contactada por este diario y declinó hacer comentarios sobre el censo.

“Me puse tan furiosa. Me asusté muchísimo. Sobre todo por toda la cuestión de la inseguridad que estamos viviendo y de las fotografías a mi domicilio. Haz de cuenta que te sientes como si estuvieras escondiendo al desaparecido”, dice Florinda y se ríe con sarcasmo. “Es que pasa eso, llegas a pensar: ¿a mí también me van a desaparecer?”.

El formato incluye el nombre completo de la persona buscada, CURP, fecha de desaparición, nombre de la persona “reportante”, un área de llenado para describir las acciones en terreno y un espacio para narrativa de los hechos.

En México existe un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) desde el 2019, bajo el resguardo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Las fiscalías o procuradurías suministran la mayor parte de los datos (seis de cada 10, 64,10%). Y menos de la tercera parte son reportes subidos por las comisiones locales de búsqueda y la nacional. Cuando López Obrador anunció el censo, dijo que el registro estaba desactualizado y creía que eran menos desaparecidos. Desconfía de un sistema alimentado en gran parte por los gobiernos de su partido, porque 22 de los 32 estados son de Morena.

Que la metodología no haya sido revelada y no se haya trabajado con las familias para este ejercicio, abre todavía más preguntas. Por ejemplo, cuál va a ser el uso de datos sensibles que pasan de mano en mano entre fiscales, comandantes, un número desconocido de servidores de la nación movilizados por Bienestar. Cómo están controlando que los datos no paren en manos de grupos armados o se utilicen con fines ilícitos.

“Esa es la gran preocupación, no sabemos cómo lo están haciendo y quién tiene control de eso, ¿cómo lo van a reportar?”, dice Jorge Verástegui, un abogado que busca desde el 24 de enero de 2009 a su hermano Antonio y su sobrino Toñito, víctimas de desaparición forzada en un retén de Parras, Coahuila. “Es más, ¿cómo lo están documentando? Nada de eso sabemos”. Verástegui ha abanderado una batalla para que el registro de la CNB sea abierto y se pueda auditar.

Una tarde en mayo pasado, un comandante de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas de Nayarit visitó una casa a las afueras de Tepic. Le preguntó a una madre si seguía sin saber de su hijo y si podía entrar para hacerle una entrevista. La mujer estaba desconcertada. Esa misma fiscalía le había entregado tiempo atrás el cadáver exhumado de una fosa clandestina. La historia se repitió con otros comandantes, en diferentes fechas. Ninguna los dejó pasar. Solo darán información si son citadas en las oficinas de la comisión de búsqueda, la comisión de atención a víctimas o en las fiscalías.

Que un policía llegue a tocar por sorpresa, dicen los especialistas, no es ilegal si es con fines de búsqueda, pero en ciudades nayaritas no es poca cosa. Junto con Morelos y Veracruz, es un estado vigilado de cerca por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la cantidad de desapariciones forzadas.

Es tanta la desconfianza de una de las integrantes del colectivo Solecito, en Veracruz, que piensa que quienes llegaron a su casa presentándose como de Sedesol, fueron enviados por los agentes que se llevaron a su hermano en 2011. Un inspector de la policía municipal y un comandante estuvieron detenidos hasta que un juez los liberó. “Oiga, ¿ya se reportó con ustedes, ya supieron algo? ¿Sigue la averiguación, quién la lleva?”, la bombardearon con las preguntas del censo: “¿Y ustedes qué?, les dije yo. O sea, no es la forma correcta de llegar a una vivienda”, narra la mujer en condición de anonimato. “Yo sentí que me dio un escalofrío, algo me corrió por el cuerpo, o sea, te tocan el corazón. Mi mamá se puso llora y llora, mi hermana se puso mal”.

Otras veces, además del miedo y la falta de ética, las visitas inesperadas han sumado frustración y angustia.

Hace unas semanas, integrantes del colectivo Buscadoras de Guanajuato salieron a una búsqueda. En una cárcel, algunos prisioneros reconocieron la foto de un joven desaparecido, lo habían visto con vida, le dijeron a su mamá. Días después, apareció en su casa un grupo de personas asegurando que eran de la Comisión Nacional de Búsqueda, sin identificación y en vehículos sin rótulos. Al verlos, la madre esto es lo único que pensó: “Ya encontraron a mi hijo”.

“El censo es bueno, pero con gente preparada”, dice Rosalía Castro, de Solecito en Veracruz, “el señor presidente no dijo que iba a ir esa gente”. Castro ha recibido decenas de llamadas y más de 500 mensajes con quejas, todo se lo reenvío a la ahora excomisionada Karla Quintana.

Quintana firmó su renuncia el 23 de agosto y la difundió en redes sociales. Al día siguiente, López Obrador afirmó que la exfuncionaria, en el cargo desde 2019, había cerrado un ciclo y estaba en desacuerdo con la estrategia con la que se estaba llevando el censo.

En un escenario inquietante con más de 111.212 personas desaparecidas y no localizadas al 1 de septiembre, la iniciativa ha generado suspicacia sobre la verdadera intención de López Obrador. Anunció el censo doce semanas antes del arranque del proceso para la sucesión presidencial, que inicia el 7 de septiembre. El presidente presume que ha logrado bajar los homicidios, los secuestros, las extorsiones, pero el número de personas desaparecidas sigue en aumento. Durante su gobierno, han desaparecido en promedio 25 personas por día.

“¿Creen que este sondeo, ya no le vamos a llamar censo, este sondeo va a contribuir a que las familias tengan un poco de paz?”, dice una líder en nombre de su colectivo Buscadoras de Guanajuato. No puede ser identificada por seguridad, en su estado han sido asesinadas seis personas mientras buscaban a sus familiares. “Es sumamente indignante que los recursos y el tiempo se estén dedicando a rasurar un registro que podrá tener muchas deficiencias, pero puede ser mejorado, actualizado y tener un número real, porque hay muchas personas que no denuncian”.

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