Reforma fiscal: el gran elefante en la habitación morenista

Una veintena de modificaciones constitucionales se plantearán en el Congreso es este final de sexenio y la pregunta sigue siendo la misma: ¿y la reforma fiscal, para cuándo? El cobro progresivo de impuestos en México, con especial hincapié en las grandes fortunas, es el elefante en la habitación de un gobierno de izquierdas como el de Andrés Manuel López Obrador y quizá la más complicada herencia que deja a la próxima administración, si bien contará con las excelentes cifras macroeconómicas para entablar cómodas negociaciones con el empresariado. Este periodo que cierra el 2 de junio con nuevas elecciones se ha caracterizado por un esfuerzo recaudatorio que ha llenado las arcas para afrontar el pago de ciertos servicios y ayudas sociales, pero el granero se vacía si no hay trigo nuevo y se van a necesitar muchos ingresos para echar a andar políticas tan ambiciosas como las que se proponen en materia de pensiones, salarios mínimos o una sanidad universal y gratuita.

Las peculiaridades de México le distinguen del espacio latinoamericano. El país, rico en petróleo, desvió la mirada durante años del cobro de impuestos, mientras manaba el yacimiento de Cantarell, en las aguas saladas de Campeche, que se comparaba con los mejores pozos saudíes. A uno de aquellos géiseres negros lo llamaron Chac, el dios maya de la lluvia. El maná de combustibles fósiles no es hoy lo que fue en los setenta y los ochenta, sin embargo, persiste el rezago tributario que impuso aquella riqueza. México recauda alrededor de un 17% de su economía frente al promedio del 23% de América Latina o al 32% de Brasil. Los analistas calculan que las reformas económicas planteadas ahora por el presidente suponen un 4% del Producto Interno Bruto (PIB). Habrá que llamar a las puertas de los contribuyentes y aporrear con fuerza la de los grandes capitales para sostener el gasto previsto.

Claudia Sheinbaum, sucesora de López Obrador, de quien la mayoría da por hecho que será la nueva presidenta, “se verá forzada a hacer una reforma fiscal”, augura la analista política Blanca Heredia, junto con Hernán Gómez Bruera, autora de 4T: claves para descifrar el rompecabezas, un ensayo sobre la política económica de este sexenio. Heredia considera que “la estabilidad macroeconómica en México propicia un campo de maniobra para llegar a acuerdos con el gran empresariado”, al que hasta ahora no se le ha incomodado de forma notable. El de López Obrador no ha sido, como vaticinaban los críticos, un gobierno bolivariano, ni venezolano, ni mucho menos comunista. Se diría que el presidente ha optado por caminar en llano, sin aspavientos, incluso ciñéndose a la ortodoxia del mercado, por ejemplo, atando en corto a la deuda o el déficit. Todo esto, mientras preparaba su sucesión para que el nuevo sexenio complete las bases fiscales en el país.

En este periodo morenista se ha impedido condonar la deuda a las grandes fortunas, una práctica que se repetía sexenio con sexenio, y que al presidente se le hace suficiente para disponer de recursos: “Lo único que tiene que hacer el próximo gobierno —y por eso hay que pensar muy bien por quién votar—es no seguir condonando los impuestos a los de arriba”, dijo el miércoles pasado. No han sido sus únicas políticas, “se han hecho pequeños ajustes que han aumentado la eficiencia en el cobro de impuestos y limitado la posibilidad de eludir su pago”, sostiene Heredia. “Si no pagas impuestos puedes acabar en la cárcel antes de juicio y se han establecido penas para los contadores que incurrieran en falta; se han dado también incentivos a los contribuyentes, quien quieran cobrar honorarios de cualquier cosa deberá estar al corriente del pago de impuestos”, añade. Son ajustes de tuerca que han permitido financiar el gasto social y los grandes proyectos de infraestructura, por ahora.

Esas grandes obras, sin embargo, rebasaron el presupuesto inicial con mucho, lo que obliga a implementar otras fuentes de financiación. “López Obrador prometió que no tocaría los impuestos, pero hacer una reforma fiscal no es una opción, todos los gobiernos la han hecho y así debe seguir siendo, es necesario”, opina Mariana Campos, directora general de México Evalúa, un centro de pensamiento en políticas públicas. “La producción de petróleo viene cayendo desde 2005 y los precios no son los mismos desde la pandemia, además de que el peso está fuerte, por tanto, entra menos dinero”, afirma. A su parecer, los fideicomisos y las utilidades de empresas que todavía no son rentables, como platea el presidente, no alcanzarán para sostener las reformas planteadas. “No son ingresos corrientes, [se acabarán] y luego qué?”, dice Campos.

El modelo recaudatorio ha sido eficaz, conviene la directora de México Evalúa, “pero no suficiente para compensar la caída de los ingresos petroleros”. Además, afirma que se ha ido perdiendo la responsabilidad hacendaria que la ley impone a los gobiernos para dotar de seguridad económica las medidas que se implementen. “No se ha querido enfrentar el costo político de buscar más recursos”, asegura.

En efecto, en este sexenio, apenas se ha sentido algún berrinche de empresarios como Ricardo Salinas Pliego, molesto con tener que pagar impuestos que antes se le perdonaban o no contar con la condonación. Pero queda mucho por hacer, y “lo más problemático tiene que ver con el impuesto sobre la renta, las grandes empresas tienen los mismos beneficios fiscales que las pequeñas, sin progresividad”, refiere Iván Benumea, coordinador del programa de Justicia Fiscal del centro de análisis e investigación Fundar. “Debería crearse un impuesto para las herencias, al menos las superiores a los ocho millones de pesos, y otros impuestos a la riqueza, no sobre los ingresos”, añade también. Benumea concede que se ha ganado en transparencia, y ahora se sabe quiénes deben al fisco.

La Constitución proclama que los impuestos sirven para que el Estado disponga de dinero, explica el abogado, “pero en el texto debería quedar recogido también que son necesarios para disminuir la concentración de riqueza, como se propuso en Chile”. La letra así redactada propiciaría el establecimiento de nuevas leyes recaudatorias y la disminución de monopolios, afirma.

Tres fuentes de financiación observa la analista Heredia para mejorar los ingresos estatales. Desde luego, impuestos progresivos para las grandes fortunas. Pero donde más margen de recursos ve es en un impuesto predial, algo en lo que no tiene capacidad ejecutiva el gobierno federal y para lo que habría que actualizar el catastro, pero que se podría implementar con incentivos y acuerdos con los gobiernos estatales y municipales. “Hay casos de éxito, como en la Ciudad de México y en el municipio de San Pedro Garza García”, el más rico del país. Y la economía informal, donde se mueve a oscuras la mitad del empleo en México. El IVA. “Formalizar eso es más complejo aún”, afirma Heredia, por lo que su impresión es que el próximo gobierno se verá obligado a afrontar una reforma fiscal.

López Obrador ha planteado sus reformas constitucionales, pero no cuenta con mayoría suficiente en el Congreso para aprobarlas. La oposición, en plena campaña electoral, probablemente se vea obligada a ceder en algunas para no comprometer su bolsa de votos, como ya ha anunciado. Claudia Sheinbaum ha abrazado con gusto todo lo propuesto por su mentor. Si llega al gobierno, la opción lógica es que plantee una reforma fiscal en el inicio de su mandato, prevé Heredia. “Pero necesitará tiempo para hacerse con poder y con su propio capital político, que ahora le viene en parte de López Obrador”, opina la analista.

Negociar con los poderes económicos nunca fue fácil, pueden poner un país en jaque. Y más si el gobernante quiere salir airoso en el examen de revocación de mandato a mediados del sexenio. Visto así, puede que el elefante blanco de la reforma fiscal siga por mucho tiempo en la habitación morenista.

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