La manera más efectiva de combatir la usurpación indígena. Pënety

Las anécdotas abundan. Una persona del pueblo mixe que emigró a la ciudad para estudiar en una escuela técnica de corte y confección mientras hacía trabajo del hogar negaba que era de un pueblo indígena cada vez que sus compañeras se lo preguntaban; ya había aprendido en su vida laboral y en muchos otros espacios de la ciudad que ser indígena, o “india” como la insultaban con frecuencia, era algo indeseable. Su empleadora le había prohibido hablar en lengua mixe cuando hacía llamadas telefónicas a sus familiares pues le ponía nerviosa no comprender el idioma y temía que “estuviera hablando mal de ella”. Así que cuando se supo descubierta en la escuela, siguió negando que era indígena y entre risas nos contó que incluso alegó que ella era de la ciudad de Oaxaca, sólo que venía de la inexistente “colonia mixe”. Como éste, existen muchos casos; para intentar evitar los terribles efectos del racismo, la población indígena se ha visto orillada a ocultar o incluso negar su pertenencia a alguna de las decenas de naciones originarias de este país.

¿Por qué, en contraste, en el contexto del proceso electoral actual la oposición insiste en defender que Xóchitl Gálvez es indígena mientras la izquierda insiste en que no lo es? Detrás del jaloneo por quitar o mantenerle la etiqueta de “indígena” late el mito racista del “buen salvaje” que dicta que ser indígena reviste a una persona automáticamente de un áurea de legitimidad y que le otorga directamente características que le generarían simpatías ante el electorado.

En realidad, no es la primera vez que sucede un debate sobre si un político es indígena o no lo es. En 2021, varios medios reportaron que Manuela del Carmen Obrador Narváez (prima hermana del actual presidente de la república según reportaron) se había convertido en candidata de Morena para representar como diputada federal al Distrito Electoral 01, con cabecera en Palenque, Chiapas. El problema es que, según las reglas de acción afirmativa del Instituto Nacional Electoral, este distrito estaba reservado para una candidatura de auto-adscripción calificada indígena. Crescencia Díaz Vázquez, una mujer ch’ol del estado de Chiapas, impugnó el proceso alegando que Manuela del Carmen no pertenecía a ningún pueblo originario. El caso llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinó que la prima del presidente sí cumplía con la mencionada auto-adscripción pues había acreditado su vínculo con una comunidad indígena.

Otro sonado caso fue el del diputado panista Oscar Daniel Martínez Terrazas quien, siendo oriundo de Chihuahua, quiso representar al Distrito 4 de Guerrero como diputado plurinominal, al igual que en el caso anterior este distrito estaba reservado para personas de pueblos indígenas. Para lograr su objetivo, presentó un documento que lo acreditaba como parte de la comunidad nahua de San Juan Tetelcingo, municipio de Tepecuacuilco; la asamblea de este pueblo negó haberle extendido este documento, lo desconocieron como parte de su comunidad e hicieron una denuncia pública. Lo más impresionante es que, ante la prensa, Oscar Daniel se defendió diciendo que padecía discriminación porque un indígena “no tiene que medir un metro ni tener cierto color de piel”; cuando se le preguntó de qué comunidad era la constancia que había entregado dijo que era de “una comunidad náhuatl, tú sabes que tienen diferentes nombres” sin poder siquiera enunciar el nombre de la comunidad a la que decía pertenecer como indígena. En este caso, el TEPJF le retiró la diputación.

El Estado mexicano ha utilizado distintos criterios para saber si alguien es indígena o no, estos criterios, discriminatorios o abiertamente racistas, conforman lo que hemos llamado el indigenómetro, repasamos algunos en esta columna anterior. Una respuesta al indigenómetro fue la lucha del movimiento indígena porque fuera el criterio de auto-adscripción el legal para determinarlo, después de una lucha histórica ha sido un logro importante ratificado por diversos tribunales. Este criterio ha sido un logro porque nulifica el racismo implícito en el indigenómetro y por eso es fundamental y tan importante para el movimiento indígena; la auto-adscripción sin embargo, despierta varias preocupaciones. Seamos precisos, el conjunto de situaciones en los que las personas pelean por ser reconocidos legalmente como indígenas es pequeño, sucede en caso de acciones afirmativas o cuando de esa adscripción pueden ganar algo. En la vida cotidiana, por contraste, lo que ha sido frecuente en la historia es que quienes pertenecen a pueblos originarios se sientan obligados por el racismo a rechazar que son indígenas. Es ante recientes cuotas que se establecen para ciertos puestos o becas específicas (muy pocas en realidad) que surge la preocupación de que alguien que no sea de un pueblo indígena usurpe esa adscripción. Por esta razón, el Estado Mexicano pide que sea una auto-adscripción calificada pero esto evidencia también otros problemas ¿qué sucede con personas de pueblos indígenas que no pueden ser reconocidos por una comunidad indígena porque llevan mucho tiempo fuera de sus territorios por efectos de la migración? ¿qué sucede con pueblos indígenas cuya organización no es comunitaria? ¿qué sucede cuando por efectos del colonialismo los sistemas de representación política colectiva han sido desarticulados? ¿quien puede calificar la auto-adscripción? ¿los académicos a quienes se les pide un “peritaje antropológico”?.

Cada vez que el Estado Mexicano intenta determinar qué personas son indígenas o cuáles no se mete en camisa de once varas. La adscripción de los individuos pasa también por el reconocimiento colectivo, el pueblo de Mezcala en Jalisco ha llevado una larga lucha para que el Estado le reconozca como comunidad indígena coca, un pueblo cuya lengua se extinguió hace mas de un siglo por la presión estructural contra las lenguas indígenas, muchos han tratado de usar este hecho para negarles el reconocimiento que buscan. ¿Qué sucede con las personas de esta comunidad mientras ésta no sea reconocida como indígena? ¿Comenzarán a ser indígenas cuando Mezcala sea reconocida como tal? La auto-adscripción colectiva se hace generalmente ante necesidades estratégicas de defensa del territorio, considerando el marco legal que apenas en el Siglo XXI comenzó a reconocer el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, muchas comunidades originarias se auto-adscriben como indígenas justo cuando, ante una amenaza externa, necesitan defender sus bienes naturales. “¡Qué nos iba a interesar antes decirle al gobierno que éramos indígenas!, siempre hemos vivido como zapotecas y así nos conocen, tuvimos que decirle a los jueces que éramos indígenas porque sólo así podíamos exigirles que nos consultaran en lugar de andar concesionando ellos nuestros cerros a las compañías mineras”, éstas fueron las reflexiones de una ex-autoridad comunitaria que me compartió la historia de su proceso de defensa territorial. Podemos decir que somos mixes, ikoots o zapotecos para nosotros mismos y para los otros pueblos con quienes convivimos pero ante el Estado es que somos indígenas.

Regresando al punto de la auto-adscripción individual, ¿cuál sería entonces la manera más efectiva de evitar la usurpación indígena? El reconocimiento de la autonomía y la libre determinación de los pueblos es la respuesta. Si los pueblos y comunidades indígenas pudieran determinar quiénes serían sus representantes en el poder legislativo de manera directa sin pasar por los partidos políticos y sus cuotas, ningún tribunal electoral tendría que estar determinando si un candidato es indígena o no. Si los programas de becas para estudiantes indígenas fueran manejados por organismos propios de cada pueblo o comunidad originaria, ni el Estado ni las instituciones tendrían que determinar quién es indígena y quién no. La UNAM, por ejemplo, podría hacer convenios con cada pueblo o comunidad indígena para ofrecer las becas y cada pueblo determinaría la manera más adecuada de asignarlas a quienes considera que forman parte de esta colectividad política autónoma. Si se respetara y desarrollara el pluralismo jurídico, cada pueblo indígena podría hacer justicia en su propia lengua considerando su contexto y tradición cultural sin necesidad de peritajes antropológicos. Denle autonomía efectiva a los pueblos y nadie más que los propios pueblos indígenas tendrá que decidir quién es indígena y quién no. El fortalecimiento de nuestras autonomías es la mejor cura contra la usurpación. Sin embargo, no es tampoco un camino fácil considerando que el propio Estado ha minado y desmembrado por décadas los organismos de representación política de los pueblos indígenas, fortalecer las autonomías pasará, en muchos de los casos, por restituirlas.

La Reforma Indígena, olvidada por el poder ejecutivo a pesar de que Morena prometió que esta vez sí se iban a hacer realidad los Acuerdos de San Andrés, va en el sentido de fortalecer justamente la autonomía de los pueblos indígenas y su derecho a la libre determinación. Lamentablemente nada indica que esa reforma se hará realidad en este sexenio.