La amnistía necesita al PP

Las coordenadas políticas se han modificado en España y hoy no estamos en la misma situación que la noche del 23 de julio. La causa primera del cambio es la discusión sobre la elaboración de una ley orgánica en el Congreso para amnistiar a los políticos y activistas independentistas procesados por los hechos que culminaron en 2019 con disturbios tras la sentencia del Tribunal Supremo.

Antes del avance electoral, el bloque conservador había fijado la pregunta implícita de las elecciones. ¿Quiere derogar el sanchismo? Pero la convocatoria de las anticipadas hizo coincidir el proceso electoral con el periodo de la negociación de los acuerdos del Partido Popular con Vox. Esta coincidencia influyó en los resultados porque la mayoría de la ciudadanía, al constatar la normalización de esos pactos, quiso responder a otra pregunta cuando depositó su voto. ¿Quiere o no que el Gobierno de la nación sea del PP con Vox o con el apoyo desde fuera de la formación neofranquista? Contra el dictado de encuestas y sondeos, la mayoría respondió que mejor no. Pero ahora, tras tanta controversia, la pregunta sería otra. Y va a condicionar no solo la posible investidura del segundo candidato propuesto por el Rey, sino, como mínimo, el tono y la actividad parlamentaria a lo largo de esta legislatura. Incluso en la hipótesis de una repetición electoral, que ni los más optimistas deberían descartar, allí seguirá estando la cuestión: la amnistía.

La discusión sobre esta nueva medida de gracia, ahora por parte del legislativo, tiene y tendrá un alcance jurídico y político. No tengo el conocimiento suficiente para dirimir si dicha ley, cuyo proyecto desconocemos, tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. He leído a juristas de prestigio defender que no o que sí y el martes los convocados por Sumar en Barcelona dictaminaron que bien podría ser que sí. Distinta es la dimensión política de la cuestión. En este punto sí puede afirmarse que el debate ha empezado mal: la aprobación de una ley de tanta trascendencia debería ser el fruto de un pacto de Estado consensuado para que fuese durador y no más confrontativo. Y por ahora está ocurriendo lo contrario.

El PSOE, que negó la amnistía más de tres veces, la ha planteado sin sentido institucional alguno, primariamente para obtener los votos que necesita su candidato para ser investido presidente. El independentismo catalán la explica como un rearmamento de su ofensiva fracasada y así se evita reflexionar sobre las causas de su retroceso social, electoral y generacional. El PP, que sigue sin reconocer la existencia de un problema institucional en la relación de Cataluña con el resto del país, la está usando para crispar a su electorado e imponer el relato que la calle es suya y España se rompe. Sería deseable algo más de responsabilidad. Y sería conveniente que los partidos favorables a la amnistía, porque obtendrán beneficios de su aprobación, asuman también como prioridad, poco a poco y con voluntad democrática, la necesidad de incorporar al PP a una deliberación que puede acabar con un período de inestabilidad dañina y abrir otro para enfrentar con realismo problemas pendientes que son fundamentales para mejorar el funcionamiento del modelo autonómico.

“Que no vivamos ya en 2017 no significa que hayamos dejado de vivir en la España alumbrada en 2017″, escribió en 2021 David Jiménez en un ensayo muy crítico con la quiebra del constitucionalismo provocada por la moción de censura que llevo a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en 2018. La cuestión que plantea la amnistía, que despierta legítima inquietud, es la posibilidad de salir de esa crisis degradando o fortaleciendo la España de 1978. Hacerlo al margen de las fuerzas nacionalistas es una entelequia. Hacerlo contra el PP será una equivocación colectiva. Que los populares se descuelguen de la discusión es una lástima, pero no integrarlos en el pacto que puede iniciar un nuevo ciclo es peor que un error polarizador. Es un riesgo que, a medio plazo, puede oxidar más nuestro Estado de derecho.